La Coordinadora General de Estudiantes (CGE) comunicó, en conferencia de prensa, haber presentado una solicitud de acceso a la información al Consejo Superior Universitario (CSU). Por medio de ella, piden que se aclaren las situaciones que permitieron la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), así como otras ocurridas posteriormente. Esperan que, con esta respuesta, se establezcan las bases que permitan a ambos sectores dialogar.

Esta es la segunda vez que el estudiantado organizado presenta dicha solicitud. La primera fue presentada por la CGE el 31 de agosto del 2022 y resuelta por el CSU el 5 de octubre, según comunicaron las estudiantes. La información les fue negada el 10 de octubre bajo el argumento de que “la CGE carecía de legalidad”.

Ante esto, el estudiantado decidió entregar una nueva solicitud, esta vez, por medio de las distintas asociaciones estudiantiles que se encuentran representadas en la CGE. Algunas de ellas son la de Ciencias Químicas y Farmacia, Arquitectura, Ciencias Médicas y Diseño Gráfico. Todas ellas enviaron la solicitud el 24 de octubre, la cual contiene quince interrogantes que el CSU debe esclarecer.

Solicitaron el contrato del Parque de la Industria del 14 de mayo, día de las elecciones a rector, junto con información sobre la empresa de seguridad privada que estuvo presente ese día y el convenio o solicitud presentado al Ministerio de Gobernación que justificara la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) en dicho evento. Pidieron la misma información sobre la elección del Magistrado de la Corte de Constitucionalidad celebrada en el Hotel Tikal Futura, donde estuvo presente la PNC y las Fuerzas Especiales.

Pidieron que se entregue un informe sobre los casos atendidos por la Comisión Específica de Mediación y Negociación para la Prevención de Conflictos desde su creación, según el Protocolo Estratégico para Prevenir la Ocupación de las Instalaciones de la USAC, en 2019. Solicitaron, además, los criterios y fundamentos legales para conformar la Comisión de Diálogo, con el fin de garantizar su idoneidad.

Las estudiantes solicitaron la entrega de informes y fundamentos legales con los que se realizaron las denuncias penales en contra de ocho estudiantes. Exigieron, como en otras ocasiones, la no criminalización (o cancelación de matrículas) hacia las personas que se organizan contra el fraude electoral. La entrega de esta información, por parte del CSU, “será un acto de buena fe”, dijeron.

La suspensión de Pablo Oliva

A inicios de octubre, el Tribunal de Honor del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala suspendió por dos años a Pablo Oliva del ejercicio profesional por faltas a la ética durante las elecciones para rector de la Usac. Con esta decisión, el exdecano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia queda imposibilitado de ocupar otro cargo en dicha universidad. Al preguntarles por el tema, las estudiantes solicitaron que otros colegios profesionales tomen medidas similares contra los integrantes del CSU que, al igual que Oliva, participaron en el fraude electoral.

Las estudiantes también señalaron el nulo interés por parte del CSU y el Procurador de los Derechos Humanos José Alejandro Córdova de establecer el diálogo con el estudiantado. Manifestaron que continuarán con las medidas implementadas hasta el momento, como lo es la toma de instalaciones de diversos centros universitarios. Finalizaron la conferencia de prensa diciendo: “¡La Usac no se vende, se defiende!”