Para las mujeres que previamente han trabajado de cerca con el sistema de justicia en la lucha contra la corrupción e impunidad, las salas judiciales se han transformado en una suerte de hoguera moderna, destinada a hacerlas pagar y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de castigo ejemplar.

Con información de Andina Ayala

Claudia González, es una abogada guatemalteca, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que desde agosto de este año, se sumó a la lista de operadoras de justicia, periodistas, abogados y juezas criminalizadas y sometidas a procesos de judicialización irregulares, a la fecha ella guarda prisión preventiva. 

“Mi trabajo era Oficial Legal (En CICIG) era la encargada de llevar los casos a tribunales […] llegué al punto de no seguir mi vida normal y limitar mis salidas para no hablar de los casos con nadie. Para bien o para mal, nosotras íbamos a pagar el pato de aquí en adelante; los internacionales se iban y los nacionales íbamos a cargar con lo que quedara, y cuando dábamos pasos importantes de golpes a la corrupción, yo decía: esto es bueno, esto es importante pero cuando venga de regreso el contragolpe, también nos va a doler. Sabíamos cuál era el futuro que se nos avecinaba”, estas fueron declaraciones de Claudia el 2021, para el medio No Ficción.

Según la psicóloga clínica experta en atención a defensoras y defensores de derechos humanos, Tonibelle Che, el Estado no detuvo la producción de violencia después del conflicto armado, al contrario “penetró en las instituciones de paz civil”.    

Sumado a la reconfiguración del modelo económico de extractivo después de la firma de los acuerdos de paz, y la aceleración de políticas neoliberales que han implicado nuevos desplazamientos de poblaciones de sus territorios para el expolio y otras formas de neutralización de demandas sociales, “las y los trabajadores por la justicia social (personas que trabajan desde el derecho, psicología,, trabajo social, en defensa del territorio y Derechos Humanos, activismo, arte social, educación popular, etc), trabajan con urgencia, sin tomarse el tiempo para reflexionar sobre cómo esto les impacta”, explicó Tonibelle. 

En los últimos cuatro años, las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia, ha marcado una tendencia estableciendo casos que sirven como “ejemplo” en contra de mujeres que trabajaron de cerca con la CICIG. Las nuevas figuras digitales como los netcenters juegan un rol aterrorizante intencional, ya que a través de sus cuentas (generalmente falsas)  adelantan una inminente persecución judicial y ventilan con impunidad información que les es negada a las acusadas, es así como exhiben  un supuesto poder.

“Primero es el netcenter quien anuncia que habrá una persecución y posteriormente detienen a las personas, las llevan ante el juez, las meten en la carceleta o las envían a la prisión ´provisional´, esa que tanto ´critican´ algunos actores públicos procorrupción. Los casos los declaran bajo reserva para que los medios ni nadie más pueda enterarse de las ilegalidades e irregularidades en las investigaciones y están haciendo lo mismo con Claudia”, relató la abogada Flor de María Gálvez,  quien también fue mandataria de la CICIG durante 12 años desde el 2008 y ahora vive afuera de Guatemala.

De defensora a prisionera

González, por ejemplo, había estado al frente de la defensa de varios casos contra operadores como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. Incluso ha sido reconocida internacionalmente con el premio holandés Lawyers for Lawyers, “Abogados para abogados”, para profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.

Ahora a Claudia también la criminalizan y bajo el mismo delito que su defendida Virginia; el caso de Virginia Laparra, exfuncionaria del Ministerio Público, acusada del delito de abuso de autoridad, y de un segundo caso por la supuesta revelación de información de una investigación que llevaba el año 2017. Le impusieron prisión preventiva desde el año 2022, y la propia organización Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia, por considerar que las autoridades de Guatemala montaron un caso malicioso que ha distorsionado su derecho de defensa y su derecho a la salud.

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En el territorio Q’eqchi’, en el departamento de Izabal, el caso de María Cuc Choc, traductora y defensora del derecho a la tierra inició en el 2018. Fue acusada de delitos que ella asegura nunca cometió ya que solo cumplía con su rol de traducción, afrontó por más de tres años audiencias canceladas sin ningún motivo, fue ligada a proceso con arraigo, lo que le significó estar privada de libertad en su propia casa y la prohibición de su labor como traductora en los tribunales de justicia.

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La inclinación del actual sistema de justicia sería criminalizar, hostigar y retorcer sus propias reglas contra las mujeres que exigen derechos humanos o han trabajado en espacios de administración de justicia, que han defendido los principios de legalidad tomando distancia de la corrupción e impunidad, provocando graves consecuencias en su vida, que incluyen el trauma vicario.

