El 1 de mayo de 1980, decenas de trabajadores salen a protestar a las calles del Centro Histórico para exigir la salida del presidente Lucas García. Entre ellos hay una muchacha de pelo liso, largo y muy negro, que grita a todo pulmón consignas en contra del régimen y que aboga por instaurar un gobierno revolucionario, popular y democrático. Su nombre es Florencia Xocop Chávez, tiene 25 años, y es una de las lideresas sindicales que luchan por los derechos de las mujeres. Las consignas de Florencia no pasan desapercibidas.

Casi dos meses después, el 21 de junio de 1980, ella y otros 26 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) son detenidos y desaparecidos por el Gobierno de Lucas García en los que serían los años más cruentos de la guerra civil en Guatemala.

En la década de los 70, el movimiento sindical en Guatemala empieza a consolidarse a través de ideales nacidos en la Revolución de 1944. Los movimientos han mantenido un bajo perfil debido a la represión de los gobiernos militares, pero el incremento de las inconformidades y la opresión laboral dan paso a la creación y articulación de nuevos sindicatos.

Casi en la misma época, Florencia Xocop Chávez, entonces de 20 años, empieza a trabajar en Industrias Acrílicas de Centro América S.A., mejor conocida como ACRICASA, una compañía japonesa cuya planilla está conformada por una mayoría de mujeres. Allí impulsa la creación del sindicato de la empresa bajo un concepto sencillo: las trabajadoras, quienes hacen posible el capital de los patronos, merecen respeto, un salario y trato justos.

No pasa mucho tiempo antes de que su determinación la lleve a movilizar a las trabajadoras de ACRICASA, para defender al sindicato y asegurar así la discusión del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Florencia está dispuesta a todo: a interrumpir horas de trabajo y a tomar la fábrica para hacer escuchar las demandas de las mujeres. Pero su liderazgo no viene sin consecuencias. Mientras surge como figura sindical, también atrae la atención de personas que la amenazan e intimidan.

Rápidamente entendió que su militancia obrera no podía reducirse al límite de las paredes de su centro laboral, y que los objetivos y las conquistas históricas de los trabajadores no estaban puestos sobre una bandeja de plata.

En 1978, acosada por la persecución y amenazas, Florencia, renunció al trabajo en ACRICASA porque los horarios fijos no le permitían tomar medidas de seguridad.

Se incorporó de lleno al trabajo de la CNT. A partir de ahí fue responsable de asesorar a los sindicatos del sector Petapa: Látex, Aceros y Esmaltes, ACRICASA, Helenoplast, Induplastic y Vicks”, relata el libro “¿Por qué ellas y ellos?”, producido por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

En este tiempo, Florencia desarrolla una visión política y se abre paso exigiendo el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Más adelante, se convierte en delegada del CNT ante el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Sus colegas, quienes sobrevivieron a esa terrible época de represión, la recuerdan como una persona “de expresión revolucionaria” y alguien temperamental que “hacía uso de la firmeza de carácter para hacer valer su posición. No reparaba demasiado en las dificultades, la vida la había moldeado a tomar como cotidianos los problemas, y estos no fueron causa suficiente para dejar de sonreír”.

Rosa María Wantland, exabogada de la CNT, la recuerda claramente:

se reía y movía la cabeza agitando la cabellera, sobre todo cuando llevaba el pelo suelto recién lavado; sabía que era uno de sus atractivos y lo lucía. Luego en las carreras cotidianas lo recogía en un moño o cola; para que no me puedan agarrar de allí, decía”.

En 1978, Florencia, Rosa María Wantland y Yolanda Aguilar, ambas de la central, son detenidas por hombres no identificados, cuando acompañaban la salida del país del hijo de Sonia Oliva, una de las sindicalistas de la CNT, ya que había sido amenazado de muerte.

Debido a los hechos, las tres repartían en el Aeropuerto La Aurora un boletín, denunciando la situación de represión que orillaba a un menor a salir al exilio. Fueron interrogadas por el contenido del boletín y posteriormente, llevadas a la cárcel de mujeres Santa Teresa. Allí pasaron 3 días antes de ser liberadas.

Desde entonces, serían vigiladas y seguidas por el aparato estatal.

Rafael Herrarte, alias José Roberto Ríos, la menciona en un artículo de la revista Otra Guatemala:

a finales de mayo de 1980, con Florencia esperábamos a un abogado de la CNT. Sentados en la acera de una casa, sus ojos estaban fijos en las gotas de agua que se desprendían del cielo. En un punto de su concentración me reveló tener preocupaciones que no se sujetaban a su mandato. Ahora entiendo que eran premoniciones que se comunicaban con ella, poniendo al descubierto la actitud consciente de sus actos. Florencia en carne propia sabía las consecuencias de desafiar al sistema y muy claro tenía su papel como luchadora social. Inmediatamente su intranquilidad activó su casta de rebelde, de indoblegable, y dijo que estaría en lo que hacía hasta lo último y lo hizo sin conocer límites”.

El 21 de junio de 1980, hubo una reunión de dirigentes de diversos sindicatos integrados al CNT. La Policía se metió a la sede y detuvo a los 27 sindicalistas que estaban reunidos allí. La intromisión de las fuerzas de seguridad era algo habitual pues en la década de los 70 los gobiernos militares intensificaron la persecución contra de quienes se oponían al régimen, pero los detenidos nunca volvieron.

“La cúpula empresarial tuvo responsabilidad directa en las desapariciones y asesinatos de dirigentes sindicales. Muchos dueños de empresas dieron nombres y apellidos, donde vivían los sindicalistas para que fueran asesinados. fue una estrategia empresarial en un intento por terminar con el movimiento sindical”, refiere Miguel Ángel Albizures, activista de derechos humanos de la organización Familiares de Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) y exsecretario General de la CNT.

Hasta la fecha, los hechos delictivos y de violencia en contra de sindicalistas siguen ocurriendo con impunidad. De 2008 a la fecha, el Movimiento Sindicalista Autónomo y Popular reportó el asesinato de 100 líderes sindicales.

Han pasado 41 años desde la desaparición forzada ordenada por Lucas García. La historia de Florencia, quien cumpliría 66 años el 7 de noviembre, es una de las dos únicas memorias de mujeres sindicalistas que fueron silenciadas durante el conflicto armado y que logró ser rescatada para la posteridad.

La historia de las otras mujeres detenidas el 21 de junio: Sara Cabrera Flores, Secretaria General del Sindicato de ACRICASA; Sonia Alesio, del Sindicato de Vicks VapoRub; Cristina Yolanda Cabrera, del Sindicato de Induplastic; Hilda Carlota Pérez Méndez, Irma Candelaria Pérez Osorio; continúa siendo una página en blanco en la historia del país.

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