Entre el 25 y el 29 de abril se realizó en Guatemala el encuentro “Mujeres, territorios y libertad de expresión”. Periodistas, indígenas y feministas de ocho países de Abya Yala se reunieron para poner en común la situación de la prensa y los riesgos que asedian a los y las cronistas comunitarios en la región. Marcha estuvo acompañando todas las jornadas.

Allanamientos, ciberataques, persecuciones, judicializaciones, asesinatos y el exilio como la única supervivencia, forman parte de la vida cotidiana de los y las periodistas en América Latina y el Caribe y especialmente en Centroamérica. Ante este escenario, el medio Prensa Comunitaria realizó un monitoreo en zonas urbanas, en la ciudad capital y en áreas rurales para relevar los diversos ataques contra la prensa en Guatemala. El resultado arrojó una cifra más que preocupante ya que, desde el año 2021 a la actualidad, se relevaron 125 agresiones. Son cifras que ya no permiten hablar de casos aislados porque el registro de todas las agresiones detalladas configuran una estadística que da cuenta de una acción sistemática que tiene como objetivo a la prensa en Guatemala. En palabras del cronista de Prensa Comunitaria, Simón Antonio Ramón, “una agresión es una agresión, 100 son estadística”.

Este mapa de situación se refleja con características similares en El Salvador, Honduras y México. En éste último, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo en lo que va del año, se asesinaron a 8 periodistas. En Suramérica, las alarmas se encienden en Colombia, Brasil, Chile y Bolivia donde en 2019 el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales se caracterizó, entre otras cosas, por el hostigamiento a la prensa por eso, también, continúa el pedido de justicia por el reportero argentino Sebastián Moro quien fue asesinado en el contexto del golpe.

Con este contexto, periodistas, indígenas y feministas se reunieron en Guatemala durante la última semana de abril en el marco del encuentro “Mujeres, territorios y libertad de expresión”organizado por Prensa Comunitaria y la Asociación Maya Uk’ Ux B’e. Junto a cronistas de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Brasil y Guatemala, estuvo presente el Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, quien escuchó cada una de las historias expuestas, especialmente aquellas que refieren a comunicadores y comunicadoras comunitarias, quienes asumen mayores riesgos debido a las situaciones de violencia que acosan a sus territorios asediados en gran medida por el avance de proyectos extractivos y además, por la deslegitimación de la prensa tradicional.

“Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”

Domingo Hernández, titular de la Asociación Maya Uk’ Ux B’e, abrió la rueda de prensa en la que estaban presentes la directora de Prensa Comunitaria, Quimy De León; el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade; y el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, en la que se abordaron los “Desafíos para la libertad de expresión en América Latina”.

Prensa Comunitaria es una agencia de noticias que nace en diciembre de 2012 y está conformada por un equipo multidisciplinario que articula junto a Ruda la agenda del periodismo feminista. Su directora, Quimy De León, sostuvo durante la conferencia de prensa que “hay una estrategia que busca silenciar a las comunidades” y que más de una vez, los y las periodistas asumen la tarea de contar lo que sucede en los territorios a riesgo de sufrir diferentes formas de hostigamiento e incluso costarles la vida. “Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”, afirmó.

Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, señaló en varias oportunidades que “la censura es la golosina del poder” y esto implica desafíos democráticos para todo el continente ya que “son valor la pluralidad y diversidad, por lo tanto es un disvalor democrático el ejercicio de un relato único”. Durante la jornada el Relator ofreció los diferentes recursos mediante los cuales se pueden acudir o pedir intervención a la CIDH y enfatizó que los Estados no deben aplicar el Código Penal para criminalizar a la prensa. Sin embargo, historias como las de Anastasia Mejía, periodista indígena Maya K’ich’e y directora de las emisoras de radio y TV Xol Abaj, quien fue acusada de “sedición”, “incendio y robo agravado” en 2020 mientras cubría una manifestación popular en contra del alcalde de la comunidad de Joyabaj. Anastasia estuvo en prisión preventiva durante un año hasta que se dictó su sobreseimiento por falta de pruebas en su contra.

“Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”

Domingo Hernández, titular de la Asociación Maya Uk’ Ux B’e, abrió la rueda de prensa en la que estaban presentes la directora de Prensa Comunitaria, Quimy De León; el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade; y el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, en la que se abordaron los “Desafíos para la libertad de expresión en América Latina”.

Prensa Comunitaria es una agencia de noticias que nace en diciembre de 2012 y está conformada por un equipo multidisciplinario que articula junto a Ruda la agenda del periodismo feminista. Su directora, Quimy De León, sostuvo durante la conferencia de prensa que “hay una estrategia que busca silenciar a las comunidades” y que más de una vez, los y las periodistas asumen la tarea de contar lo que sucede en los territorios a riesgo de sufrir diferentes formas de hostigamiento e incluso costarles la vida. “Asumimos este desafío a pesar de la censura que busca limitar derechos”, afirmó.

Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, señaló en varias oportunidades que “la censura es la golosina del poder” y esto implica desafíos democráticos para todo el continente ya que “son valor la pluralidad y diversidad, por lo tanto es un disvalor democrático el ejercicio de un relato único”. Durante la jornada el Relator ofreció los diferentes recursos mediante los cuales se pueden acudir o pedir intervención a la CIDH y enfatizó que los Estados no deben aplicar el Código Penal para criminalizar a la prensa. Sin embargo, historias como las de Anastasia Mejía, periodista indígena Maya K’ich’e y directora de las emisoras de radio y TV Xol Abaj, quien fue acusada de “sedición”, “incendio y robo agravado” en 2020 mientras cubría una manifestación popular en contra del alcalde de la comunidad de Joyabaj. Anastasia estuvo en prisión preventiva durante un año hasta que se dictó su sobreseimiento por falta de pruebas en su contra.