Erika Lorena Aifán Dávila, del Juzgado D de Mayor Riesgo en Guatemala, está en el ojo de la tormenta. En entrevista con Prensa Comunitaria informó que entre enero y febrero de 2022 se presentaron siete acciones para buscar destituirla. Reveló que ahora la siguen y la graban, pero públicamente, para que se sepa. “Me siento indignada y me siento preocupada”, dijo en tono firme. “Creo en el sistema de derecho y creo que hay que defenderlo”, indicó. Aseguró que el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad, para que no se consideren los años de ejercicio de jueces para la antigüedad como abogados fue, según se anunció en redes sociales previamente, “interpuesto para que los jueces de mayor riesgo no pudiéramos tener la oportunidad de participar en el proceso de selección de Fiscal General”.

La jueza Erika Aifán Dávila habla con tono firme y fuerte al indicar que está molesta. Le incomoda pensar si la población guatemalteca ha obtenido la misma respuesta -rápida y diligente- en el trámite de sus solicitudes ante el Ministerio Público (MP), en comparación a la premura con que las acciones de solicitud de antejuicio en su contra y de otros operadores de justicia, parecen fluir como ráfagas desde el barrio Gerona, en la zona 1 de la ciudad capital, la sede del MP.

Aunque califica esas acciones como un hostigamiento, reitera que son una pérdida de tiempo valioso que bien podría estar siendo utilizado por el MP para las investigaciones de delitos como extorsiones, robos o asesinatos.

“Se está perdiendo el tiempo y atacando a jueces independientes en el ejercicio de sus funciones y en el conocimiento de casos de alto impacto”, afirmó Aifán. Le preocupa la destrucción del sistema de administración de justicia y del Estado de Derecho como tal, porque dice que al momento no han encontrado una institución que este cumpliendo con el debido proceso, tampoco que le pueda garantizar a ella y otros jueces de alto impacto, el respeto de sus derechos humanos y su integridad física.

“Nuestra vida estaría en grave riesgo en el momento en que nos separaran del cargo”, afirmó.

Aifán sostuvo que “el riesgo que tenemos todos y todas en el país, que por intereses espurios pueda procederse y detener a personas inocentes y puedan suspenderse investigaciones y dar libertad a personas que pudieran haber participado en comisiones de delitos y delitos de alto impacto”.

Pese a toda esta situación, que la obliga a trabajar en condiciones donde no se garantiza nada y en las que teme por su vida, enfatizó que es fiel creyente del sistema de derecho, de Dios y del acompañamiento y solidaridad que diversas comunidades y sectores, a nivel nacional e internacional, le han demostrado, porque es un reconocimiento al trabajo honesto que han realizado para el país.

“Creo en el sistema de derecho y en que hay que defenderlo, porque eso es lo que garantiza el cumplimiento del disfrute de los derechos humanos para todas las personas. Cuando hablo de esto, me refiero a que es lamentable que el robo de los recursos públicos sea en las cantidades millonarias que se conocen y no lleguen para que puedan existir escuelas con condiciones mínimas para la niñez, para la salud en los hospitales, es triste pensar en todos esos fondos que se desvíen en perjuicio de la población”, enfatizó.

En entrevista con Prensa Comunitaria la jueza se refirió a este y otros temas, y en particular a los intereses que buscarían apartarla de su cargo.

¿Cómo caracterizaría la situación actual en el Organismo Judicial, tras la publicación de la investigación periodística de El Faro y la reacción del gobierno y el MP?

No puedo pronunciarme directamente sobre esos hechos porque hay circunstancias que están bajo el conocimiento de mi juzgado y la ley de la carrera judicial me impide hablar sobre los expedientes que estoy conociendo.

Usted ha sido muy respetuosa de la reserva del caso y sus elementos, sin embargo, se ha señalado que el original del audio del denominado “Testigo A”, central en la acusación contra el presidente Alejandro Giammattei está bajo su custodia, ¿Esto es así?

No se podría abordar nada en específico del caso, ni en relación a los sujetos procesales institucionales, MP, lo que tenga que conocerse por la Corte Suprema de Justicia o Salas de Apelaciones, porque la Ley de la Carrera Judicial establece una prohibición de hablar de las actuaciones, porque estas son únicamente reservadas para las partes y cuando existe un procedimiento de reserva legal, este implica sustraerlo incluso del conocimiento a veces de las personas que están siendo investigadas, porque lo que se trata de evitar es la publicidad del trabajo que pueda dañar las investigaciones.

En estos días ha arreciado la presentación, por parte del MP, de denuncias conta exmandatarios de la CICIGI, ex o actuales fiscales de la FECI y también contra jueces. ¿Usted tiene varias solicitudes de antejuicio, cuál es su situación?

Tenemos conocimiento de siete acciones presentadas en este año 2022, solo entre enero y febrero.

Todas estas acciones sumadas a la que tengo en trámite del año 2020, pretenden retirar la inmunidad para que pueda ser juzgada, iniciar una persecución penal en mi contra. En esta última, fui notificada ayer y pude observar los documentos en los que se basan para pedir que se me retire la inmunidad por considerar que cometí al menos cuatro delitos, dentro de las pruebas lo que se coloca es una solicitud de audiencia que formuló una de las partes y la resolución que señala la audiencia.

