Por Stef Arreaga

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, suspendió por segunda vez el debate oral y público que estaba programado para el lunes 27 de mayo, aduciendo “imposibilidad material”. un nuevo atraso en el proceso penal, que ha venido postergándose por distintas razones por más de dos años.

El pasado jueves, Magda Elizabeth Pérez Arana, jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, notificó a las partes procesales del caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de la suspensión del debate oral y público que estaba programado para el lunes 27 de mayo. De acuerdo a los argumentos de la jueza Pérez, la audiencia se suspendió por “imposiblidad material”, y fue reprogramada para el 22 de octubre de este mismo año.

Una abogada experta en el tema, nos explicó que cuando hay una suspensión de un juicio por la razón ya mencionada, puede ser por distintas causas: cuando se traslapa en agenda, cuando no se encuentra el juez designado, o al no existir instalaciones disponibles. Aunque esta notificación no da detalle de dicha imposibilidad, tenemos conocimiento por parte de algunos de los abogados querellantes, que la jueza Magda Pérez está próxima a jubilarse, y presentó su renuncia hace varios meses, por lo que en este momento hay un juez interino. Así que mientras resuelven estas situaciones internas, han decidido trasladar el juicio para el 22 de octubre de este año. 2 años y 7 meses después de iniciado el proceso penal por este caso, que dejó a 41 niñas fallecidas y 15 sobrevivientes.

¿Qué se puede rescatar de este atraso?

Al Ministerio Público (MP) y abogados querellantes representantes de las víctimas les interesa que el grupo número uno y el grupo número dos se fusionen en un solo debate. Este juicio solamente se iba a celebrar con los primeros tres sindicados que hasta el día de hoy se encuentran en prisión preventiva Carlos Rodas, Anahy Keller Zabala y Santos Torres, los primeros dos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el último el director del Hogar Seguro en ese momento.

El segundo grupo está conformado por los acusados Gloria Castro ex procuradora de niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Harold Augusto Flores Valenzuela quien en ese momento fungía como Procurador de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que, hasta el momento sigue ostentando ese cargo; Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín, ambos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), estos dos últimos se encuentran también en prisión preventiva por amenazas en contra de agentes que serán testigos durante el juicio.

Cabe resaltar que hay un tercer grupo de sindicados en donde se encuentra la jueza de San José Pinula, Rocío Murillo, su secretario, Ofelia Pérez Campos, encargada del área de “Mi Hogar” y una monitora de “Gaviotas” llamada Crucy López. Este grupo aún se encuentra en etapa de PRIMERA DECLARACIÓN, sin embargo el abogado Rodolfo Díaz de la Fundación Sobrevivientes no descarta que pueda agilizarse el proceso en estos cinco meses restantes y poder alcanzar a los otros dos grupos para que exista un solo debate.

Al unir los tres grupos a los grupos de sindicados no solamente sintetiza el juicio en cuanto a tiempo, sino que existiría menos revictimización con las familias de las niñas que fallecieron y que rendirán declaración durante el debate, además por economía procesal de no realizar tres juicios idénticos.

Las familias de las adolescentes serán informadas de este nuevo atraso para hacer justicia por sus niñas, a través de los abogados querellantes de la Fundación Sobrevivientes, el Bufete de Derchos Humanos, Mujeres Transformando el Mundo, Fundación Amor y la PGN quienes también representan a algunas de las víctimas.