Dos diputados de Semilla denunciaron que el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, no actuó ni protegió los derechos de estudiantes, docentes, trabajadores y activistas que están siendo criminalizados por Walter Mazariegos Biolis exdecano de la facultad de Humanidades y por algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).

Por Prensa Comunitaria

El pasado 19 de marzo, los diputados de la bancada Semilla, Brenda Mejía y Raúl Barrera realizaron una visita al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, a quien le solicitaron actuar y evitar la violación de derechos humanos de 73 estudiantes, docentes y trabajadores a quienes el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC pretende expulsar y despedir de manera arbitraria por oponerse al fraude electoral con el que se impuso Walter Mazariegos en la rectoría, en 2022.

Ante la posibilidad de que el CSU ratificara en sesión ordinaria instaurar las medidas disciplinarias, los diputados solicitaron al PDH que interpusiera un amparo preventivo, para evitar que el CSU lograra su cometido. Sin embargo, Córdova no actuó.

El 20 de marzo, el CSU ratificó el Acta 6-2024 sobre las medidas disciplinarias contra las 73 personas, ese mismo día tanto Mejía como Barrera informaron por medio de sus redes sociales que Alejandro Córdova se había negado a interponer una acción de amparo de manera preventiva y que esperaría a la resolución del Consejo Superior Universitario para actuar.

Mejía indicó que el dictamen emitido por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la USAC, busca aplicar la máxima sanción de expulsión a estudiantes y despido a docentes, trabajadores y personas ajenas a dicha casa de estudios, usando como pruebas las imágenes de redes sociales donde los involucrados ejercían sus derechos.  Se buscó al PDH para recordarle sus funciones y exigirle la prevención a la violación de los derechos de los más desprotegidos que en este caso son los estudiantes, indicó.

Otro de los temas tratados con Córdova fue la desobediencia en la que incurrió el Secretario General, Luis Fernando Cordón Lucero y Walter Mazariegos al no restituir a Camilo García como representante ante el CSU y como estudiante de la USAC.

Córdova indicó que ante esta situación no podía hacer nada ya que el caso esta judicializado, limitándose a realizar la sugerencia de solicitar la debida ejecutoria del amparo, para obligar a la universidad a restituirle sus derechos. También comentó que Camilo García se avocó al PDH a quien se le asesoró sobre medidas de seguridad nacional e internacional.

Camilo García negó haber recibido algún apoyo del PDH.  Explicó que Córdova le indicó no tener ninguna jurisdicción en el caso y que tampoco lo ayudó o asesoró en medidas de seguridad.

El apoyo del PDH a Mazariegos

Lo que sí hizo el PDH fue acompañar las solicitudes de Walter Mazariegos, para intervenir a favor del CSU, según el informe jurídico Dictamen DAJ 13-2024 con el que se criminaliza a los universitarios. Este dictamen fue elaborado por la abogada Astrid Elizabeth García Castillo, directora de jurídico de la USAC.

Uno de los informes incorporados para argumentar las drásticas sanciones en contra de los estudiantes, docentes y trabajadores fue el documento PDH-INV-2022-1372 de fecha 16 de diciembre de 2022, el cual señala que:

 “…se hace de conocimiento lo siguiente: “(…) IV. Ante la falta de voluntad de dialogar de algunas de las partes identificadas en el presente conflicto y no pudiendo obligar a ninguna de ellos a tomar una decisión, el Procurador de los Derechos Humanos se mantendrá dándole el seguimiento debido para evitar que se violente cualquier derecho de los guatemaltecos”.

Córdova además indicó que personal de la oficina del PDH estuvo presente en el proceso de regreso a la presencialidad de la USAC, también explicó que se avocó al hospital Roosevelt el día 27 de enero para verificar que tratamiento estaban teniendo los cuatro compañeros que fueron agredidos por varios supuestos estudiantes en la facultad de derecho.

Los diputados también cuestionaron al Procurador sobre una denuncia interpuesta por algunos estudiantes el pasado 1 de marzo por la posible criminalización en contra de varios universitarios. Córdova indicó que se encuentra trabajando sobre este tema y ha solicitado informes respectivos para resolver conforme a sus funciones.

Los vínculos de Córdova con la Usac y la regresión autoritaria

Alejandro Córdova fue estudiante de la carrera de Derecho de la USAC, su tesis fue aprobada en 1999. En 2020 Córdova fue señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de negociar la integración de las cortes de justicia junto a Gustavo Alejos Cámbara, implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, la FECI en ese momento estaba dirigida por Juan Francisco Sandoval.

Previo a su elección como PDH, Córdova fue señalado por Movimiento Pro Justicia de ser uno de los operadores del abogado Sergio López Villatoro alias el “Rey del tenis” quien, tendría un papel activo en la cooptación del aparato de justicia. De ahí que el actual PDH saliera electo como magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo de familia.

En julio de 2022, Córdova fue elegido por el Congreso como PDH y sustituyó a Jordán Rodas Andrade quien había concluido el periodo como procurador. Éste último debió salir del país ante la persecución política en su contra.

Fue precisamente una denuncia realizada por Córdova la que bloquearía la candidatura de Rodas como candidato vicepresidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y por medio de la cual se iniciaría la persecución política del ahora exprocurador.

Luego de esa denuncia, Rodas Andrade presentó una denuncia penal en contra de Córdova por vedarle el acceso de información del expediente por el cual se le investigaba. Sin embargo, el Ministerio Público protegió a Córdova al desestimar la denuncia.