Continúan las audiencias del caso en contra de nueve militares acusados de la muerte de seis personas que manifestaban de forma pacífica en la cumbre de Alaska, el 4 de octubre de 2012. En el día 35 del juicio oral y público, en las conclusiones el Ministerio Público y querellantes piden de 16 a 25 años de prisión.

Por Shirlie Rodríguez

En el Tribunal de Mayor Riesgo B de la Torre de Tribunales continuó este miércoles 24 de enero, el debate en contra de nueve militares acusados por la masacre de seis comunitarios en la cumbre de Alaska, en Totonicapán, el 4 de octubre de 2012.

Luego de 35 audiencias del juicio, se llegó a la etapa de las conclusiones en las que el Ministerio Público (MP) y los querellantes solicitaron que se imponga a los acusados sentencias condenatorias que van desde los 16 años hasta los 25, después de presentar sus alegatos finales en los que remarcan que la población que manifestaba en ese lugar estaba desarmada.

Por otra parte, la defensa de los sindicados refirió a la jueza que no tenían responsabilidad en el hecho y que estaban dando seguridad en el área en donde se dio la masacre de seis pobladores de Totonicapán.

En este caso los acusados son: el coronel Juan Chiroy Sal, y los soldados Edin Adolfo Agustín Vásquez, Dimas García Pérez, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Manuel Lima Vásquez, Marcos Chun Sacul y Felipe Chub Coc.

Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2012, cuando la población de Totonicapán salió a manifestar en contra del alza al costo de la energía eléctrica y para exigir la derogación a reformas implementadas a la carrera de magisterio. Ese día, el Ejército disparó contra quienes se manifestaban, provocando la muerte de seis personas y 34 heridas, durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina.

El abogado de las víctimas José Santos Sapón dijo al Tribunal que los peritajes que se presentaron como pruebas dentro del caso evidencian que las víctimas de estos hechos no estaban armadas, y que los manifestantes tampoco provocaron disturbios.

Agregó que las heridas que presentaban las personas alcanzadas por los disparos eran de proyectiles de armas de fuego, las cuales las portaban los soldados que llegaron al lugar.

La abogada querellante Lucía Xiloj también explicó que con los peritajes presentados durante el debate se demostró la responsabilidad del coronel Chiroy, porque no actuó para que los soldados bajo su cargo no reaccionaran de la forma que lo hicieron y dispararon en contra de quienes manifestaban.

La abogada Xiloj agregó que durante el debate se presentaron pruebas que determinan que fueron disparados al menos 196 casquillos durante los hechos de 2012.

Edin Agustín, uno de los soldados acusados, admitió ante la jueza que disparó al aire porque quería esparcir a un grupo de personas que se encontraban en el lugar.

En sus declaraciones, los acusados dijeron que eran turbas las que se acercaban a ellos y los atacaron. Los abogados de las víctimas negaron estos extremos haciendo énfasis en que hay fotografías que demuestran lo contrario.

Por su lado, la abogada Jovita Tzul mencionó que no hay razón para criminalizar a los integrantes de 48 Cantones en este caso, porque su manifestación fue anunciada a las autoridades correspondientes y no representaban algún riesgo.

El abogado de las víctimas Efraín de León dijo que según las pruebas que se presentaron ante el Tribunal, se corroboró que no había justificación para disparar en contra de los manifestantes, porque no estaban preparados para recibir a militares, no estaban armados o provocando disturbios en el lugar.

“Actuaron con exceso de fuerza, demuestra lo deliberado de los disparos y la cantidad de gente no es la que vinieron a decir los acusados, dijeron que eran miles”, agregó.

Además, mencionó en sus argumentos finales que en la manifestación no se requería de la presencia del Ejército de Guatemala, pero quienes llegaron al área dijeron traer órdenes superiores y por eso debían pasar.

“Esto es un extracto de la página 99 del medio documental 144, no había justificación para disparar en contra de los manifestantes, la intención de ellos era dialogar con los antimotines”, refirió el abogado.

Por este caso ya se presentaron todas las pruebas documentales y testigos, dentro de estos la declaración de José David Ordóñez, alcalde de Chuculjuyup, quien fue uno de los testigos que responsabilizó al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, por ser el responsable de la seguridad y de las fuerzas armadas.

Conoce más detalles acá:

https://prensacomunitaria.org/2023/09/testigo-responsabiliza-a-otto-perez-de-muerte-de-manifestantes-en-cumbre-de-alaska/

El debate continúa y se escuchan aún los argumentos finales de los defensores de los militares acusados. Aún no hay una fecha para la sentencia de este proceso judicial por el que cientos de personas esperan justicia.