Por: Laura Valenciano Arrieta

Una de las razones por las que debemos estar extra atentas durante la pandemia y la saturación de los servicios médicos que ella conlleva, es por las implicaciones para nuestra salud sexual y nuestros derechos reproductivos. Los derechos sexuales son derechos humanos, y se refieren a cómo, cuándo y con quién(es) decidimos compartir nuestra sexualidad, de manera libre, sin discriminación ni coerción. Por su parte, los derechos reproductivos se refieren a la decisión libre acerca de cómo, cuándo y con quién decidimos procrear -o no-, y el proceso previo, durante y posterior al parto.

Por supuesto que cada Estado maneja su sistema de salud a su manera, e influyen múltiples aspectos políticos, socio-económicos y culturales. Sin duda, la pandemia está poniendo presión a todos los sistemas de salud. Es particularmente necesario insistir en el cumplimiento de la normativa existente en cuanto al acceso a métodos anticonceptivos y uso de protección durante esta emergencia de salud, ya que son las mujeres y niñas que más los necesitan quienes se ven afectadas directamente.

La complicación adicional para acceder a servicios de salud sexual ha sido reportada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA-, así como por organizaciones feministas en varios de nuestros países centroamericanos.

En el caso de Guatemala, ONU Mujeres publicó un análisis acerca de la situación de las mujeres en la crisis por la COVID-19 en la que incluye recomendaciones para ofrecer respuestas con enfoque de género. Una de ellas es la necesidad de mantener el acceso a servicios esenciales para niñas y mujeres. Debemos tener presente que la dificultad para acceder a medicamentos anticonceptivos no radica únicamente en la saturación del sistema de salud, sino en algunas de las políticas de seguridad impuestas en nuestros países, como las suspensiones de transporte público y las órdenes de aislamiento.

Como respuesta a esta situación general ha surgido la telemedicina como una opción en medio de la crisis sanitaria. Un ejemplo lo hemos visto en Costa Rica, donde a pesar de haber permitido la reorganización de los servicios públicos de consulta externa y la priorización de servicios esenciales, en un documento del 12 de junio la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social presenta las condiciones para ofrecer consultas por medio virtuales. Estas consultas virtuales aplican para dos situaciones: aquellas consultas de primera vez solicitando método anticonceptivo y de protección, tanto para la consulta como para la prescripción; y para las consultas de seguimiento de métodos anticonceptivos que no requieren colocación (anticonceptivos orales, condón femenino y condón masculino). Si bien los métodos normalmente son entregados en ventanilla, durante la emergencia se ha habilitado la entrega a domicilio.

Sin duda alguna, la pandemia nos obliga a las organizaciones feministas a redoblar esfuerzos con tal de fomentar el acceso a los servicios sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es evidente que habrá una limitación para el uso de los métodos anticonceptivos que requieren que personal de salud esté en contacto con las pacientes, como la inyección y el DIU. Por ello, es crucial identificar las barreras de acceso y ser propositivas con tal de ofrecer a las niñas y mujeres mayores opciones para la planificación familiar y su salud sexual.