En conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), decretado en el 2004 por el Congreso de la República, organizaciones civiles encabezadas por lideresas, líderes comunitarios y sobrevivientes, realizaron hoy una marcha desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Plaza de las Niñas. Las y los manifestantes honraron la memoria de sus familias y continuaron su legado con la demanda de medidas de reparación y justicia. 

Por Jasmin López

Margarita Alvarado, Magdalena Matías y Marco Antonio Molina Theissen son solo algunas de las aproximadamente 200 mil personas asesinadas y 45 mil desaparecidas por las dictaduras militares que sembraron el terror en el país desde 1960 hasta 1996.

Este 25 de febrero, como cada año, sus nombres recorrieron las calles de la ciudad de Guatemala, escritas en cruces, retratos y carteles. 

Durante las actividades, las mujeres Achi’, mujeres Ixil y las abuelas de Sepur Zarco; la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Centinelas por la Dignificación del Estado, la Asociación Civil Verdad y Vida, y otras organizaciones que integran la Plataforma Nacional de Víctimas del CAI, denunciaron la indiferencia del Gobierno de Bernardo Arévalo -quien recibió un multitudinario apoyo de las comunidades indígenas del altiplano- con las personas sobrevivientes y sus familias.

“Van más de 5 años sin que se entregue una sola medida de reparación a las víctimas del Conflicto Armado Interno”, manifestó Feliciana Macario, representante de Conavigua. “Mientras tanto, se aprobó una ampliación presupuestaria para continuar pagando a los militares que participaron en los crímenes del pasado”.

La Plataforma Nacional exige al presidente Arévalo que apruebe el acuerdo gubernativo para crear el Plan Nacional de Dignificación y Reparación, los planes de búsqueda de personas desaparecidas, y de archivos y memoria históricos. Al Organismo Judicial y a la Corte de Constitucionalidad (CC), que anule las resoluciones de los casos Creompaz y Genocidio Ixil, en las que los Tribunales se negaron a reconocer las masacres perpetradas conta la población civil bajo el mandato de Romeo Lucas García.

Demandaron, además, el cese de la criminalización hacia lideresas y líderes comunitarios por parte del Ministerio Público (MP), reminiscentes de las persecuciones emprendidas durante las dictaduras; y la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.

El trayecto de la Memoria

La caminata salió desde la Corte Suprema de Justicia, con rumbo a zona 1. En el Pasaje Rubio, donde fue asesinado el 20 de octubre de 1978 el líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, las y los manifestantes se detuvieron para honrar la vida de Oliverio y de otros profesores, trabajadoras y estudiantes, que, como él, fueron perseguidas por su activismo e ideales.

“Desde las aulas universitarias queremos expresar nuestra total solidaridad y respeto por aquellos que sufrieron, lucharon y dieron su vida en busca de la justicia, la paz y la dignidad. Enaltecemos su resistencia, fortaleza y coraje (...). Su legado nos inspira a seguir luchando por un país más justo, equitativo y por una universidad libre de mafias”, fue el mensaje de un representante de la AEU.

En la Plaza de las Niñas -rebautizada así por las 56 víctimas y sobrevivientes del incendio en el Hogar “Seguro”-, guías espirituales invocaron en una ceremonia maya fortaleza para continuar con la búsqueda de las y los desaparecidos, las osamentas de las personas asesinadas y los procesos judiciales contra los responsables de las masacres y la violencia sexual.

La Historia

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó 200 mil asesinatos, 45 mil desapariciones forzadas, 1 mil 465 crímenes de violencia sexual contra mujeres y por lo menos medio millón de desplazamientos, como consecuencia de las estrategias contrainsurgentes ejecutadas por el Ejército y sus fuerzas paramilitares a lo largo de 36 años, principalmente contra la población maya. 1 de cada 5 víctimas de estos delitos eran niñas y niños, y un tercio de los abusos sexuales fue ejercido contra mujeres menores de edad.

Gracias a los testimonios de sobrevivientes, y a los procesos judiciales que han emprendido para buscar justicia, se determinó la intención de exterminio contra los pueblos indígenas que tuvieron gran parte de las operaciones militares, y se reconoció el uso de la violencia sexual dentro de éstas.

En la Plaza de las Niñas, posterior a la marcha, un representante de la Plataforma Nacional dedicó unas palabras para las personas que tenían influencia y liderazgo dentro las comunidades y universidades, y que fueron criminalizadas y asesinadas por su trabajo en contra de los crímenes cometidos por las dictaduras. 

“Estamos en esta lucha, y lo estamos haciendo en memoria de los cientos y miles de personas que hoy por hoy no tenemos aquí. Todos los que venimos de los distintos territorios venimos a honrar, venimos a hablar de la memoria de ellos, pero sobre todo seguir la lucha de ellos”. Sumó:  “Ellos no fueron delincuentes, ellos no cometieron delitos, lucharon por una Guatemala diferente”.