Los otros documentos son la certificación de mi partida de nacimiento, de mi documento personal de identificación y los documentos que acreditan que soy jueza de mayor riesgo y en qué judicaturas he estado anteriormente, estos son los documentos que acompaña la petición de antejuicio en mi contra.

Los delitos que me señalan son prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstrucción de justicia. Yo me pregunto si señalar una audiencia que las partes han pedido constituye alguno de esos cuatro delitos.

Esto me coloca en una situación de riesgo y de amenaza porque sin ningún fundamento están tratando de criminalizarme, de generar en la población la idea de que he cometido delitos en el ejercicio de mi cargo y poder detenerme.

A nivel personal, es indudable que este tipo de procesos generan alguna reacción, ¿Cómo se siente o cuál es su estado de ánimo en este momento?

Me siento indignada y me siento preocupada. Indignada porque lo único que he hecho es trabajar, cumplir con lo que la ley establece y estoy siendo sujeta de un acoso constante con dos situaciones concretas: la primera, el anuncio de cada una de estas acciones y de información que está solo en poder del MP, y posteriormente la concretización de estas acciones ante la presentación de antejuicios que no tienen ningún fundamento en mi contra y la posibilidad que mis autoridades superiores les den trámite a estas peticiones.

Me molesta porque me pongo a pensar si los guatemaltecos han tenido esa misma respuesta rápida e inmediata en el trámite de sus solicitudes, en comparación a la que le están dando a estas acciones de hostigamiento en mi contra y de otros operadores de justicia.

También me pregunto si con esta misma celeridad se están investigando delitos reales como extorsiones, robos, asesinatos, o se esta perdiendo el tiempo y atacando a jueces independientes en el ejercicio de sus funciones y en el conocimiento de casos de alto impacto.

También siento preocupación por la destrucción del sistema de derecho, de administración de justicia y del Estado de derecho, porque no hemos encontrado una institución en este momento que este cumpliendo con el debido proceso y que pueda garantizar el respeto de nuestros derechos humanos y garantizar también la integridad física y nuestra vida, que estaría en grave riesgo en el momento en que nos separaran del cargo.

¿Qué opina de la decisión de no contar los años de juez como experiencia para postularse al cargo de Fiscal General?

Es perceptible por los mensajes en redes sociales, que indicaron antes de la presentación del amparo, que el mismo iba a ser interpuesto para que los jueces de mayor riesgo no pudiéramos tener la oportunidad de participar en el proceso de selección de Fiscal General.

Me parece grave que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) este dictada en el sentido que anunciaron y porque han existido resoluciones de CC anteriores que habían clarificado cosas tan sencillas como que los jueces para poder ser jueces tenemos que ejercer la profesión de abogados.

Cada año, en enero, la Corte Suprema de Justicia nos pide la constancia extendida por el colegio de abogados y notarios, que somos abogados colegiados activos. Es decir, que no tenemos ningún inconveniente para el ejercicio de la abogacía, entonces me resulta incongruente e incoherente que en el fallo de la CC considere que los jueces no ejercemos la profesión de abogados como lo establece la ley.

Esto nos limita la participación de jueces y juezas independientes, honestos, responsables que estoy segura que pudieran hacer un excelente trabajo al frente del MP. Me preocupa que esta institución pueda ser cooptada por intereses espurios y terminen de destruir los avances que se habían realizado en administración de justicia y de los casos de alto impacto.

Recuerdo que en el proceso anterior por lo menos hubo dos compañeros jueces que llegaron incluso a integrar la nómina final, que fue presentada para la selección de Fiscal General.

Se atenta contra la independencia judicial y se impacta de manera grave, porque impide que jueces y juezas que podrían tener un desempeño excelente en ese puesto, no tengan ni la oportunidad participar en ese proceso de selección.

Es importante que esta incoherencia pueda ser superada. La Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional y la propia Corte pude revocarlo, incluso sin necesidad que medie una solicitud de parte. Instaría a que se revise, para poder reivindicar el derecho de los jueces y juezas a participar en ese proceso de selección.

Varios operadores de justicia se han marchado al exilio, hay ex fiscales presos, ellos y ellas denuncian una persecución por parte de grupos de poder que fueron investigados: ¿Usted se siente perseguida? ¿Cómo está viviendo la situación actual?

En estos juzgados de alto impacto, conocemos casos fuertes, la mayoría están relacionados con estructuras criminales, delitos como narcotráfico, lavado de dinero u otros activos, graves violaciones a derechos humanos en la época del conflicto armado interno, delitos graves de corrupción e impunidad.

Todos estos delitos que nosotros conocemos ya tienen una característica de grave riesgo que es evaluada por la Corte para poder asignarnos estos procesos.

Esto se deriva que muchas de estas estructuras criminales tienen un carácter transnacional, pueden tener grupos de personas operando en diferentes países del mundo. Tienen una gran cantidad de personas integradas y una facilidad económica increíble, los niveles de operatividad de estas estructuras son fuertes, tienen acceso a armamento bélico que incluso es de uso exclusivo del Ejército, pero hemos encontrado que en algunos casos han tenido acceso a ese tipo de armamentos.

