“Las mujeres en la carrera judicial deben cumplir dobles o triples jornadas de trabajo”, esto lo asegura, desde el exilio, la exjueza de mayor riesgo Erika Aifán. A ello se suman los ataques mediáticos, el acoso y la discriminación cargada de estereotipos sexistas, así como la persecución penal que ha llevado a varias operadoras de justicia a exiliarse para no terminar encarceladas.

Para Erika Aifán, las juezas son defensoras de derechos humanos. Esto lo reafirmó desde sus primeros años como jueza. Además, estas experiencias le permitieron conocer casos de corrupción desde los niveles más locales hasta nacionales.

En esta entrevista, Aifán reflexiona sobre las múltiples discriminaciones hacia las mujeres en la carrera judicial, así como la importancia del papel de las juezas en la garantía y defensa de los derechos humanos y los riesgos que implica la falta de juezas independientes.

Ser mujer y jueza

Los estereotipos de género a los que se enfrentan las mujeres también se ejercen, de formas particulares, en el organismo judicial.

Una primera experiencia, fue cuando la CSJ se negó a nombrarla como jueza a pesar de haber obtenido las mejores calificaciones en la Escuela de Estudios Judiciales. Posteriormente, se enfrentó a la noción de que el derecho penal es cosa de hombres, o la exigencia de mayor trabajo a las mujeres para que puedan optar a ascensos.

¿Cómo podría describir las experiencias de las mujeres dentro del sistema de justicia? Ya sea como aspirantes o trabajando como juezas.

– Creo que siempre sufrimos discriminación, sin importar el grado académico o la posición que estemos asumiendo dentro del OJ. En el proceso de selección, a nosotras nos llamó la atención en ese año que el primero, segundo y el quinto lugar éramos mujeres, y no nos nombraron.

Sí ha variado el tema de la inclusión de mujeres en el Organismo Judicial, que creo que actualmente estamos alrededor del 40% de juezas, pero es importante destacar que esta sigue siendo una estructura piramidal en cuyas base, es decir en juzgados de menor jerarquía, vamos a encontrar la mayoría de mujeres, y en las altas cortes este número se reduce significativamente. Esta CSJ es la que ha tenido la mayor integración de magistradas mujeres en la historia del país. Sin embargo, paradójicamente creo que es la corte en la que menos apoyo hemos recibido, en cuanto a temas de seguridad, programas de discriminación, etc. Y seguimos encontrando esa discriminación también en la misma población a la que nosotras vamos a servir.

Es muy frecuente escuchar a las compañeras juezas contar que los usuarios les dicen “mire, no quiero hablar con la secretaria, quiero hablar con el juez” y entonces las compañeras les dicen “no, yo soy la jueza”. O cuando vemos que a los compañeros se dirigen como “doctor, licenciado”, pero en relación a nosotras como juezas nos siguen llamando “seño”, o “señorita”, tratando de invisibilizar la calidad profesional.

También vemos que algunas veces, incluso altos funcionarios, de manera pública hacen comentarios despectivos sobre el trabajo de juezas y resaltan el trabajo de los compañeros. En el departamento de Jutiapa a mi me tocó enfrentar una situación de machismo muy férreo. Cuando yo inicié en el juzgado de primera instancia penal, la idea que existía es que penal era para abogados hombres, que las mujeres no litigaban en el juzgado penal.

He sido la única jueza mujer que ha estado en el juzgado de primera instancia penal de Jutiapa, y cuando llegué los comentarios de los colegas fueron que debieron de haberme dado el juzgado de familia porque el juzgado de penal era cosa de hombres. Y otros que decían frente a ese comentario que no, que en realidad lo que tenían que haber hecho era habernos mandado a la cocina.

Ese mensaje de que las mujeres pertenecemos al ámbito doméstico

– Sí, y también los ataques mediáticos. Se hace referencia a nuestros roles de esposas, de madres, porque sobre todo las juezas penales nos señalan de tener mal carácter, y atribuyen al supuesto mal carácter a la falta de un esposo o de hijos.

Pero es por eso, porque nos siguen encasillando en roles tradicionales, y no asumen tampoco que nosotras nos esforzamos el doble o el triple que los compañeros para poder llevar a cabo nuestro trabajo y nuestra profesionalización.

Nos piden 65 horas de capacitación al año, y no tenemos el mismo tiempo que los compañeros para dedicarlo. Sin embargo, tenemos que cumplir con los horarios para poder competir por los ascensos o los traslados de judicatura. También para nuestra evaluación de cada 5 años, porque si no la aprobamos somos excluidas del sistema de carrera judicial.

Entonces vemos esa competitividad en condiciones desiguales. Hemos hecho algunas críticas constructivas a las tablas de evaluación para poder generar esa equidad de género. Y a nivel más internacional hemos discutido la posibilidad de un sistema de cuotas para permitir el acceso de mujeres a las altas cortes, pero es una realidad todavía un poco distante en Guatemala.

¿A qué se refiere con que las mujeres se tienen que esforzar el doble o el triple y que tienen menos tiempo que los hombres para dedicarse a la capacitación?

