“Recuerdo haber visto en una ley que si el hombre no cumple con aportar para los gastos que le corresponden es violencia económica. Yo además viví violencia verbal y psicológica y cuando el juzgado no resuelve, al menos, con responsabilizar económicamente a los hombres me doy cuenta que el Estado es parte del maltrato”.

Yadira 41 años, mamá autónoma

Por Andina Ayala 

Las mujeres que demandan a los padres de sus hijos o hijas por incumplir con la pensión alimenticia que les corresponde, muchas veces son obligadas a convertirse en sus propias abogadas defensoras. Esta es una situación que se repite en las entrevistas que sostuvimos con tres madres para este reportaje. 

Ruda ha indagado sobre las principales problemáticas que enfrentan las madres autónomas que demandan la pensión alimenticia de sus hijos e hijas. Los hallazgos cuestionan, ¿Por qué no estamos dando mayor visibilidad a esta problemática? 

Según datos brindados por el Organismo Judicial (OJ), de enero 2013 al 20 de noviembre de 2023 fueron ingresados  87 mil 925 casos  para la fijación de alimentos a nivel nacional (también llamada “pensión alimenticia”) y el departamento de Guatemala ha sido el que más ha registra dichas demandadas con 24 mil 839 casos. 

De los más de ochenta mil casos abiertos para la fijación de alimentos a nivel nacional, 72% no han obtenido sentencia, solo 24 mil 618 (28%) han llegado al final del juicio. El dato positivo es que en el 98% de estos casos, el sistema de justicia ha fallado a favor de los menores de edad, y fijó una cuota a favor de los legalmente conocidos como alimentistas.

Pero un problema posterior aqueja a miles de mujeres cuando el demandado no cumple con las cuotas. De acuerdo con los datos del OJ, en esta misma década se abrieron 37 mil 317 casos por negación de pensión alimenticia.

Dos mujeres en esta situación son nuestras entrevistadas, Eugenia y Yadira. Eugenia tenía un acuerdo voluntario con el padre de su hija, pero al incumplirse optó por demandar. “Me tocó hacer una demanda que se conoce como “ejecutivo de cobro por la vía de apremio”. Conseguí una abogada muy buena que sabe todos los caminos y vericuetos del sistema”, explicó.

Invertir en una abogada no es opción para miles de mujeres, como en el caso de Eugenia. Para ella, es más importante su afán de justicia. La abogada le explicó que el proceso era costoso y que generalmente no se resolvía antes de dos años. “¡Imagínate! que uno necesita hacer pagos o cubrir necesidades de los hijos y que te digan esto. Pero bueno, pensé que, si iba a tardar, lo importante era empezar con el día uno”. Eugenia enfatizó que esta es la única vía que tienen las mujeres. Es un camino doloroso porque no se encuentra comprensión, soporte ni apoyo.

“Realmente estás sola contra una ley que lo que hace es protegerlos a ellos y que nos deja como las locas, como las que no queremos trabajar y como las que andamos rogando una pensión, cuando en verdad quienes la necesitan son sus hijos, que dependen económicamente de los adultos que deberían proveer”.

El caso de Yadira es similar. El padre de sus hijas solo depositó Q1 mil una vez: Q500 por cada una de las niñas, monto que fijó el juez. De esto, han pasado siete años. Su mayor motivo para denunciar fue marcar un precedente, para que el papá de sus hijas detuviera el acoso y la violencia psicológica contra ella:

“Yo quería que se fijara la responsabilidad y que dejara de llamar para insultarme. Quería que dejara de denigrarme y de inventar cosas de mi vida personal, de decirle a nuestros conocidos que yo era una prostituta”, explicó Yadira con un tono de voz acalorado e invadido de frustración.

Ella decidió no denunciar al padre de sus hijas por toda la violencia verbal y psicológica que recibió. Esto porque considera que no es fácil demostrar estas afectaciones, pero al menos se conformaba con que el Estado hiciera justicia para sus hijas.

