En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las activistas que integran la Coordinadora 25 de Noviembre exigen al Estado tomar medidas para garantizar a las guatemaltecas una vida libre del maltrato, pobreza y agresiones sexuales que enfrentan y a las que son especialmente vulnerables, por el solo hecho de ser mujeres.

Por Jasmin López

Desde enero hasta octubre del 2024, se registraron en Guatemala más de 60 mil denuncias por violencia contra las mujeres, de las que 7 mil 817 corresponden a violaciones y agresiones sexuales, 207 a femicidios y 795 a violencia económica, según datos del Ministerio Público. Hasta octubre de este año, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reportó más de 41 mil embarazos en niñas de 10 a 14 años, y alrededor de 432 mujeres fueron asesinadas de forma violenta. Estas cifras, denunció la Coordinadora 25 de Noviembre, demuestran que las mujeres no son una prioridad para el Estado guatemalteco.

En conferencia de prensa, organizaciones de mujeres mayas, trans, LGBTIQA+, trabajadoras y niñas anunciaron una serie de actividades que realizarán en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Vigilias y caravanas son algunas de estas manifestaciones con las que las mujeres se pronunciarán en defensa de sus derechos.

Denuncian persecusión a defensoras

Las organizaciones pidieron el cese de la persecución política que se está llevando a cabo en contra de mujeres activistas, fiscales, abogadas y defensoras de los territorios, como Virginia Laparra, Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich, Rosa Ichi Xi, Claudia González y Ligia Hernández, todas ellas señaladas en procesos irregulares que carecen de pruebas. 

En las áreas rurales las mujeres están siendo criminalizadas por defender las tierras de las que depende su subsistencia y la de sus familias. Eva Tecún León, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununij´a, refirió que en sola una aldea de Alta Verapaz han sido giradas más de 200 órdenes de captura contra mujeres. Las condiciones de pobreza, limitado acceso a la educación y al aprendizaje del español al que son más vulnerables por el hecho de ser indígenas, agudiza su situación.

Angelina Coy Choc, Olivia Mucu Ich y Rosa Ichi Xi, mujeres indígenas de El Estor, fueron condenadas a 75 años de prisión por supuestamente haber agredido a un miembro del Ejército, a pesar de que, a diferencia del militar, ellas no portaban armas de ningún tipo. Una de ellas, de hecho, recibió un balazo en la pierna y hasta ahora no se le ha prestado la asistencia médica que necesita. En las cárceles tampoco cuentan con traductores o personal que hable los mismos idiomas que ellas, por lo que están aisladas, son discriminadas, y no reciben atención psicológica. Además, sus familiares no tienen recursos para viajar a las prisiones donde se encuentran.  

Sandra Puac,de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG, indicó que “esta violencia política no sólo afecta a que ellas puedan ejercer en espacios de participación, sino que también les afecta en sus condiciones de vida”.

Tecún aseguró que la criminalización de las mujeres resulta en la desarticulación de las familias y, por consiguiente, de las comunidades. Con sus capturas, los hogares pierden a sus principales cuidadoras y, en muchos casos, al sostén principal. 

Las trabajadoras del hogar

La violencia económica es otra de las problemáticas que enfatizaron las integrantes de la Coordinadora. Marta Godínez, representante del Sector de Mujeres, hizo un llamado a dignificar el trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres desempeñan sin remuneración, así como el aporte de las vendedoras informales y las pequeñas productoras agrícolas. Aunque con estas actividades el 54% de las mujeres con empleo en Latinoamérica y el Caribe logran llevar comida a sus hogares, no tienen seguro social ni prestaciones de ley.

Mientras, las mujeres que participan de la economía formal ganan en promedio 646 quetzales menos que los hombres, tienen menos ofertas de empleo y oportunidades de ascender en los mismos.

Aprobación de leyes a favor de las mujeres

Entre las medidas que la Coordinadora instó al Gobierno a adoptar a favor de las mujeres -y población en general- están la aprobación de las siguientes leyes:

Iniciativa 4981 Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadores y los trabajadores domésticos.

Iniciativa 6157 Ley de Educación Integral en Sexualidad

Iniciativa 6396 Ley Integral del virus de Inmunodeficiencia Humana VIH

Iniciativa 5452 Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres

Iniciativa 4977 Creación del Ministerio de la Mujer