Tres mujeres: dos juezas y una magistrada, se encuentran exiliadas debido a las amenazas y el acoso que enfrentaron en Guatemala por realizar su trabajo. La exjueza Erika Lorena Aifán Dávila es una de ellas.

El trabajo de Aifán se destacó por lograr avances en contra de la impunidad; una responsabilidad que ella resalta como parte de la defensa de los derechos humanos. Una jueza tiene la potestad de garantizar los elementos más importantes para las personas, como la libertad, la integridad y la vida.

Erika Aifán, maestra de educación primaria, fue motivada a estudiar derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) al conocer la experiencia de su padre como abogado. En esta misma universidad realizó dos maestrías; una en administración financiera y otra en derecho de trabajo. Además, es doctora en ciencias penales.

La historia de Erika Aifan demuestra la manera en que el Estado de Guatemala le ha pagado a las mujeres que ejercen su trabajo de manera integral: con persecución y exilio. Esta dinámica puede entenderse como violencia política, en tanto es ejercida por el Estado y representa una reacción en contra de las mujeres que retan las dinámicas de poder creadas desde la corrupción e impunidad.

¿Qué ha implicado tener que irse de Guatemala?

– Hay una diferencia muy grande entre que una persona decida con ilusión irse a otro país, porque va a ir a estudiar algo de su interés, tiene una beca o un mejor trabajo, a la forma en que a mí me ha tocado abandonar el país. Yo inicialmente salí de vacaciones, mi familia me dijo que era necesario que me apartara de ese clima tan hostil en el que estaba viviendo y trabajando, y que pudiera pensar de una manera tranquila las decisiones que iba a asumir.

     Para mí implica empezar de cero, renunciar a una carrera judicial que ha sido exitosa a nivel nacional e internacional. Todos mis procesos de evaluación han sido con las mejores calificaciones, y a nivel internacional he recibido varios reconocimientos y distinciones.

Implica renunciar a todo esto, a mi trabajo, a lo que he hecho durante casi 20 años. También ha significado renunciar a mi familia, a mis amistades, todos se quedaron en Guatemala, estoy sola.

Mi dedicación fue total al cargo.

A pesar de ello, Aifán reflexiona que este es el momento para reencontrarse y abrir nuevos caminos de manera personal y ahora también profesional.

Ser jueza de carrera

Al terminar sus estudios universitarios, Erika Aifán fue una de las 800 personas que aplicaron a la Escuela de Estudios Judiciales. Resultó como una de las 38 seleccionadas, dándole la oportunidad de ser becada.

Según el procedimiento institucional, las personas con los perfiles más destacados durante el proceso debían ser nombradas como juezas. Sin embargo, esto no aplicó para las mujeres. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2001 decidió no nombrar a las tres mujeres que estuvieron entre las cinco calificaciones más altas.

Pese a los riesgos, decidió demandar a la CSJ para visualizar la discriminación y la vulneración a sus derechos. Después de una lucha legal por tomar posesión del cargo que le correspondía, se enfrentaría a otros retos por ser mujer en el sistema de justicia.

¿Qué le motivó a entrar en la carrera de derecho y a ser jueza?

– Mi papá es abogado. Yo lo veía cuando era pequeña. Eso hizo que a mí me gustara, aunque mi familia no quería por los riesgos que involucraba.

Creo que nadie visualizó la probabilidad de que yo pudiera acceder a la capacitación previa y posteriormente al nombramiento de jueza, porque siempre hemos tenido una idea que en Guatemala se necesita tener algún padrino o madrina para poder entrar a una institución del sector público, entonces ellos veían difícil que yo, sin ningún contacto, sin conocer a nadie, pudiese ingresar.

Creo que esa fue la primera sorpresa agradable de ver que el proceso de selección había sido transparente y que era únicamente por méritos profesionales.

