El temor por su vida llevó a que la defensa solicitara la suspensión de la primera declaración de la exfiscal de Feci-Quetzaltenango.

La semana pasada, cuando Virginia Laparra y su equipo legal buscaba una audiencia para revisión de medidas, el Ministerio Público (MP) la notificó de una segunda orden de captura en su contra y su salida de prisión preventiva estaba más lejos. En esta ocasión, el juzgado que emitió la orden es de Quetzaltenango.

Este martes 25 de octubre se programó que la jueza Carmen Acu, del Juzgado de Primera Instancia Penal, conociera varias diligencias: una conexión de los casos solicitada por la defensa de Laparra, una verificación de avances de la investigación que la requirió el denunciante y además la primera declaración de la exfiscal.

En la audiencia, la jueza dio a conocer que existían varios memoriales a conocer, uno de estos fue la recusación de la defensa de Laparra para que ella no conozca el proceso.
La abogada defensora Wendy López, dijo que la juzgadora tiene un vínculo con Lester Castellanos (demandante), ya que él fue su asesor y ella su estudiante, por lo tanto no existe imparcialidad para que siga en el caso.

El equipo legal también pidió que la audiencia se suspendiera y se reprogramara a través de videoconferencia, porque temen por la seguridad de Virginia Laparra que tendría que viajar al menos por cuatro horas desde la capital a Xela.

La jueza Acu resolvió que no conocería ninguno de los requerimientos para no vulnerar el proceso ya que fue recusada y por lo tanto se trasladó el proceso a la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango para que designe a otro juez o lo mantenga.

Durante el proceso de la diligencia judicial, el fiscal Noé Ramírez Vásquez, de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, insistió en que se ordenara el traslado de Laparra, además requirió que se certificara lo conducente al director del Sistema Penitenciario por no llevar a Laparra a Xela. Lester Castellanos se unió a esta solicitud.

Aún no se define la fecha en que se realizará la audiencia de primera declaración en el segundo caso que le sindican. López explicó que requieren que se unifiquen los dos casos porque no pueden estar divididos en dos departamentos diferentes, cuando la denuncia fue la misma. “Lamentablemente tenemos que insistir en que tenemos un sistema de justicia cooptado, corrompido, impune, ilegal y en el que se refugia el MP. Hay una orden de detención ilegal de un juzgado de la capital cuando ya tenía un proceso en Xela”, explicó la profesional.

Continúan buscando libertad para Laparra

Desde febrero de este año, tras su captura, la exfiscal de la FECI permanece en prisión preventiva a pesar de que el delito imputado es menor y puede tener medidas sustitutivas mientras se realiza el debate.

Luis Laparra, hermano y parte del equipo legal, comenta que tras una nueva negativa a la solicitud de libertad continuarán con otras medidas legales. “Cada vez es por una razón diferente”, recalca.

La familia de la exfiscal indicó que se les ha solicitado que acepte los cargos y se reduzca el tiempo que puede durar el proceso que se lleva en su contra, pero aseguran que no atenderán a esta petición porque no cometió los delitos que le sindican.

“Estar apartada ocho meses de sus hijas, de su familia y entorno ha sido complicado, pero ella está fuerte. Ella no va a aceptar cargos que no existen por complacer a un sistema corrupto”, aseveró el hermano.

La exfiscal a través de una carta le contó a su hermano que tenía temor de ser trasladada hasta Xela y por lo tanto buscarán que no pongan en riesgo su vida.

Familiares de Laparra sostienen que, además de ser criminalizada por el trabajo que realizó al frente de la Feci, también ha sido vulnerada hasta en su derecho a la libertad de expresión cuando le han perjudicado por declaraciones a la prensa o realizó cartas para denunciar las condiciones en que se encontraba presa.

Castellanos, denunciante en el caso dijo que como Relator Contra la Tortura de la Oficina de Preveción de la Tortura, “no se podía pronunciar ante la cantidad de días que Laparra ha estado en prisión” a pesar del delito menor.

“Yo siempre lo he dicho como Relator contra la Tortura; la prisión preventiva es una institución necesaria para el proceso penal. ¿O qué? dejamos a todos los que están en prisión preventiva por asesinato, homicidio, por corrupción. No se puede”, dijo.

Hasta ahora el proceso es acompañado por observadoras de derechos humanos y esperan obtener apoyo de organizaciones internacionales para el acompañamiento y vigilancia del caso.

Se criminaliza manifestación ciudadana

En el ingreso al Centro Regional de Justicia en la zona 6 de Xela, un grupo de personas realizó un plantón y manifestaron su apoyo a Virginia Laparra.

Las personas eran representantes de distintos sectores y organizaciones, incluyendo pueblos indígenas, estudiantes universitarias y organizaciones de mujeres.

Pilar Bagur, del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, dijo que se unieron a este plantón para demostrar el apoyo al trabajo que realizó Laparra cuando dirigía la Feci en Xela. Agregó que lamenta que el MP esté cooptado y al servicio de corruptos para perseguir a fiscales, defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel nacional.

Otra manifestante indicó que esperan que más ciudadanos se enfoquen en fiscalizar y exigir mejores resultados al sector justicia, porque la cooptación de la institución afecta directamente a la ciudadanía.

El denunciante en el caso contra Laparra criminalizó estas manifestaciones de la población y dijo que esto era apología del delito porque están encubriendo delitos de personas o de funcionarios públicos. “Eso que hace la gente con esas manifestaciones se les llama apología del delito y también está tipificado en el Código Penal Guatemalteco”, añadió.