“Ahora él se ríe de mí. No puedo ir siquiera a una estación de policía, llevar una boleta y demostrar que tiene años sin cumplir. La policía no hace nada, ni como mínimo llamarlo o darle una advertencia. No se puede hacer simplemente una denuncia, hay que abrir otro proceso que también puede llevar años. En su momento no lo hice porque recuerdo cuando fui al juzgado la primera vez y todavía me duele. De todos modos, me va a ganar y de todos modos ni se va a ir preso por no cumplir”, agregó Yadira.

¿Quién le falla a las mujeres y a sus hijos?

Andrea Solórzano Pintuj es abogada y trabajó durante veinte años dando asesorías legales a mujeres en diferentes entidades. Durante los tres años que laboró en la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Guatemala, llegaron a su oficina 5 mil 400 mujeres por casos de pensión alimenticia. La mayoría no presentó una demanda por no contar con recursos para pagar el acompañamiento legal de todo el proceso.

“Yo a diario atendía a 16 mujeres aproximadamente y cada caso era desgarrador. Lo que sucede en Guatemala es que hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que solo están como red de asesoría y derivación”, explicó Solórzano.

Los casos más duros son aquellos en los que los hombres, además de no dar la manutención, quieren quitarle los bienes a las mujeres. “Él es solo su conviviente, pero le quitó dos vehículos que compraron con el dinero de mi clienta. Por amor, los bienes están a nombre de él. Además, la manipula diciéndole que le dará el dinero de la pensión si ella se acuesta con él”..

Aunque su clienta en realidad es la víctima, ahora es sindicada por su ex conviviente, pretende quitarle y la ha denunciado. “Las mujeres reciben violencia por exigir la manutención de sus hijos”, resaltó.

Estas violencias no están tipificadas. Ninguna institución ha recibido esta denuncia por coacción para tener relaciones sexuales a cambio de la manutención. Según Solórzano, su clienta acudió al Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) del Ministerio Público (MP), pero le indicaron que no era allí donde debía presentar la denuncia. La enviaron a la sede central del MP en Gerona, donde le respondieron que debía regresar a MAIMI. Finalmente, ella fue a un juzgado de Paz Móvil, pero allí solo la escucharon.

Para Andrea Solórzano, el Estado les falla a las mujeres desde la educación de la niñez, pues contribuye a los roles de género y no realiza cambios significativos en la idiosincrasia de la población. Falla al no promover el ejercicio de una sexualidad y reproducción responsable.

“Por ejemplo, muchas mujeres nos casamos mal, supuestamente enamoradas sin voz ni voto. La iglesia también nos falla al enseñarnos que las mujeres le debemos ciega obediencia a los hombres”. Andrea compartió que, aunque ella es una abogada con experiencia, para que su divorcio fuera rápido aceptó una pensión alimenticia que no cubre ni el 25% de su presupuesto y se ha visto obligada a trabajar exhaustivamente, hasta en días domingos.

Las que no demandan

Por otro lado están miles de mujeres que no demandan y sus diferentes razones. La mayoría de ellas no lo ha hecho por no tener los recursos ni tiempo y otras porque no quieren tener contacto con el progenitor- agresor.

Isabel* es la tercera madre autónoma con la que Ruda conversó. Ella decidió no demandar la pensión alimenticia, porque estuvo cinco años dando una batalla legal contra el papá de sus hijos por violencia física en el Juzgado de Femicidio del Municipio de Mixco y por abuso contra menores en la Procuraduría General de la Nación (PGN).

“Yo sufrí violencia física, verbal y económica, pero denuncié por la física en el año 2016. Yo ya no quise seguir con el tema de la manutención porque es un proceso desgastante, pero aparte de eso, nuestro sistema está infestado de corrupción. Desde el juez, fiscales y hasta los que notifican se inclinan más por el que tiene dinero que por el que tiene la verdad,” indicó Isabel.

