Guatemala, Washington D.C. y San José, 1 de febrero de 2016.- Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra ⎯otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales⎯ y la primera vez que en Guatemala se juzguen delitos de violencia sexual como crímenes internacionales. “El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo”, puntualizó Leonor Arteaga, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

La violencia contras las mujeres en el conflicto armado guatemalteco fue una herramienta de terror y dominación que por largo tiempo fue invisibilizada. “La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsurgente del Estado”, dijo Jo-Marie Burt, investigadora principal de WOLA.

Durante décadas, casos como el de Sepur Zarco y otros, se mantuvieron en el silencio y la impunidad. Recientemente, algunos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, han avanzado a pesar de las resistencias y los obstáculos, gracias a los esfuerzos encabezados por el Ministerio Público y los tribunales de Mayor Riesgo.

“El caso Sepur Zarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia”, señaló Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC).

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate, por su valentía y fortaleza, y lamentamos los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. También expresamos nuestro respaldo al colectivo Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad que viene acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.

“Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impiden la sanción de los responsables de estos graves hechos”, dijo Marcia Aguiluz, Directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Finalmente, saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir el uso de la sala de vistas para el desarrollo de este juicio, a fin de facilitar la publicidad del proceso y las muestras de solidaridad; considerando que este juicio -de interés nacional e internacional- representa una nueva oportunidad para Guatemala de avanzar en su obligación de saldar sus deudas de verdad, justicia y reparación, visibilizando y sancionando la violencia contra las mujeres durante el conflicto y evitando la repetición de tan aberrantes crímenes.