El relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, encabezó al equipo de la CIDH que visitó el municipio de El Estor, Izabal, el pasado 24 de julio. La delegación se reunió con autoridades indígenas, pescadores y periodistas comunitarios, en el marco de la visita in loco realizada por la Comisión a Guatemala.

Por Juan Bautista Xol / Fotos de Nelton Rivera

Pedro Vaca visitó el municipio de El Estor, donde habita el pueblo maya Q’eqchi’, para reunirse con las autoridades ancestrales, directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales y periodistas comunitarios que han sido criminalizados, incluso encarcelados, por defender el territorio frente a las empresas mineras y monocultivos de palma africana.

El relator de Libertad de Expresión calificó como “histórica” la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a este municipio, siendo la primera vez que este organismo llega hasta el Caribe guatemalteco.

La visita sirvió para que el pueblo Q’eqchi’ denunciara ante la Comisión las violaciones de sus derechos, la continuidad de los desalojos forzados, la criminalización y la falta de la consulta comunitaria por el proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN).

Dirigentes de varias comunidades y autoridades ancestrales denunciaron que los desalojos extrajudiciales y judiciales han violentado los derechos de las familias Q’eqchi’. Citaron como ejemplo el caso de las familias de la comunidad de Buena Vista que fueron desalojados el 22 de mayo en la finca Tz´inté, supuestamente propiedad de Luis Arriaza Migoya.

Después del desalojo, las familias se encuentran reasentadas temporalmente en la comunidad de Santa Rosita, arrinconadas debajo de árboles y hasta la fecha no han sido atendidas.

La situación fue constada por la CIDH durante la visita que realizaron a la comunidad de Santa Rosita, donde se encuentran albergadas las 38 familias desalojadas en mayo pasado. Las mismas recientemente tuvieron que salir del lugar por el desborde del río Prieto, cuyo caudal subió a 40 centímetros de altura.

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https://prensacomunitaria.org/2024/07/viviendas-de-familias-desalojadas-se-inundan-tras-intensas-lluvias-en-el-estor/

Comunidades Q’eqchi’ bajo amenaza de desalojos

Jaime Chub, uno de los pobladores de Santa Rosita, denunció que su comunidad tiene una orden de desalojo vigente y programada para el 28 de agosto. Dijo que estos actos ponen en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y sus hijos e hijas.

“Las autoridades deben de investigar a los propietarios de las fincas, no es justo que manden miles de policías a quemar nuestras casas y dejarnos en la calle, nuestros hijos e hijas sufren las consecuencias de los desalojos”, indicó.

En el municipio de El Estor hay un aproximado de 18 órdenes de desalojos incluyendo las comunidades de Plan Grande, El Esfuerzo Túnico, El Renacer, Chapín Abajo y Palestina Chinebal, dijo el gobernador departamental, Carlos Tenas Martínez, en una reunión con las autoridades ancestrales el 9 de julio de este año.

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https://prensacomunitaria.org/2024/07/comunitarios-de-el-estor-piden-a-gobernador-detener-desalojos/

Dos han sido las principales causas recientes de dichos desalojos. Por un lado, el terrateniente Luis Fernando Arriaza Migoya con las plantaciones de plátano y por el otro, la empresa NaturAceites propiedad de la familia Maegli Novella que reclama el derecho para extender las plantaciones de palma africana al sur del municipio.

La resistencia antiminera

Por su parte Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores habló de la criminalización que enfrentaron y sobre la consulta ilegal que se realizó bajo un estado de sitio en octubre de 2021. “La intención del gobierno de Alejandro Giammattei fue para reprimir al pueblo Q’eqchi’ que reclamaba ser tomado en cuenta en el proceso de consulta comunitaria, expuso.

Nuestra lucha es por defender la tierra y el lago de Izabal ante la contaminación que provocó la empresa minera de CGN, que opera ilegalmente en el territorio, agregó.

En mayo de 2017, la Gremial de Pescadores denunció la contaminación del lago de Izabal y demandaron acciones directas de las autoridades municipales y estatales, sin embargo, varios de ellos fueron criminalizados con órdenes de detención, incluyendo a Cristóbal Pop quien fue encarcelado en dos ocasiones.

“No teníamos claro cuáles serán las consecuencias de nuestra petición, sin embargo, acudimos a las entidades de gobierno para hacer la denuncia sin saber que son cómplices de la empresa, como resultado hemos sido perseguidos y encarcelados”, comentó Pop.

Además, dos periodistas de Prensa Comunitaria fueron señalados en un proceso penal; uno encarcelado por varios meses y el otro con una orden de detención que duró un año con ocho meses. Un pescador de la gremial fue asesinado en mayo de 2017 durante la represión de una protesta pacífica por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

El presidente de la Gremial de Pescadores agregó que están esperando que se realice la consulta previa e informada, ya que en el pueblo se rumora de la posible reactivación de las dos empresas CGN/Pronico y Mayaniquel para continuar la operación de níquel.

Periodismo bajo asedio

Después de la reunión con las autoridades y la Gremial de Pescadores, la Comisión se reunió con periodistas comunitarios en la instalación de la Radio Comunitaria Xyaab’ Tzuul Taq’a, para escucharlos acerca de los riesgos y las amenazas al ejercicio periodístico que realizan en las comunidades.

Cuatro periodistas comunitarios hablaron sobre los riesgos vividos durante el desalojo policial de la protesta pacífica en octubre de 2021, los allanamientos a las casas de tres corresponsales de Prensa Comunitaria durante el estado de sitio y el allanamiento que se intentó realizar en la sede de la radio comunitaria.

La visita de la CIDH culminó con una reunión con el alcalde municipal, Genaro Icó, y algunos miembros del Concejo Municipal.

Al final de la visita in loco al país, que se realizó del 22 al 26 de julio, la Comisión brindó 10 recomendaciones al Estado y al Gobierno.

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https://prensacomunitaria.org/2024/07/cidh-recomienda-al-estado-realizar-una-evaluacion-del-funcionamiento-del-mp/