– La gran mayoría de las compañeras tiene un hogar, tiene hijos, y generalmente somos las mujeres las que nos encargamos de ello, es muy poco frecuente que lo haga un compañero. Mientras ellos van a su casa y pueden conectarse a un curso después del trabajo, nosotras primero tenemos que cumplir otras actividades para poder tener el tiempo y conectarnos en la capacitación o hacer tareas.

Si la compañera ya tiene compromisos familiares es mucho más complicado para ella poder acceder a un programa de maestría o doctorado, y hacer las tareas. Los costos son altos, y si dentro de su hogar tiene que hacer aportaciones, eso reduce. Nosotras vemos en algunos casos hay parejas de jueces y juezas, donde se privilegia que el hombre pueda estudiar, porque en teoría él tiene más tiempo para poder hacerlo.

Entonces es complicado ese sistema, y esto sin tomar en cuenta el caso de compañeras que son madres solteras, que es una situación frecuente y que implica asumir los dos roles, tener que dedicarse a su trabajo y sumar actividades de preparación adicional. Algunas veces las compañeras se han quejado de la exclusión de capacitaciones, de la selección para que puedan ser docentes de la escuela, o la limitación de oportunidades a mujeres. Muchas veces prefieren dársela a los compañeros hombres.

La justicia y la defensa de los derechos humanos

Erika Aifán reafirma que las juezas y jueces son personas defensoras de los derechos humanos, desde varios niveles. En el caso de los delitos de corrupción, la impartición de justicia tiene que ver con devolver los recursos robados a sus fines originales: financiar los servicios públicos y el bienestar de la población. Por otra parte, también reflexiona sobre el papel del derecho penal y cómo este afecta en la vida de las personas.

¿Cuál es la importancia de la figura y el trabajo que hace una jueza?

– Las juezas en realidad somos defensoras de derechos humanos desde varios puntos de vista, en cualquiera de los ramos desempeñamos y a un nivel amplio, macro, o individual. Por ejemplo, nosotras conocemos graves casos de corrupción en los cuales los recursos del Estado son desviados para otros fines. Vemos que estos recursos que deberían invertirse en educación, en salud, en alimentación, no llegan, son mal utilizados en lujos personales, en caprichos de personas que sustraen esas grandes cantidades de dinero.

Cuando nosotras evitamos la impunidad dentro de este tipo de casos, podemos recuperar algunos de los bienes o dinero que hayan sido sustraídos y que puedan generarse en inversión para la población. Y también evitar que esto continúe pasando. Entonces esto es a nivel amplio.

Pero a nivel individual también debemos garantizar que las personas sean juzgadas sin ningún tipo de interés, porque de lo contrario se permitiría que una persona culpable pueda salir libre, y una persona inocente pueda ser detenida sin que exista un delito o procedimiento para ello. Entonces el riesgo de la ciudadanía al no tener jueces independientes es precisamente eso, cualquier persona podría ser objeto de una detención ilegal.

Con el tema del derecho penal se entiende que es lo más extremo, tener la capacidad de privarle la libertad a una persona. Es una gran responsabilidad.

– Así es. El derecho penal es una de las ramas del derecho que es más invasiva en la vida de las personas, y que está respaldado de todo el poder del Estado para poder ejecutar las decisiones de los jueces. Es una de las ramas del derecho más sensibles, que nos exige a los jueces mayor atención y dedicación en nuestro trabajo.

Aquí voy a poner un ejemplo, durante el tiempo de pandemia los jueces de primera instancia penal fuimos los únicos que estuvimos yendo a nuestras judicaturas todos los días. Los otros jueces pudieron suspender por temporadas el trabajo presencial, pero los jueces de primera instancia penal no, porque atendemos a la custodia de bienes jurídicos supremos.

En el caso de la persona que está siendo procesada, vemos dentro de uno de estos valores supremos porque actualmente no se aplica la pena de muerte en Guatemala, el valor de la libertad. Pero cuando dirigimos la mirada hacia las víctimas, allí también encontramos bienes jurídicos muy relevantes como la libertad, la vida, la integridad personal, la libertad sexual, etc. Por eso es que el trabajo nuestro requiere más dedicación y atención.

También es más público. Creo que por esos bienes que se protegen también tiene o acapara un poco más la atención de las personas, esto no implica que no sean importantes los jueces de trabajo, de familia, civil o de niñez. Cada uno tiene un papel importante en la protección de la ciudadanía, somos como una barrera de protección a los derechos de las personas.

La jueza Aifán, como sigue siendo conocida en Guatemala, concluye dirigiendo un mensaje a las jóvenes interesadas a dedicarse al derecho en cualquiera de sus ámbitos.

– Les diría que estudien, que se preparen, que cuando ya puedan ejercer la profesión de abogadas que tengan muy presente que la única forma de garantizar ese estado de derecho, ese estado democrático, es a través de un ejercicio ético de la profesión, y que luchen por ese estado de derecho y democrático, porque vale la pena, sea cual sea el sacrificio que tengamos que hacer, vale la pena.

Guatemala merece ese esfuerzo, nuestros niños y niñas merecen vivir en un país mejor al que nos ha tocado vivir a nosotras, y solo nuestro trabajo conjunto va a poder generar esas condiciones. Entonces les diría que se unan, que luchen, que busquen esos espacios, porque es posible una Guatemala mejor.