En enero del próximo año iniciará el juicio en contra de tres exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) acusados de cometer violencia sexual entre 1981 y 1985, en contra de 36 mujeres indígenas maya Achí. El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, decidió el miércoles 24 de marzo, que deben enfrentar debate oral y público.

Finalmente un tribunal y la sociedad escucharán los testimonios de las mujeres Achí de Rabinal, Baja Verapaz, que por más de 40 años han esperado para contar la violencia que los ex-PAC y exmilitares ejercieron en su contra, luego de enfrentar una serie de retrasos en los procesos judiciales, informó la abogada Lucia Xiloj, representante de 29 mujeres que son apoyadas por la Asociación Bufete Jurídico Popular (ABJP) de Rabinal.

Xiloj hizo alusión a la audiencia de etapa intermedia del 21 de junio de 2019, cuando la jueza Claudette Domínguez dejó en libertad a los exparamilitares Bembenuto y Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez.

En mayo de 2018, los ex-PAC fueron capturados en un operativo policial y la jueza Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, los ligó a proceso por delitos contra los deberes de humanidad y los envió a prisión preventiva en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la ciudad capital. Sin embargo, al llegar a la fase intermedia declaró la clausura provisional a favor de los tres primeros procesados y el sobreseimiento a favor de los otros tres, dejándolos en libertad.

En agosto de ese año el expatrullero Juan Guzmán Torres, que también fue capturado junto a los seis ya mencionados, falleció por causas naturales en prisión preventiva, sin que fuera procesado por la violencia sexual cometida en los propios hogares de las mujeres Achí o cuando estaban en las cercanías de sus comunidades o se encontraban retenidas ilegalmente en el antiguo destacamento militar de Rabinal, según lo recopiló Impunity Watch de los testimonios de las víctimas.

La audiencia fue realizada a petición del Ministerio Público (MP), que pidió la reanudación de la persecución penal en contra de los ex-PAC. El pasado lunes el MP pudo exponer los argumentos de la acusación donde nuevamente se solicitó que se abriera el juicio, a lo que accedió el juez Gálvez después de haber analizado los medios de investigación presentados, según comentó la abogada Xiloj.

Entre los principales obstáculos que ha enfrentado el MP y en lo que se basó la jueza Domínguez para dejar en libertad a los acusados, está la aparente falta de información por parte del ministerio de la Defensa, acerca de cómo se conformaron las Patrullas de Autodefensa Civil.

La abogada Xiloj aseguró que existe documentación importante en la jurisprudencia internacional sobre el valor de la declaración de las víctimas de violencia sexual, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha recabado.

No puede usarse como justificación decir que hace falta información en el proceso, porque las propias víctimas han brindado sus testimonios sobre la violencia sexual que sufrieron; la jueza Domínguez dijo que no había ninguna prueba que determinara que esas personas habían cometido el delito, cuando las víctimas plenamente los reconocieron e identificaron, enfatizó la abogada.

Según la abogada, una esperanza se vislumbra para las mujeres Achí porque un tribunal conocerá los hechos que ellas han denunciado. “Se va a conocer lo que ellas tienen que decir, sus necesidades, los impactos que sufrieron en ese entonces y en algún momento van a poder declarar lo que han venido repitiendo, porque lo que ellas buscan principalmente es que sean escuchadas”, anotó.

ABJP espera que se pueda aceptar su petición para acumular debates sobre este caso y probablemente en enero de 2022 se lleven a cabo los juicios contra los ex-PAC sindicados, en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios.

En octubre del año pasado, el juez Gálvez, también resolvió enviar a juicio a los expatrulleros Francisco Cuxum Alvarado, quien fue deportado de Estados Unidos, por considerar que existían elementos suficientes sobre su participación en el caso de violencia sexual contra de las mujeres Achí.