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Impiden ingreso a periodistas a audiencia del caso Diario Militar y cuestionan su ideología

El 22 de junio, las fuerzas de seguridad del Hospital Centro Médico Militar en la zona 16, impidieron el ingreso de Rolanda García, periodista de Telesur, y Edwin Bercián, de Emisoras Unidas, a la audiencia de primera declaración de Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco, militares retirados señalados en el caso Diario Militar.

García, de 39 años y originaria de Ixcán, Quiché; indicó en una entrevista telefónica que aún hoy, 23 de junio, fue impedida de ingresar y tuvo que esperar una hora y media hasta que las autoridades del hospital la agregaron al listado de reporteros con autorización para asistir a la audiencia.

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“Ayer, al compañero Edwin Bercián incluso le preguntaron su ideología. Si era de izquierda o derecha. A mí no me lo preguntaron”, relató la periodista de Telesur, quien ha trabajado como reportera para la cadena televisiva durante 7 años.

La periodista también contó que el Juez Gálvez llamó la atención a los militares cuando realizaba la audiencia en una sala improvisada en una de las alas del hospital, por haber limitado el acceso a la prensa.

Al respecto fue consultado el director de Comunicación del Ejército, Rubén Téllez, quien indicó que pese a que el personal de seguridad es militar, el centro médico es el que toma las disposiciones para permitir o vedar el ingreso.

Aseguró que fue el juzgado el que envió un listado de personas que podrían ingresar a la audiencia, pues el hospital no permitiría el acceso a la prensa para evitar el contagio de Covid-19. También negó que el personal de seguridad haya preguntado por la ideología de los periodistas.

Sobre el caso

La audiencia realizada por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, en el Hospital Militar debido a que los señalados padecen quebrantos de salud. A Marco Antonio González Taracena, exministro de la Defensa, exayudante del Estado Mayor Presidencial y exjefe del Archivo General, se le señaló de haber dirigido un operativo para desaparecer a las personas que, en ese momento, eran consideradas enemigas del Estado.

El 9 de junio pasado, el juez ligó a proceso a seis militares retirados quienes fueron señalados de cometer desapariciones forzadas, delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa en contra de alrededor de 183 personas que figuraban en un registro denominado Diario Militar. Un documento filtrado y revelado al mundo en 1999, tres años después de la Firma de la Paz, en donde se detalló la manera en que las 183 víctimas fueron detenidas, secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas entre 1983 y 1985.

Los seis militares señalados son: José Daniel Monterroso Villagrán, Édgar Virgilio de León Cifuentes, Enrique Cifuentes de la Cruz, Jacobo Salán Sánchez, Rone René Lara y Édgar Corado Samayoa.

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