Por Quimy De León, Andina Ayala, Andrea Hernández
“El mensaje que se envía a los fiscales es que si hacen bien su trabajo van a ser criminalizados, o van a ser trasladados”.

En entrevista exclusiva con Prensa Comunitaria, la ex-fiscal Claudia Paz y Paz comentó las serias consecuencias que trae la remoción de la Fiscal de Derechos Humanos Hilda Pineda a la memoria histórica, las sobrevivientes y víctimas del CAI que impulsaron casos en conjunto con esta fiscalía. Además de reflexionar sobre el escenario de riesgo e impunidad en el que la Fiscal General ha colocado al Ministerio Público durante su mandato.

Claudia Paz y Paz es ex-fiscal General del Ministerio Público de Guatemala (2010-2014),  fue la primera mujer en ocupar el puesto. Especialista en derecho penal, académica, jueza y litigante guatemalteca, internacionalmente se le reconoce como una importante defensora de Derechos Humanos y de la justicia de Guatemala.

Emprendió en Guatemala una lucha contra la corrupción y la impunidad, pero particularmente un compromiso con las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI). En solo tres años encarceló a estructuras criminales del narcotráfico, pandillas, zetas y ex-militares acusados de crímenes de guerra. Llevó a juicio a Efraín Ríos Montt por el caso de genocidio contra el pueblo Ixil, el momento  más emblemático en su mandato

Actualmente ocupa el cargo de Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México, con oficina en San José, Costa Rica. Además, fue seleccionada como parte de la nómina final para ser fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, siendo la única latinoamericana de seis candidatas.

¿Bajo qué criterios se inauguró y qué se esperaba de la Fiscalía de Derechos Humanos? 

Fue antes de que yo llegara pero había otro antecedente de una unidad de Derechos Humanos pero era más para ataque a personas defensoras de DDHH. En el 2009 nace con estos dos grandes propósitos, avanzar en los casos de crímenes cometidos durante la guerra y casos vinculados a personas defensoras en un sentido amplio de Derechos, se crean las unidades para personas defensoras, periodistas, sindicalistas, operadores de justicia. La unidad de casos de conflicto armado interno nace con este encargo de los casos de deuda histórica.

¿Qué perfil se requiere para ocupar la jefatura de la Fiscalía de DDHH?

Conocimientos en Derechos Humanos, sobre todo por los casos de deuda histórica son casos que tienen sentencias de la Corte Interamericana, por lo cual estas tienen especial obligación del Estado por violar la Convención Americana, entonces los casos se tienen que investigar con los estándares de la misma corte, de debida diligencia en casos tan graves como estos. Ese es un primer requisito ineludible para quien asuma el cargo, porque hay estándares muy marcados de debida diligencia para investigar estos casos, muchos están recogidos en el Protocolo de Minessota, en el caso de ejecuciones extrajudiciales.

 En su gestión, ¿cómo se fortaleció la fiscalía de Derechos Humanos y qué instrucciones se implementaron? 

Ya hace varios años, pero creo que se emitió durante mi mandato la primera instrucción para investigar casos vinculados al conflicto armado interno y se emitió la instrucción para investigar violencia sexual, que ahora está más acertada pero no había antecedentes jurisprudenciales en Guatemala y prácticamente en el mundo de entender la violencia sexual como crimen de lesa humanidad -tal vez un caso en Ruanda en aquel entonces-.

Era importante brindarles a los fiscales las herramientas jurisprudenciales de tribunales penales internacionales, de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las prioridades de persecución penal para que pudieran contar con este respaldo, con esta guía para investigar estos casos.

No afectaba el trabajo del fiscal en el caso, que la estructura del Ministerio Público sea jerárquica no quiere decir que la fiscal vaya más allá de la ley, no se pueden dar órdenes para un caso.

¿Recuerda el primer caso que llegó a la Fiscalía, o de alguno que viniera directamente de la Corte Interamericana?

Ya había casos antes de que yo llegara, pero de los primeros casos seguro fue el Caso Mack, pero seguro fue anterior con esta unidad. Avanzaron los casos de genocidio, pero no tenían trascendencia, como el Caso Bámaca fue muy importante porque la sala penal dijo que los amparos no tenían efectos suspensivos que era como la herramienta para parar todos los casos. El primer caso es el Caso Dos Erres, que se había parado mucho por los amparos y sus primeras sentencias en contra de los perpetradores fueron por la fiscalía de Derechos Humanos. Antes hubo casos por desaparición forzada que no tuvieron sentencia como el Caso Chimaltenango.

Pensando en las piezas que está moviendo Consuelo Porras, ¿podría haber riesgo de que  cambie el rumbo de la Fiscalía de DDHH?

No creo que podamos decir que estamos ante un riesgo, estamos ante una triste realidad de que todo lo que se había avanzado en fiscalías muy especializadas como la FECI, ahora la fiscalía de Derechos Humanos, son pasos graves para desarticular el trabajo con consecuencias muy serias para el interés de la justicia y de las víctimas.

