Desde la toma de posesión de Alejandro Giammattei las mujeres han manifestado su rechazo hacia las proyecciones de represión y control social que se interpretaba en el primer discurso del nuevo presidente, que resaltaba “la certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo” como las banderas del nuevo gobierno junto con la iniciativa de ley que catalogaba como terrorismo a las pandillas.

Al mismo tiempo decía que las mujeres son el pilar del desarrollo “ustedes serán escuchadas, atendidas y protegidas. Merecen las mismas oportunidades de desarrollo y no porque lo diga una ley, sino porque valen tanto o más, trabajan tanto o más y se esfuerzan tanto o más que cualquier hombre. Y les digo, si alguien les pone una mano encima, se verá con toda la fuerza del Estado”. Días después, se conoció la noticia del femicidio de una niña. Chelsiry, que sigue impune.

Para Laura Aguiar, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- este 2020 ha sido “un año más donde la vida de las mujeres no es tomada en cuenta dentro de las agendas políticas. Un año más de represión en los espacios que se suponía eran seguros, y en las manifestaciones hubo mucha represión contra las mujeres. Que se quisieran quitar instituciones que están dirigidas específicamente hacia nosotras y que ni dentro del presupuesto ni dentro de las decisiones que se están tomando dentro del Congreso se demuestra interés por la vida de todas nosotras”.

Durante la manifestación del 8 de marzo, las mujeres resaltaron su rechazo hacia las prácticas autoritarias del anterior presidente Jimmy Morales y de la junta directiva del Congreso, y su alianza con sectores conservadores para promover la “Ley de protección de la vida y la familia –5272-” y el acuerdo 4-2020 que creaba una Comisión Nacional de la Violencia y el Delito presidida por el Ministerio de Gobernación. Desde entonces, la transición hacia Alejandro Giammattei se percibía como la continuidad de estas mismas prácticas.

Días después de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, el 13 de marzo el presidente anuncia en un evento de manera informal el primer caso positivo a COVID-19 en Guatemala. Los análisis desde las mujeres se centran entonces en el manejo de la crisis sanitaria, considerando las maneras en que cualquier medida de mitigación debía contener un enfoque especializado en las mujeres.

Con las primeras medidas del estado de calamidad, confinamiento obligatorio y toques de queda, se comienza a hablar de los riesgos que representaba para las mujeres el estar encerradas con sus agresores y no tener alternativas para salir y buscar ayuda, además de ver limitadas sus garantías y derechos políticos.

A ello se sumaron los estados de sitio decretados el 30 de mayo en tres municipios de Sololá con la idea de “enfrentar a los grupos armados y narcotráfico”, una medida que afectó principalmente a las mujeres mayas en movimientos comunitarios en defensa del territorio.

En un reportaje colaborativo con medios feministas de Latinoamérica, se constató el aumento de la precarización laboral y la violencia contra las mujeres durante la pandemia. La asociación Mujeres A’qab´al en Huehuetenango, relató que “la pandemia está marcando la vida de las mujeres y familias. Mujeres que han trabajado para sobresalir y salir adelante. Ahora no solo no hay trabajo, sino que los días en los que hay trabajo el pago es muy bajo porque todo se paralizó”.

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Considerando las medidas de confinamiento, las mujeres convocaron a distintas jornadas de cacerolazos para exigir que se congelaran los pagos de servicios básicos como agua y electricidad. El sector privado y las alianzas oficialistas en el Congreso se oponían a estas medidas.

El gobierno aprobó un «bono familia» y el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q3,667,500,000 para atender la emergencia sanitaria. Con el paso de las semanas, se evidenciaba que el bono no estaba llegando a las familias más necesitadas y que el presupuesto no se ejecutaba eficientemente.

A medio año, una noticia despertó la indignación y el dolor en el movimiento feminista: el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR- publicó que para junio de 2020 se registraban 1962 embarazos en niñas entre 10-14 años y 44,901 entre 15-19 años. Este fue un tema central para denunciar que, para muchas niñas, adolescentes y mujeres, quedarse en casa era un destino de violencia.

Otra decisión en detrimento de las mujeres fue la iniciativa del presidente para cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- y cambiarla por una comisión presidencial con menos incidencia. Distintas organizaciones de mujeres manifestaron su rechazo a estas intenciones y presentaron un amparo contra la iniciativa.