Hablamos de estructuras que son muy poderosas y que también buscan incrustarse dentro de las instituciones para buscar desde una aparente legalidad, continuar generando esa impunidad que les es tan necesaria para poder realizar sus acciones delictivas. Podría haber estructuras de crimen organizado incrustadas en los diferentes organismos del Estado y en la búsqueda de continuar bajo esos patrones de impunidad y corrupción, por las ganancias millonarias que los delitos les generan, pues buscan como separar a los jueces independientes del conocimiento de los procesos penales en su contra.

Es ahí donde hemos presentado las denuncias respectivas ante el MP, pero nunca el MP ha actuado con esa celeridad y diligencia con la que ahora nos está presentando múltiples acciones. En los casos en que nosotros hemos denunciado nunca ha logrado establecerse quién o quiénes están detrás de esas acciones ilegales.

La población y varios sectores organizados de la sociedad civil han realizado acciones de acompañamiento y muestras de solidaridad a su favor y de varios exfuncionarios de la FECI y la CICIG, ¿Tiene algún comentario sobre esas actividades?

Agradezco ese apoyo, solidaridad y acompañamiento. A pesar de todas las dificultades y amenazas para nosotros como jueces es muy motivante saber que, a través de ese trabajo responsable y honesto de cada día, hemos generado confianza y credibilidad. Y me refiero a la confianza en el sentido que podemos tener un mejor sistema de justicia.

Me he sentido acompañada. Siempre con la fe en Dios y agradeciendo que no nos han dejado solos, esa es la mayor satisfacción, haberle servido honestamente al pueblo de Guatemala.

¿Considera que el sistema de justicia y la democracia guatemalteca enfrentan algún peligro?

Claro que sí, y enfrenta uno muy concreto, porque está dejando de perseguirse la criminalidad organizada y otras formas de crímenes por estar persiguiendo a operadores de justicia que han estado a cargo de conocimiento de casos contra la corrupción, contra la impunidad de alto impacto en el país.

Además de eso, se está desnaturalizando el proceso. Ayer comentaba que incluso he recibido una resolución de la honorable CSJ en la que se me indica que en los procedimientos yo podré presentar las acciones que la ley me permita, pero ellos no las van a resolver y precisamente hoy me rechazaron uno de estos recursos que presenté, sin entrar a conocer si era procedente o no y únicamente indicaron que no conocían el recurso porque el expediente ya había sido trasladado hacia el magistrado pesquisidor.

Ya no existe ni esa posibilidad de acceso a la justicia, ni de un ejercicio libre del derecho a la defensa, esperar el debido proceso, o que puedan juzgarnos un juez independiente e imparcial y ese es el riesgo que tenemos todos y todas en el país, que por intereses espurios pueda procederse y detener a personas inocentes y puedan suspenderse investigaciones y dar libertad a personas que pudieran haber participado en comisiones de delitos y delitos de alto impacto.

¿Considera que puede seguir ejerciendo su trabajo de una manera tranquila, en las condiciones adecuadas y seguras o se enfrenta a obstáculos?

He expuesto, incluso internacionalmente que no ha sido posible en Guatemala hacer la judicatura sin las amenazas, intromisiones indebidas, sin intimidaciones y por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de analizar mi caso por cerca de un año, me otorgó medidas cautelares, que el estado de Guatemala se ha negado a cumplir.

Lejos de disminuir esos ataques a la independencia judicial, se han intensificado, porque estamos hablando que en menos de dos meses se han presentado siete acciones en mi contra y a esto se suman también los ataques mediáticos que se han incrementado.

Incluso, no se si saben, pero nos estaban siguiendo y grabando y divulgan las grabaciones sin que importara nada. Ya no existe ni siquiera la intención de ocultar los actos ilegales que realizan en nuestro perjuicio, si no que, por el contrario, tratan de que sean públicos para que sepamos el riesgo en el cual estamos trabajando.

No puedo decirle que en este momento este trabajando en un clima de total independencia. Y ante esto también la ausencia de aquellos actores que por ley están llamados a defender la independencia judicial y a respaldarnos como jueces.

¿Pese a tantas adversidades, por qué persiste en su trabajo?

Creo en el sistema de derecho y creo en que hay que defenderlo. Eso es lo que garantiza el cumplimiento del disfrute de los derechos humanos para todas las personas. Cuando hablo de esto me refiero a que es lamentable que el robo de los recursos públicos sea en las cantidades millonarias que se conocen y no lleguen para que puedan existir escuelas con condiciones mínimas para la niñez, salud en los hospitales y que todos esos fondos se desvíen en perjuicio de la población.

Es triste pensar todos los días en la cantidad de niños que mueren por desnutrición en el país, mientras seguimos permitiendo que actos de corrupción e impunidad les roben esa esperanza de vida. Todas estas circunstancias son las que me hacen seguir luchando porque un día las condiciones en Guatemala de vida sean diferentes.