Una situación es emitir instrucciones para mejorar casos que son prioritarios porque son violaciones de derechos humanos, para mejorar la investigación en los casos y otra orden muy distinta es dar instrucción para parar un caso, y eso no se hace.  

De cualquier manera, se tiene que pasar por escrito, se tiene que dar a conocer, publicar en la página web y toda la población puede fiscalizar si esta instrucción es legal o ilegal.

Entonces, ¿Qué implicaciones  podría haber para los casos y para una nación en proceso de democratización?

Estos casos tienen sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay obligación expresa del Estado de Guatemala de investigarlos, sino lo hace hay otra obligación internacional por incumplir las órdenes de la corte. 

Para los fiscales es un riesgo, porque son estructuras de personas ex-militares que tienen la capacidad de amenazar y amedrentarlos. Es muy frágil la situación de los fiscales que tienen a cargo tanto casos de defensores de derechos humanos como casos de la guerra. También es un riesgo para las víctimas, en el sentido de que han esperado durante tantos años justicia y que de nuevo les vaya a ser negada por la cuestión de la persona que actúa evidentemente en contra de la ley.

¿Qué otras fiscalías pudieran estar en la mira de la Fiscal General actual, aparte de la FECI o la de DDHH?

Si el actuar como Fiscal General es garantizar la impunidad, en el momento en el que cualquier fiscalía llegue a investigar un delito en contra de personas afines a ella, lo que hará será actuar para frenar. La impunidad es una enfermedad terrible porque puede afectar cualquier fiscalía.

Cuando nosotros asumimos la Fiscalía la impunidad en delitos contra la vida era tremenda, se recuerdan del nivel de violencia del país en 2010, había bandas estructuradas por policías, ex-policías, personas de seguridad privada que su profesión era ser sicarios, entonces en el momento en el que un poderoso cometa un delito contra la vida, un femicidio y va a afectar a una persona cercana a ella la va a deshacer. No es una cuestión por tipo de delito sino una cuestión de impunidad, de proteger a las personas vinculadas al poder y eso es lo más grave.

Los casos de corrupción son dañinos, los casos de Derechos Humanos incluso tienen obligaciones internacionales del Estado, pero lo mismo va a ocurrir con los casos de narcotráfico, extorsión, con fiscalías de delitos contra la vida o fiscalías departamentales. 

La Fiscal General Consuelo Porras ha hecho cambios en 11 fiscalías del Ministerio Público, ¿A qué o a quién cree obedecen?

No he analizado a profundidad todos los cambios, pero el de Hilda Pineda me preocupa muchísimo. Es una fiscal íntegra, es una fiscal profesional, de carrera que es algo que la Fiscal General no entiende. No es que el fiscal Sarate, Aldana o yo la hayamos llevado. Es una fiscal de carrera que hizo su examen y fue ascendiendo por sus méritos. 

Me preocupa mucho que la remuevan cuando se están litigando casos de muy alto perfil contra personas que en su momento fueron altos jerarcas militares y que se afecten estos casos.

En su opinión, ¿qué intereses está protegiendo Consuelo Porras?

Los intereses de la impunidad. Contrario al propósito que debería de tener el cargo que ostenta que es el mayor esclarecimiento a los más graves casos en contra de los más altos responsables. Lo que quisiera es que la fiscalía investigue delitos menores, que no levanten olas, que no molesten a nadie y la impunidad en casos de las personas que la apoyan.

La Fiscalía de Derechos Humanos ha perseguido a altos mandos del Ejército, comisionados militares o ex patrulleros quienes aún tienen influencia política en espacios gubernamentales, algunos incluso son diputados. ¿Hasta dónde podrían beneficiarse los perpetradores con la reasignación de un jefe fiscal que también fue militar?

Esperemos que no se beneficien. Es importante recordar que las víctimas incluso acudieron a instancias internacionales que han señalado la responsabilidad del Estado y la obligación de continuar con estos procesos. Por supuesto que la justicia tiene que actuar independientemente del poder que tenga el perpetrador. 

Desde las organizaciones internacionales estamos muy alertas, desde CEJIL en particular porque este número de sentencias que hay en contra de Guatemala también crean obligaciones específicas hacia el Estado que nosotros podemos hacer que la Corte les recuerde porque tienen trascendencia internacional, no puede suspender estos procesos o fallar en contra del derecho.

¿Se podrían revertir las acciones de la actual Fiscal General?

En el caso de Juan Francisco Sandoval se dieron medidas provisionales para dos fiscales, para garantizar el ejercicio del cargo. Ese es un ejemplo de medidas que se pueden tomar a nivel internacional.

¿Se imagina volviendo al país?

Si lo he pensado, claro que lo he pensado muchísimo y quisiera regresar a Guatemala, extraño mucho mi país, pero no veo condiciones en este momento. 

Las órdenes de captura contra la fiscal Aldana, contra el fiscal Juan Francisco están ahí, la criminalización aún existe. Desafortunadamente es un momento de mucha tristeza y de mucho retroceso para lo que se ha intentado construir para la fiscalía como el poder judicial, porque los jueces de mayor riesgo también están bajo ataque por su labor.