En 1984, la familia Salanic Chigüil conformada por Ofelia, Manuel Ismael y Esteban, y sus dos padres: Manuel y Antonia; vive en una residencia en Ciudad Real, zona 12 de la capital. En la medianoche del 14 de febrero, un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de civiles, se meten a su casa. Un grupo llega en una panel blanca y bota el cerco de lámina que rodea a la casa. Otros escalan el techo para introducirse a la vivienda. La familia duerme tranquilamente en el interior y se despierta porque alguien está pateando las puertas para entrar a las habitaciones.

Los hombres empiezan a disparar contra los muros para intimidar a la familia que todavía no alcanza a comprender por qué están allí. Pronto, tiran al suelo al padre y lo golpean. Mientras lo hacen le preguntan dónde están las drogas y las armas. Él y sus dos hijos responden que no tienen drogas ni armas en la casa. Los hacen escarbar la tierra del jardín para dar con ellas, pero no encuentran nada, los hombres no les creen y deciden torturarlos con choques eléctricos, especialmente a Manuel Ismael.

Antonia y Ofelia están retenidas en una habitación y las tienen encañonadas. A una corta distancia logran escuchar los gemidos de sus familiares mientras los torturan. Permanecen así durante dos horas, tiempo en el que los intrusos se quedan en la casa revisando y saqueando todo lo que consideran que es de valor. Aparatos eléctricos, joyas, ropa, mochilas y bolsas todo se lo llevan, pero no es lo único, amarrado de manos y sin ropa se llevan a Manuel Ismael. El resto de la familia permanece en el suelo boca abajo. Sus captores les advierten esperar 15 minutos antes de levantarse y al salir los amenazan con regresar, quemar la casa y matarlos si alguien denuncia lo ocurrido.

Manuel Ismael no regresó a su casa y su familia no volvió a verlo desde aquella noche, de eso han pasado más de 37 años. Su secuestro y desaparición desencadenó una búsqueda que, aún el día de hoy, no termina para los Salanic Chigüil y para otras familias que quieren dar con sus seres queridos desaparecidos por el régimen militar de Humberto Mejía Víctores y cuyos nombres quedaron inmortalizados en el Diario Militar.

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Maria Ofelia Salanic Chigüil, de 54 años, es maestra de educación primaria urbana. Tiene raíces mayas k’iche’ y ha dedicado más de la mitad de su vida buscando a su hermano, Manuel Ismael.

Su padre era originario de Quetzaltenango y su madre de Totonicapán, pero ella, sus dos hermanos y una hermana, crecieron en la Ciudad de Guatemala por el trabajo de sus padres. Su infancia la recuerda como “muy bonita” y llena de momentos de convivencia.

“Mi hermano Manuel Ismael desde muy pequeño fue muy inteligente. Cuando mi hermana mayor enfermó, él le decía a mis papás: yo voy a ir a clases en lugar de mi hermana. Mi papá fue a hablar con el director de la escuela y le dijo que mi hermano podía llegar a estudiar. Él respondió bien a los estudios porque ya sabía leer, cursó casi toda la primaria en la escuela de la colonia. En cuarto grado, una de las maestras que vio que era inteligente, puso un colegio privado y le ofreció llevárselo becado”, contó Ofelia, quien era un año y medio menor a su hermano.

Los dos estudiaron para ser maestros, Manuel Ismael estudiaba por las tardes en la Normal para Varones en la zona 13 y cursaba el último año de la carrera en el Instituto Rafael Aqueche. Por las mañanas llevaba a Ofelia a la parada del bus para que pudiese llegar a tiempo a sus clases en el INCA.

“Ese día, el 14 de febrero de 1984, cuando regresó de sus clases todavía platicamos que quería ser doctor. Me dijo que iba a trabajar duro por eso. Como la carrera de medicina era demasiado cara y no se podía trabajar, él dio la idea de que se hiciera un horno para pan y que en sus ratos libres iba a estar ayudando a mi papá en la venta”, indicó Ofelia, quien lo recuerda como una persona propositiva y extrovertida. “Siempre estaba viendo cómo podía ayudar. Con cualquier cosa era responsable, era el que tomaba la palabra y hacía las cosas sin pensarlo tanto”, agregó.

Manuel Ismael tenía un plan trazado que incluía contar con la ayuda de su hermana mayor, Lucrecia, quien un año antes se había mudado a Estados Unidos.

– ¿La familia sabía que Manuel Ismael era integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)?