Trauma Vicario 

El trauma vicario es un término que se utiliza para describir el impacto emocional y psicológico que experimentan las personas que están expuestas indirectamente a eventos de violencia. Tonibelle Che, quien además atiende desde la psicología clínica casos similares, narra las afectaciones que afrontan las personas alrededor de los casos de criminalización:

“El trabajo por la justicia social no sólo expone a las personas que lo realizan a estar frente a la experiencia del trauma vicario (que es el estrés traumático generado al escuchar las descripciones del trauma del cliente u otra persona, es decir cuando los psicoterapeutas y profesionales de apoyo se ven afectados por el trabajo que desarrollan con personas traumatizadas). Sino que también, las expone a sufrir traumatización primaria (en donde son directamente afectadas por un incidente), como en el caso de la violencia política (o criminalización) que ejerce un sistema de justicia cooptado por la necropolítica estatal”, agregó Tonibelle.

Los patrones de criminalización van desde la captura y la exposición de la defensora u operadora de justicia a nivel público, seguido de la incertidumbre: ¿Quién será la próxima? El caso de Claudia González es muy representativo, por ser el más reciente, pero también por ser ella la abogada de al menos diez operadoras de justicia, entre ellas Virginia Laparra. Ahora, según el sistema de justicia, ambas son señaladas  del delito de abuso de autoridad.

Ruda tuvo una entrevista con el equipo legal de la abogada González, donde se indicó que también atraviesan tristeza y frustración por lo que viven.

“Pasamos de trabajar algunos casos juntas y de pronto nos toca acompañar y ver toda la actuación del Ministerio Público. El secuestro de sus equipos, de sus dispositivos y su captura. Por una parte, está la impotencia, la tristeza de verla atravesar esto de cerca. Ver cómo con el pasar de los días con desesperación con frustración y obviamente, ¿Cómo no estarlo?, es imposible no sentirnos identificados, estar nosotros en su lugar…”

Otro de los elementos que hacen estos casos más sensibles para los equipos legales, familiares y demás personas que los acompañan, son el modo de operar del sistema judicial, ya que no se sigue lo estipulado en la ley y los tipos penales.“Se ve que son casos que se armaron sin mayor fundamento, pero que sin embargo han avanzado en tribunales o que rápidamente se autorice en órdenes de aprehensión y allanamientos”, aseguró el equipo legal de Claudia 

Otro ejemplo de retorcimiento de la ley es que el Ministerio Público, no cite a primera declaración a las personas, sobredimensionando la probabilidad de fuga, sino que pida las capturas; “vemos  esa mala intención, de querer verlas con las esposas puestas, que sea público que están siendo llevadas a la carceleta”. En el caso de Claudia González, fue una de las principales quejas, ya que ella visitaba todas las semanas el organismo judicial, debido a los litigios que dirigía.

Tonibelle Che ha registrado una serie de consecuencias que van desde lo psicológico a lo fisiológico para las personas que enfrentan estos procesos:

“Las personas que trabajan por la justicia social y enfrentan procesos de criminalización, se exponen a un alto grado de estrés crónico. Con mayor o menor conocimiento acerca del impacto del estrés en la salud, en un proceso de criminalización, la persona puede experimentar sensaciones de dolor, pesadez, neblina mental, fatiga extrema, dificultad para concentrarse, confusión, alteraciones del sueño, problemas gastrointestinales, presión alta, diabetes, problemas menstruales, ansiedad, ataques de pánico, dificultad para llorar o llanto excesivo, entre otros”.

Para la experta, la necropolítica estatal insertada en los aparatos de justicia, logra debilitar y desmantelar los esfuerzos por construir una vida digna y justa, pues “la criminalización es un proceso de traumatización política para la persona que la padece, sino que también atenta contra toda la colectividad pues produce una traumatización vicaria a todas y todos los que presenciamos esos actos de violencia política”, concluyó Tonibelle. 

La persecución judicial de Claudia, representa un trauma vicario para las y los abogados de su equipo legal, incluso para las abogadas y abogados que defiende, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG. 

Caso de Claudia González bajo reserva

Claudia González, quien fue detenida el 28 de agosto, durante un operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, fue señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado un caso contra la magistrada Blanca Stalling. 

Ocho días después tuvo su primera audiencia, el 5 de septiembre, El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Jimi Bremer, decretó el caso bajo reserva lo cual impide a la prensa y a otros interesados presenciar el proceso penal, con este mismo argumento impidieron la entrada del subsecretario de la embajada de Estados Unidos, Eric Jacobsteinal y de la comunidad internacional que llegó a tribunales

Las audiencias del 6 y 13 de septiembre han sido a puerta cerrada. Este martes 19 de septiembre continuará el proceso y aunque la información sobre su caso es restringida, el equipo legal tiene la esperanza de que el juez decrete falta de mérito, que sería el mejor escenario. 

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