Isabel describió una larga lista de acciones legales que sostuvo para que el caso no se cerrara, incluidos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que los jueces, tanto del Juzgado de Femicidio como de PGN en Mixco, no obligaran a sus hijos a visitar a su papá, aún cuando éste les seguía agrediendo físicamente.

“Gasté alrededor de Q150 mil en abogados. Los costos judiciales fueron de más de Q2 mil y la reparación digna fue ridícula de Q3 mil 400 y al día de hoy no se me ha pagado. Lo único que sí obtuve fue la sentencia de 5 años conmutables y demostrar que había sido verdad que me había golpeado, que yo no mentía”, enfatizó Isabel.

Más allá de la violencia económica Isabel reflexiona que llevar a término su caso, fue “ganar paz”. Asegura que de no haber iniciado las demandas, ella no estaría con vida, ya que su ex pareja en repetidas ocasiones la amenazó de muerte. Ella, además, sufrió un intento de secuestro y un disparo mientras estaba dentro de su vehículo.

Según las autoridades, no había motivos para sospechar que el autor de aquellos vejámenes fuera el papá de sus hijos, quien en la última oportunidad que tuvo la había golpeado hasta fracturarle varias costillas y una mano.

El veredicto no fue alentador, pero terminar el caso le ayudó a cerrar un ciclo de violencia y a decidir tomar terapia. “Yo tengo muy claro que ambos somos responsables de la manutención de los hijos, pero en este país tristemente si el papá dice -yo gano el mínimo-, solo le imponen Q.500 mientras que las mamás tienen que fajarse educación, comida, techo y no importa. Las autoridades te dicen -‘pobre’ el hombre, acepte lo que le ofrece-”.

Para este reportaje Ruda lanzó una encuesta digital que recopiló la experiencia de 158 madres autónomas. De ellas, 73 respondieron que no harían una denuncia, aunque la mayoría dijo que les gustaría hacerlo. Esto debido a que el proceso es largo, difícil, y no cuentan con el dinero ni tiempo para abrir su caso.

“Yo fui a los bufetes populares. En uno me dijeron que podía pagar con cuerpomatic, (con el cuerpo) y salí. Fui a la Defensoría de la Mujer y me dijeron que mi caso ya iba muy adelante y que yo tenía problemas con mi ex esposo porque no accedí a hacerle sexo oral, que era lo que les pasaba a las mujeres. Fui a Fundación Sobrevivientes y allí hablé con cinco abogados y todos me decían que no se podía porque el caso iba avanzado”, dijo Isabel.

Yadira, Eugenia e Isabel, pertenecen a diferentes contextos sociales y económicos. Las tres dijeron a Ruda que esta situación las obligó a aprender de leyes e involucrarse en sus casos para que haya seguimiento. A Yadira incluso se le pidió que entregara ella misma una orden de alejamiento al papá de sus hijas porque la policía nunca lo encontraba en la dirección.

Los datos y los testimonios demuestran una realidad: para las mujeres demandar por violencia o por la pensión alimenticia de sus hijos es como escalar un volcán sin zapatos. La abogada Andrea Solorzano pregunta: ¿Será el Estado el que les quita la oportunidad a las mujeres de demandar?

La abogada recuerda muy bien el caso de una señora que quería iniciar el proceso ejecutivo de cobro por negación de pensión alimenticia. “La señora llegó conmigo a la Casa de la Mujer, y me dijo: ¡licenciada, se lo juro que no tengo dinero, tengo 30 quetzales en mi bolsa y me están cobrando 75 quetzales por un memorial!”

El timbre de un memorial tiene un costo de un quetzal y Andrea lo sabía. Quiso ayudar a aquella señora y pidió autorización para realizar el memorial, pero la coordinadora de la Casa de la Mujer se la negó, ya que en dicha instancia “sólo se asesoraba”. “Las instituciones fingen que están ayudando, pero nadie en realidad está llevando los casos y nadie piensa en la carga que llevan las mujeres, por eso yo planteo que la violencia por pensión de alimentos es psicológica, es emocional, es patrimonial y es económica”, dijo Solorzano.