Las mujeres vuelven a las calles

En agosto de 2020, las medidas de confinamiento y control de la pandemia ya deficientes se habían disminuido, en camino a lo que el presidente llamó «trasladar la responsabilidad en los guatemaltecos”. Diversas organizaciones y en su mayoría mujeres, convocaron a la Plaza Central con la consigna “¿Dónde está el dinero?» aludiendo a la ineficiente ejecución del presupuesto para atender la crisis, y las consecuencias en la salud, vida y economía de la población. Durante varios sábados consecutivos se convocaba a la Plaza, desde organizaciones estudiantiles, colectivas feministas y colectivos diversos.

El mes siguiente se conmemoraba una fecha importante para las mujeres: el Día por la despenalización del aborto en América Latina. Se organizaron distintas acciones públicas entre el 26 y 29 de septiembre denunciando los embarazos en niñas y la violencia sexual. Semanas después, los femicidios de Litzy Cordón y Laura Hernández en Zacapa convocaron a las mujeres a las calles exigiendo justicia.

Justicia Para Litzy Cordón: ayer fue reportada como desaparecida y hoy fue localizada, pero sin vida.

La “Canción sin miedo» de la artista mexicana Vivir Quintana se convirtió en un himno para las mujeres. La letra fue adaptada para Guatemala, mencionando los nombres de varias niñas y mujeres asesinadas en los últimos años. Es así como las mujeres de Teculután, Zacapa, salieron con velas blancas y mantas exigiendo justicia y cantando sin miedo.

Esta misma acción se realizó en distintas plazas del país: Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz. El dolor ante los femicidios y la apatía de las autoridades constataban un hecho: ni el presidente, ni los ministerios, ni el sistema de justicia estaban escuchando, atendiendo, ni protegiendo a las mujeres.

#21N y la violencia contra las mujeres

Cuando se conoce la discusión del Presupuesto para el año 2021 en el Congreso de la República, la población en general manifestó su rechazo e indignación por varios hechos: se reducía el presupuesto para la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH-, se aumentaba para el PARLACEN y para dietas y construcciones del Congreso, y se reducía para la «gran cruzada por la desnutrición», un proyecto anunciado por el presidente desde su toma de posesión.

Pero las mujeres ya habían manifestado otra deficiencia: desde el 2018 no se otorgaba el presupuesto correspondiente a los Centros de Atención a Mujeres Sobrevivientes de violencia –CAIMUS-, y el 2021 seguiría igual.

Sin presupuesto para las sobrevivientes de violencia

Estas razones motivaron a distintas movilizaciones alrededor del país, desde las mujeres, los pueblos originarios y sus autoridades ancestrales, estudiantes y organizaciones diversas. Se realizaron plantones afuera del Congreso en los días previos al 21 de noviembre, un sábado recordado por la fuerte represión y violencia policial en contra de las manifestaciones ciudadanas en Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango.

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Con la violencia también se realizaron detenciones arbitrarias. Varias mujeres fueron detenidas y golpeadas por la policía, entre ellas la periodista Melissa Mencos, la estudiante de derecho Nanci Sinto, la integrante del sector interreligioso Roxana Coronado y sus sobrinas.

Semanas después se crea el Bloque Feminista, una articulación entre mujeres dentro de las manifestaciones ante los constantes ataques y agresiones de la policía y manifestantes que se unieron en contra de las feministas. El 5 de diciembre realizan el performance “Un violador en tu camino” con la letra adaptada para denunciar la represión policial, la responsabilidad del presidente Giammattei y el ministro de gobernación Gendri Reyes.

En este primer año de gobierno se vio la articulación de las mujeres contra distintas crisis: la sanitaria, la social generada por las tormentas tropicales Eta e Iota, la violencia y los femicidios. En cada una se resaltó el papel de las mujeres y especialmente de las jóvenes organizadas en distintos territorios, como el caso de Cobán, Alta Verapaz, donde la colectiva Feministas Cobán denunció cómo el presidente pretendía tomar el crédito por la ayuda humanitaria que brindaron las mujeres y la población.

Se hizo evidente que los discursos del presidente y sus aliados acerca de “atender, escuchar y proteger a las mujeres” partían desde una lógica patriarcal, que cuando las mujeres manifestaran sus necesidades y demandas se encontrarían con lo contrario: estigma, violencia y criminalización.

Ante ello, la articulación entre mujeres hizo resistencia y accionó contra la política patriarcal. Entre redes de apoyo y acciones de calle, las mujeres evidenciaron que siguen y seguirán presentes para denunciar a cualquier gobierno, desde su inicio hasta su último día.