Cuando no me designaron, creo que todos estábamos satisfechos, el problema fue que hubo declaraciones públicas del entonces presidente de la Corte, quien decía que quienes no habíamos sido nombradas era porque habíamos perdido cursos o porque teníamos algo oscuro en nuestro pasado. Y eso comenzó a afectar mi relación con mis clientes en el litigio independiente, porque ellos se preguntaban por qué yo, habiendo participado en el curso, no estaba nombrada.

Fue a raíz de una conversación con uno de sus clientes, que Aifán decidió preguntarle a la corte por qué no la habían nombrado.

Ganó la demanda en contra de la CSJ y fue por una orden de la Corte de Constitucionalidad que dictaminó que debía de tomar posesión en el cargo.

¿Cómo ha cambiado su carrera?

– La CSJ cambió en integración y para mi abrió un periodo de posibilidades, ya que la corte anterior ni siquiera me daba permisos para ir al médico y tenía muchas restricciones, como represalia a las acciones legales que asumí. La nueva corte fue diferente y determinó que en el departamento de Jutiapa, específicamente en el Juzgado de Primera Instancia Penal, había demasiada inconformidad de la población por señalamientos de corrupción.

Entonces la CSJ me propone el traslado de Ixchiguán, San Marcos, al departamento de Jutiapa. Yo tengo familia en Jutiapa, y las condiciones eran más favorables para mi. Decidí aceptar la propuesta de la corte. Esa CSJ apoyó mucho mi trabajo, hizo los cambios necesarios en el personal y la estructura del juzgado para erradicar la corrupción.

Después de enfrentarse a la carencia de oralización, y la lentitud en las resoluciones en el Juzgado de Jutiapa, Aifán propuso implementar medidas para contrarrestar la problemática dando como resultado la recepción de las primeras denuncias por corrupción.

Cuando Erika Aifán trabajó en Jutiapa, de 2006 a 2015, vio la necesidad de fortalecer el sistema de justicia desde algo tan básico como tener audiencias orales. A esto se le llama oralización o gestión por audiencias. Esto permitía que el trabajo fuera más eficaz permitiendo una mejor solución a los casos. Con la oralización también se dieron a conocer casos de corrupción.

El 30 de marzo de 2015 la CSJ le ordenó a la jueza Aifán trasladarse al tribunal de sentencia de Santa Rosa. El traslado no fue debidamente justificado y se opuso, pero sus acciones fueron declaradas sin lugar porque era un requerimiento de la CSJ. Permaneció poco más de un año en Santa Rosa como jueza vocal, hasta que en julio de 2016 se abrió la convocatoria para integrar el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, el cual presidió hasta su renuncia el 21 de marzo de 2022 tras sufrir amenazas.

Del antejuicio al exilio

Luego de cinco años sin pedir vacaciones, la jueza Aifán solicitó este derecho a principios de marzo de 2022, y salió de Guatemala el 9 de marzo. El 21 de marzo anunció su renuncia como jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “D”. Actualmente se encuentra en Washington DC, Estados Unidos.

El derecho a inmunidad del que gozan las juezas estaba en peligro para Erika Aifán, debido a un antejuicio presentado por el Instituto de Magistrados donde la acusan de emitir “resoluciones ilegales”, las cuales nunca fueron presentadas en sus audiencias.

Asimismo, la entonces jueza Aifán denunció los conflictos de interés en este proceso. Los magistrados que la denunciaron tienen señalamientos por el Ministerio Público (MP) en la posible comisión de delitos. A esto se suma que el magistrado pesquisidor Roaldo Isaías Chávez, es decir quien está encargado de investigarla, es secretario del Instituto de Magistrados. Según Aifán, es previsible que Chávez actúe en favor de los denunciantes.

¿Cómo fue el momento en el que se dio cuenta que necesitaba salir del país?

– Es difícil, yo venía escuchándolo desde hace más de dos años. Personas allegadas a mí me advertían de los altos riesgos que estaba corriendo en temas de seguridad. Evalué los escenarios, pensando en que en el país seguía existiendo una posibilidad al considerar que había un estado de derecho fuerte.