– A nosotros no nos dijo claramente que era militante del EGP, pero nos dimos cuenta de que llegó a ser un líder de la Escuela Normal. Allí empezó a dar sus pasos y seguramente se integró en el EGP. Después del terremoto del 76, lucharon mucho para que se construyera un edificio formal. Cuando subía el pasaje de 5 a 10 centavos, ellos lideraron las luchas de resistencia. Estoy segura de que de allí dio sus pasos para ser militante de EGP, era bien comprometido. Cuando apareció el Diario Militar me di cuenta de que había algunos compañeros de él, que los conocimos y que vinieron a nuestra casa.

La militancia política no era algo que se comentara libremente en Guatemala, especialmente en los años de la represión militar. Decirle a la familia sobre su participación en el EGP habría significado ponerlos en riesgo. Cuando el Diario Militar salió a la luz en 1999, el documento le ayudó a Ofelia y a sus padres a entender por qué se lo llevaron.

A pesar de las amenazas de los hombres que lo secuestraron, su padre no perdió tiempo y empezó a buscarlo.

“Mi padre se armó valientemente y al siguiente día fue a dar parte a la policía. A sabiendas de las consecuencias. Se interpusieron varios recursos de exhibición personal, pero no dio ningún resultado. Le mandó a pedir audiencia al ministro de Gobernación, Gustavo López Sandoval, en un telegrama le dijo que lo recibiría. En la reunión le dijo que ya sabía del caso y que investigaría con el director de la Policía, que no tuviera pena”, relató Ofelia.

Antes de que se terminara el año, dos delegaciones del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional (DIT), los visitaron. La primera les hizo algunas preguntas y la segunda examinó los disparos en los muros de una habitación donde dormía Manuel Ismael.

“Seguramente habían sido disparos de armas que solo autoridades tenían, dijeron. A finales de ese año, a mi papá lo mandaron a llamar y le dijeron que -mi hermano- sí había sido secuestrado, pero que no sabían dónde estaba y que cuando tuvieran información le mandarían a llamar. Y así quedó”, contó, pero esa llamada nunca llegó.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

Sin una respuesta estatal a la cual recurrir se unieron al Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que tenía unos meses de haber sido fundado, su objetivo era dar con los desaparecidos. De allí nació la consigna que ganó eco en las caminatas y las protestas y que aún hoy, se utiliza en casos de memoria histórica: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

“Todo el tiempo acompañé a mi papá desde que estuvo en el GAM. Yo tenía 17 años. Al graduarme de maestra me puse a trabajar porque hacía falta un ingreso mientras mi papá se dedicaba a la búsqueda de mi hermano. Íbamos todos los sábados al GAM”, dijo.

Pasaron 15 años sin respuesta, antes de saber algo de su hermano se firmó la paz entre la guerrilla y el Ejército. Tres años después, en mayo de 1999, el noticiero de una emisora de radio nacional anunciaba la filtración de un documento con los nombres de personas que el Ejército consideraba enemigos del Estado, se trataba del Diario Militar.

El texto, que consta de 73 páginas, fue publicado por la ONG gringa, National Security Archive. Es un documento confidencial de la inteligencia estatal guatemalteca con información sobre las organizaciones opositoras al régimen militar de derechos humanos, medios de prensa, sus actividades, direcciones de vivienda, fotografías y afiliación política, además de contener las acciones perpetradas contra dichas personas.

“Al día siguiente, fuimos a comprar el diario y allí había un listado de personas. Entre ellos estaba el nombre de nuestro hermano, nos dio un sentimiento de angustia al saber que al fin sabíamos algo de él. Había esperanza de saber dónde estaban sus restos, fueron muchas interrogantes sin una respuesta”, relató.

La organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FAMDEGUA), realizó una conferencia de prensa y les entregó la ficha de Manuel Ismael.

“Nos dimos cuenta de que todo lo escrito fue lo que exactamente pasó y lo que nos negaron durante todos esos años. Tenía la dirección, la fecha, sabían que pertenecía al EGP y cuántos días estuvo en manos de sus captores. Allí nos dimos cuenta de que fue el mismo Estado el que lo capturó, cosa que ya sabíamos, pero que nos negábamos a aceptar”, contó Ofelia.

Pero la foto que aparece en el Diario Militar no es Manuel Ismael, sino su hermano pequeño, Esteban, quien está vivo y quien junto a sus hermanas continúa exigiendo justicia. “Cuando vinieron a sacar a mi hermano se llevaron varias fotos, posiblemente de allí la sacaron -y la confundieron-”, dijo.