La abogada destaca una forma de violencia que a menudo pasa desapercibida: la violencia vicaria contra las mujeres. Esta se manifiesta al negar de manera deliberada los recursos necesarios, con el objetivo de que las mujeres asuman solas todos los costos económicos y sufran el desgaste físico y mental para perjudicar su calidad de vida.

Las teóricas feministas postulan que los hombres odian pagar la pensión alimenticia de sus hijos, no por la cantidad de dinero o el gasto que les implique, sino porque en la lógica patriarcal, proveer económicamente supone la garantía de control sobre el rumbo y las vidas de sus ex parejas e hijos. Para ellos, el problema no es perder recursos, sino el poder.

“Una de las manifestaciones de la cultura patriarcal es el poder. El ejercicio del poder ubica a las mujeres y a los hombres en espacios diferenciados, a los cuales corresponde una valoración desventajosa para todo lo representa al género femenino. Sin esta socialización no sería posible la reproducción de la violencia y la discriminación sistémica. Este ejercicio se perpetúa, entre otros factores, por la relación que existe entre la división sexual del trabajo”, propone Marcela Lagarde, académica feminista.

Pandemia de deudores alimentarios

Ruda también solicitó información pública al Sistema Penitenciario. Los resultados son desalentadores y confirman la desesperanza de muchas mujeres que optan por no demandar.  

Las demandas por negación de pensión alimenticia superan los 37 mil casos, pero durante los últimos 10 años, solo se han registrado 1 mil 179 personas privadas de libertad por este delito. En lo que va del año 2023, únicamente 110 personas han ido a prisión por este motivo.

Los esfuerzos por erradicar esta problemática

En México un movimiento de mujeres ha conseguido que en marzo de 2024 entre en vigor la Ley Sabina, que establece un registro para los deudores alimentarios y una serie de restricciones para todos aquellos que intenten evadir cumplir con el sostenimiento de sus hijos.

Esta iniciativa ha puesto en perspectiva y brinda un rayo de esperanza para las mujeres en la región que exigen justicia y equidad en el tema manutención de las infancias y adolescentes.

En Guatemala por su parte, la última propuesta de ley sobre este tema se dio a conocer el año 2020, cuando la magistrada Silvia Patricia Valdés de la Corte Suprema de Justicia, acompañada del presidente de la Cámara Civil, magistrado Manuel Duarte y la magistrada Vitalina Orellana, presentaron al presidente del Organismo Legislativo, un paquete de siete iniciativas de ley. Una de ellas intentará mejorar la administración de justicia en los Juzgados de Primera Instancia de Familia.

La iniciativa propone establecer los montos de pensión alimenticia y señala que los procesos en dichos juzgados han incrementado, lo que impacta negativamente en la resolución de los mismos. Según el análisis del OJ, una cantidad adecuada en concepto de ínfima cuantía en materia de familia debe ser modificada en la suma de Q18 mil anuales, tomando en cuenta el salario mínimo.

En mayo de 2021, el Pleno del Congreso de la República pasó en primer debate la iniciativa 5807, que busca modificar la cuantía de pensión regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Lee más aquí: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6322/2021/4

Con la modificación a los montos mínimos y máximos para pensión de alimentos, si se trata de un solo hijo o hija, debe pagarse por lo menos el 40% de un ingreso mínimo. En el caso de dos o más hijos o hijas, el monto mínimo es de por lo menos el de un ingreso mínimo por cada uno de ellos. En ambos casos la pensión de alimentos no podrá exceder del 50% del ingreso del demandado. La iniciativa fue ratificada y entró en vigencia en abril del año 2022.

*Nombre ficticio