A la jueza Rocío Murillo se le procesó penalmente por los delitos de maltrato contra menores, incumplimiento de deberes y prevaricato, por no haber exhibiciones personales un día antes de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Por Alexander Valdéz

La Corte de Constitucionalidad (CC) negó una apelación solicitada por la jueza Rocío Murillo, que buscaba anular el proceso en su contra por no haber practicado una exhibición personal a favor de las internas del Hogar Seguro un día antes del incendio que cobraría la vida de 41 menores y que dejó lesiones gravísimas a otras 15.

“No tomó en cuenta que el ente investigador le imputó un solo hecho y que el juez contralor refirió que las acciones que se le endilgaron no podían ser encuadradas en más figuras delictivas; iii) emitió una resolución carente de una debida fundamentación, pues se limitó a indicar que les asistía la razón a los recurrentes, sin efectuar un verdadero análisis sobre las

circunstancias propias de la impugnación y los razonamientos que llevaron al juez contralor a tomar la decisión cuestionada”, alegó la jueza contra la Sala.

A Murillo se le procesó penalmente, luego de una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones, por maltrato contra menores, incumplimiento de deberes y prevaricato. Que consideró que el no haber actuado en cumplimiento de su función judicial, un día antes de la tragedia, puede encuadrar en esos delitos.

Los magistrados de CC analizaron lo reclamado por la acusada y no le dieron la razón, porque consideran que la decisión judicial que la ligó a proceso por tres delitos está bien sustentada.

“Como puede apreciarse, la autoridad refutada, en la resolución que se señala como acto reclamado, plasmó los razonamientos sobre la existencia de hechos punibles y los motivos racionales suficientes para creer en la posible participación de la sindicada en los delitos que se le endilgaron, por lo que consideró que era pertinente emitir auto de procesamiento en su contra, por los citados delitos, confirmando la falta de mérito otorgada a favor de la imputada por el ilícito de Plagio en grado de complicidad, de lo que se concluye que los agravios endilgados al acto reclamado carecen de sustento”, se lee en la resolución de la CC.

Juzgado debe emitir otro fallo

Sobre la excoordinadora del Área de Mi Hogar, de la Secretaría de Bienestar Social, Ofelia María Pérez Campos, la Corte de Constitucionalidad también dictó una resolución y en ese caso sí revocó la resolución que la ligó a proceso por dos delitos. Aunque, sigue vinculada al caso por maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

Ese fallo implica que deba regresar a una audiencia de primera declaración, aunque únicamente el juez que conozca la diligencia debe fundamentar la resolución por la que se le ligó al proceso penal.

Ella y la jueza Murillo pertenecen a un tercer grupo de acusadas y están pendientes de audiencia intermedia, programada para el 18 y 19 de julio.

Un juicio en desarrollo

El 10 de enero del 2024 se inició la etapa final de un proceso de búsqueda de justicia para las familias de las víctimas de ese hecho. En ese juicio figuran como acusadas dos grupos de personas.

Al tribunal comparecen como acusados, Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación; Luis Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC); Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Brenda Chamán, exjefa del departamento de protección especial contra el maltrato de la SBS; y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la PNC.

La investigación determinó que las niñas murieron debido a que “estaban encerradas bajo llave” en una habitación donde permanecían recluidas y no pudieron escapar de las llamas al momento que ocurrió el incendio.

La tesis de la fiscalía encargada del expediente estableció que una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula, para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas.

En el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un camino hacia la dignidad”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) durante 2017 y 2018, se recopiló una serie de entrevistas con las familias de las niñas víctimas y con las niñas sobrevivientes que revelan las causas que originaron su institucionalización, donde además se señaló que no se ha priorizado el abordaje de la situación de pobreza, violencia y exclusión social que las familias viven, sumado a la estigmatización sobre sus condiciones.