Aun con la publicación del Diario Militar, los Gobiernos de la era democrática y de paz no asumieron una responsabilidad ante las desapariciones, ni proporcionaron información sobre su paradero. Los Salanic Chigüil utilizaban los mecanismos legales para obtener justicia, pero eran mecanismos del mismo sistema que les había arrebatado a su familiar. Así que nada prosperó a su favor.

Justicia por el sistema americano

En 2005, la Fundación Myrna Mack les planteó la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ofelia y su familia estaban dispuestos a todo para saber dónde estaba su hermano y qué había pasado con él. Antes debían de construir el caso que fue llamado “Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala”. El mismo año se descubrió la existencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional que contiene planes militares y policiales de operaciones contrainsurgentes.

La CIDH dictó sentencia en 2012, donde reconoció la implicación y responsabilidad del Estado guatemalteco. La corte dictó medidas de reparación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, entre ellas una reparación económica, pero también llamaba al Gobierno investigar a los responsables, sancionarlos y llevarlos a juicio. Hasta ahora, solo han conseguido que el Gobierno publique la sentencia.

Una de las medidas de conmemoración y homenaje que la CIDH ordenó fue la producción de un documental sobre los hechos y contexto del Diario Militar, que debía de ser producido por el Estado, pero este siguió sin dar una respuesta de las reparaciones. Así que en 2017, las familias de los desaparecidos lanzaron «Sin Miedo», un documental del cineasta ítalo-español Claudio Zulian.

En ese entonces, estaba en el poder el primer Gobierno militar desde la firma de los Acuerdos de Paz, bajo el mando de Otto Pérez Molina, quien se negó a aceptar la sentencia del CIDH. Un año después, iniciaría el primer juicio contra militares conocido como el Juicio por Genocidio.

El papá de Ofelia todavía pudo ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el exjefe de facto, José Efraín Ríos Montt, por el asesinato de más de 1,700 indígenas Ixiles entre 1982 y 1983, pero ya no pudo presenciar la aceptación de responsabilidad del Estado en el caso de la desaparición de su hijo, pues falleció en 2014.

“No logró ver dignificada la memoria de su hijo”, se lamentó Ofelia, quien no puede querellarse en el caso del Diario Militar por ser hermana de la víctima, pero sigue de cerca la acusación en contra de 12 implicados. Entre ellos militares retirados y altos mandos de la policía, que son señalados de haber planificado y ejecutado las desapariciones de activistas, líderes estudiantiles y supuestos miembros de la guerrilla.

El testimonio del padre de Ofelia no fue registrado por el juez que lleva actualmente el caso, Miguel Ángel Gálvez, pero sí pudo tomar el testimonio de su madre, quien aún vive y espera justicia por su hijo.

¿Dónde está Manuel Ismael?

“Lo que nosotros más quisiéramos, más que la sentencia, es saber dónde está Manuel. Saber por qué pasó, por qué lo hicieron y qué fue de ellos, para así cerrar este duelo y poder acabar esta historia. Saber dónde dejaron a nuestros seres queridos. La verdad y la justicia es lo primordial para nosotros. Esperamos que se logre al final. Que podamos ver una pequeña luz al final de todo esto. Que no se vuelva a repetir en la historia, fue un capítulo doloroso en la historia del país y no ha habido voluntad política para poder resolverlo”, recalcó Ofelia.

– ¿Cómo moldeó la desaparición de su hermano su vida?

– “Fue un cambio total de vida, vinieron muchas consecuencias. Hubo fragmentación de la familia. Fuimos señalados por familiares y por vecinos. Estigmatizados. Me siento satisfecha de haber contribuido a este proceso de lucha porque a pesar del miedo, de la represión, este caminar ha sido largo, doloroso, pero la verdad nos ha marcado. Estamos empezando este proceso a nivel nacional y quisiéramos ver esa pequeña luz de nuestro esfuerzo que nos ha costado. Lo tenemos que hacer por los abuelos y los padres, por aquellos que ya no están sin haber visto recompensado su sueño, seguimos en la lucha”.

Ofelia, a sus 54 años, permanece como el paladín de justicia para su hermano ahora que su padre ya no está. En Guatemala, cuando los veredictos tardan tanto en llegar, la lucha se torna intergeneracional. Solo le queda esperar que si un día llega a faltar, sus hijos, ahora universitarios, peleen por la memoria de su tío.