Siempre, como lo he dicho, he tratado de agotar todos los procedimientos legales en defensa de mi persona. He demostrado que, a pesar de lo lento del sistema, no ha existido los hechos denunciados en mi contra, sino que ha sido al contrario, hubo vulneraciones hacia mi persona en el trámite de todas estas acciones.

El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial solicitó el retiro de antejuicio de Aifán en 2020, al señalar que había autorizado diligencias “ilegales”. Ante eso, la exjueza solicitó un amparo provisional ante la CC el cual se le concedió. Sin embargo, la actual CC presidida por Dina Ochoa, no resolvió las acciones presentadas; colocándola en una posición de vulnerabilidad.

Justicia sin objetividad

Aifán compartió en esta entrevista que, en la primera audiencia, ella solicitó al magistrado Roaldo que se le diera a la vista las resoluciones que el Instituto hacía referencia de las acusaciones. “No hay, ellos no me entregaron ninguna resolución”, fue la respuesta del magistrado pesquisidor. Inmediatamente ella solicitó que quedara en acta dicha situación, pero fue hasta la segunda audiencia en donde el mismo magistrado solicitó revisar el acta para enmendar “un error”.

– Ahí pude constatar que efectivamente ellos establecen canales de comunicación directa. Ante esas circunstancias nuevamente veo que no existe una justicia objetiva e imparcial. Y a esto ya se suma el análisis de mis abogados, de mi familia, en cuanto a los riesgos que representa el que ellos pudieran retirarme la seguridad.

¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que puedan defenderse los derechos humanos en Guatemala sin sufrir el exilio?

– Consideramos que hay una grave cooptación del Estado que está incrustada en los tres poderes, y eso genera una dificultad muy alta. Entonces es importante que nos unamos, que exploremos nuevas alternativas, porque las acciones que se han hecho no han sido suficientes. Y esa unidad creo que debe darse no solo dentro del país, sino también en cuanto a apoyos internacionales. Es necesario visibilizar a nivel internacional los problemas que está viviendo Guatemala, porque nuestras autoridades han indicado en espacios internacionales que en Guatemala todo marcha perfectamente, mientras que los propios países están verificando un exilio masivo de operadores de justicia que no se ha dado en la historia de ningún otro país latinoamericano.

¿Le gustaría regresar a Guatemala?

– Sí me gustaría, pero la conclusión en términos generales de mis abogados y familia, que son las opiniones más importantes para mí en este momento, han sido que no. Es demasiado el riesgo. Esperamos que haya algún mecanismo de contención para que ningún otro compañero o compañera jueza tenga que salir del país, ni un operador de justicia, ni defensor de DDHH, periodista, o activista en Guatemala que esté haciendo lo correcto y por ello tenga que abandonar el país.

 Una de mis mayores esperanzas es que Guatemala no pierda toda su institucionalidad, que pueda recuperarse el estado de derecho, un estado democrático que permita a los y las guatemaltecas que estamos en el exilio volver a nuestro país y que puedan tener oportunidades de trabajo.

Creo que toda esta experiencia también me ha hecho solidarizarme mucho con las personas migrantes, entiendo muchas de sus condiciones y las veo desde otro punto de vista y creo que el Estado de Guatemala también les está fallando. Ningún guatemalteco o guatemalteca debería buscar oportunidades de trabajo ni seguridad en otro país, el Estado de Guatemala debería proporcionar esas condiciones, y mi sueño es que algún día sea así.

En 2021 Erika Aifán recibió el reconocimiento Internacional Woman of Courage por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tras su exilio, el 19 de abril de 2022 fue invitada a formar parte de la organización Robert F. Kennedy Human Rights como distinguida asociada visitante, para trabajar temas de derechos humanos, estado de derecho y mecanismos de protección internacional. La jueza Aifán comienza a explorar nuevos caminos.