En medio del sombrío panorama que a menudo enfrentan las defensoras de derechos humanos, es vital reconocer y relatar las historias de aquellas mujeres valientes que han dedicado sus vidas a la lucha por la verdad y la justicia. Estas historias no solo constituyen un ejercicio del derecho a la memoria, sino que son una  respuesta y denuncia frente a la criminalización que a menudo enfrentamos a manos del Estado.

Hoy compartimos la historia de Digna Ochoa y Plácido, una incansable defensora de los derechos humanos nacida el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz, México. Aunque su sueño inicial era convertirse en educadora, su vida tomó un rumbo distinto cuando su padre se convirtió en víctima de una desaparición forzada debido a su activismo sindical. Este evento impactante la llevó a cambiar su rumbo y a adentrarse en la abogacía. 

Digna no aspiraba a ser una abogada común, su objetivo era convertirse en una defensora de derechos humanos que empleara la herramienta legal para proteger a otras personas defensoras y activistas que hubieran sufrido violaciones graves de derechos humanos. Dedicó su vida a defender casos que desafiaban los intereses del Estado, representando a personas criminalizadas, torturadas y desaparecidas a manos de agentes policiales y del ejército mexicano.

Digna Ochoa desempeñó un papel crucial en numerosos casos emblemáticos que impactaron a la sociedad mexicana. Uno de ellos fue la masacre de Aguas Blancas, en la que la policía y agentes judiciales dispararon contra campesinos indefensos. También luchó incansablemente por los derechos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, líderes de un movimiento de oposición a la tala de bosques en Guerrero y uno de sus últimos casos que aceptó, fue la defensa de los hermanos Cerezo, presos de conciencia a quienes les fabricaron delitos y los torturaron durante 12 horas simplemente por promover la organización en defensa de los derechos humanos.

Personas conocidas comentan que junto con su colega, Pilar Noriega, eran conocidas en los tribunales como “las fierecillas” por su forma de defenderse y defender causas, por no dejarse intimidar por autoridades. Digna también fue una de las primeras abogadas mexicanas en litigar en el sistema interamericano de derechos humanos, destacando su compromiso con la justicia en el ámbito internacional de los derechos humanos.

Su labor afectaba los intereses de personas poderosas, lo que la convirtió en blanco de amenazas y agresiones. Incluso fue secuestrada en dos ocasiones, pero ninguno de estos incidentes fue investigado adecuadamente por las autoridades. La tragedia alcanzó su punto máximo el 19 de octubre de 2001, cuando Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho, evidenciando signos de violencia. Sorprendentemente, la investigación oficial se inclinó hacia la hipótesis del suicidio.

Este octubre, marcó el vigésimo segundo aniversario de este trágico suceso. La muerte de Digna  fue un feminicidio y una ejecución extrajudicial negados, crímenes ocultos bajo el velo de un sistema de justicia patriarcal que pasó por alto su incansable labor como defensora de los derechos humanos y llenó de forzadas hipótesis e incoherentes argumentos respaldados por estereotipos de género que buscaron criminalizar su incansable labor.

La teoría presentada por las autoridades carecía de respaldo científico. Los dictámenes psicológicos presentados se basaron en entrevistas sesgadas a personas cercanas, enfocándose en la salud mental de Digna y resaltando fracciones de las conversaciones que perpetúan estereotipos de género. Por ejemplo, se juzgaron sus relaciones afectivas como inusuales, se utilizó el hecho que era una mujer de 30 años sin una pareja estable como una señal de desviación de la norma y se interpretó su cabello corto como un signo de orientación sexual no heterosexual. 

Las autoridades también afirmaron que su elección de profesión como defensora de los derechos humanos era una actividad de riesgo y que, según los peritos, "buscaba morirse".  Incluso se utilizó su ímpetu religioso como algo que la hacía anhelar convertirse en una mártir y sin ningún sentido lógico, se le juzgó su espiritualidad (y nuevamente su salud mental) por una supuesta y no confirmada interrupción del embarazo. Todo esto fue utilizado por las autoridades para reproducir el discurso de que la muerte de Digna había sido un "suicidio disimulado". 

El Estado mexicano se esforzó en promover públicamente esta narrativa durante décadas, desacreditando su vida y su trabajo, recurriendo a estereotipos de género altamente discriminatorios que la culpaban de su propia muerte, ignorando los secuestros y amenazas que había enfrentado debido a su labor y promoviendo una ruptura hasta en el mismo movimiento social de la época entre quienes respaldaron la versión del Estado y quienes señalaban las inconsistencias del caso y denunciaban el clima de criminalización que este mensaje provocaba para otras personas defensoras de derechos humanos. 

Veinte años después, el 25 de noviembre del 2021, un día que quedará en la memoria de quienes defienden los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el caso "Digna Ochoa y Familiares vs. México". La Corte declaró que la investigación fue completamente deficiente, que el Estado era responsable de fomentar la criminalización de Digna por su labor como defensora de derechos humanos y que se habían violado sus derechos humanos al promover discursos discriminatorios de género para respaldar las hipótesis oficiales. En específico, se encontró al Estado mexicano responsable de la violación del Artículo 4 (vida), artículo 5 (integridad personal), artículo 8 (garantías judiciales), artículo 11 (honra y dignidad), artículo 25 (protección judicial) y artículo 1 (obligaciones generales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), así como el artículo 7 de la Convención Belem do Pará.

Esta sentencia marca un hito en la lucha por la memoria, la justicia y la verdad. Resalta la importancia de honrar la memoria y el trabajo de Digna Ochoa y Plácido, además de establecer caminos para conseguir una justicia digna, como la misma Digna buscaba, así como contar con los estándares de investigación pericial adecuados, transparentes y libres de discriminación en casos de violencia contra defensoras de derechos humanos. La sentencia y el caso recalcan la necesidad de prestar atención a todos los aspectos del proceso, incluida la investigación pericial. 

Digna Ochoa es un ejemplo inspirador que continúa desafiando los estereotipos de género en un sistema legal y la práctica pericial patriarcal y capitalista. Por ahora, seguiremos observando el cumplimiento de las reparaciones a las que está obligado el Estado mexicano para no sólo reabrir el caso e investigar de manera adecuada, sino también mantener su memoria y lucha bien descritas, como ella misma en reiteradas ocasiones diría, contar la historia de una mujer que se negó a vivir con miedo y que luchaba por otras personas cuyas historias deben contarse.