María Cristina Ramírez Reyes defensora de derechos humanos e intérprete en comunidades Q’eqchi’ de Livingston, Izabal, regresó a casa después de pagar una caución económica de Q3 mil y quedó ligada a proceso.

La defensora de derechos humanos fue detenida el 20 de agosto por la Policía Nacional Civil (PNC), cuando tramitaba sus antecedentes policíacos en Puerto Barrios, acusada de los delitos de Atentado contra el Patrimonio Natural, Usurpación Agravada, Recolección, Utilización y Comercialización de Productos Forestales. Posteriormente se presentó ante el juez Jozue David Echeverría Dahan, del Juzgado B Pluripersonal del de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal.

Pasó cuatro días y cuatro noches en el Centro Penal de Puerto Barrios.

Mientras María Cristina esperaba en los pasillos del juzgado, su hermana Dalila Gloridalma Ramírez Reyes, detenida por encubrimiento propio, era escuchada por el juzgador y asistida por la abogada María Cristina Soto y al final le otorgó medida sustitutiva y fue ligada a proceso.

María Cristina Ramírez, de 50 años, ingresó a la sala de audiencias al medio día asistida por la abogada Catherin Villatoro. Ramírez es originaria de San Felipe, Retalhuleu, y lideresa comunitaria de la aldea Sumach, Livingston, quien ha apoyado como intérprete al Ministerio Público de ese municipio.

La audiencia se prolongó por dos horas. Los argumentos del Ministerio Público fueron debatidos por la defensa. Los defensores de Ramírez Reyes argumentaron que no había suficientes medios de prueba que evidenciaran que había cometido los delitos de los que era acusada.

Pese a los alegatos de la defensa, el juez Echeverría decidió ligar a proceso a Ramírez Reyes, fijándole una caución económica que fue cancelada para recibir la resolución e iniciar el trámite de liberación.

Ramírez Reyes abandonó el Centro Penal de Puerto Barrios alrededor de las 18:00 horas del lunes pasado. El próximo 27 de septiembre se realizará la audiencia de reconocimiento judicial de pruebas en la sede de ARCAS del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Santa Elena, Petén.

Por el mismo caso fueron detenidos Manuel Xo Choc y su esposa Juana Ach Pop, de 48 años; Adán Tux Te, de 38 años y Martín Ach Pop, de 47 años.

La auxiliatura departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos de Izabal, acompañó a las personas acusadas para verificar que se respetara el debido proceso y brindando acompañamiento para garantizar su seguridad e integridad. Organizaciones de Mujeres y de derechos humanos de Livingston y Puerto Barrios también acompañaron la audiencia.