Varias organizaciones de mujeres indígenas participaron en un proceso colectivo para recuperar la legitimidad de la DEMI, una institución clave en la defensa de sus derechos. Con la integración de una nueva Junta Coordinadora y la elección de la nueva defensora de esta entidad, se abre un camino esperanzador para fortalecer la justicia y la igualdad desde las propias comunidades.

Por Wellinton Osorio

María Xol, mujer maya Q’eqchi’, fue nombrada como la nueva defensora de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), para el periodo 2025-2028. Xol, originaria de Alta Verapaz, fue electa de una terna de tres candidatas que la Junta Coordinadora presentó al presidente Bernardo Arévalo.

Atender y acompañar a las mujeres vulneradas, especialmente en situaciones de violencia, son los principales retos que debe recuperar la institución. La coordinación con organizaciones de mujeres indígenas que tienen presencia en diversos territorios y experiencia en pueblos indígenas es también fundamental para el proceso de recuperación de legitimidad, indicó Sebastiana Par en una conversación con Prensa Comunitaria.

Par es autoridad ancestral y ajq’ij de Santa Cruz del Quiché. En octubre de 2024 fue electa como integrante de la Junta Coordinadora de la DEMI.

“Para nosotras, como mujeres indígenas, este proceso de recuperación de la institucionalidad de la DEMI es muy importante. Es un compromiso que viene desde los Acuerdos de Paz y ha sido una lucha histórica de nuestras ancestras”, compartió Par. Sin embargo, señaló que los gobiernos autoritarios y militaristas del pasado no priorizaron ni cumplieron con los objetivos y la misión de la institución.

Desde mediados de 2023, diversas organizaciones de mujeres indígenas iniciaron un proceso para recuperar la funcionalidad de la DEMI, denunciando su cooptación y desvío de su propósito original para servir intereses individuales ajenos a las comunidades.

Este esfuerzo culminó el 25 de octubre de 2024, con la juramentación de las nuevas integrantes de la Junta Coordinadora, quienes asumieron formalmente el cargo el 2 de diciembre. Según Par, el principal objetivo es fortalecer el acceso a la justicia y promover la igualdad para las mujeres indígenas, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación, como el racismo y el machismo.

“En las comunidades más alejadas no hay acceso a justicia. Hay mucha discriminación, desigualdad y diferentes formas de violencia, especialmente si somos indígenas”, afirmó.

El 25 de octubre, el presidente Arévalo juramentó a las nueve mujeres que formarán la Junta Coordinadora de la DEMI para el período 2024-2028. Durante la ceremonia, el mandatario habló del compromiso de su gobierno para fortalecer las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y promover un enfoque democrático y participativo en la administración pública.

El presidente dijo que el proceso de selección de las integrantes se realizó mediante un diálogo abierto, transparente y democrático, lo que garantiza que las designadas cuenten con el respaldo de la sociedad y representen los intereses de las mujeres indígenas. Además, agradeció a la Junta Transitoria que lideró este proceso.

La nueva Junta Coordinadora está integrada por Sebastiana Par Álvarez, Rosa Florinda García, María Cristina Míndez Surec, Ana Esperanza Tubac Culajay, Dolores Sales Sales, Elena Caal Hub, Valeska Judith Reyes Leiva, Emily Carmín Benito Ajtum y Victoria Cumes Jochola. Estas provenientes de diversas comunidades, asumieron el reto de trabajar en favor de los derechos de las mujeres indígenas.

Promueve derechos de las mujeres indígenas

La Defensoría de la Mujer Indígena tiene como función promover los derechos y el bienestar de las mujeres indígenas. Fue creada el 19 de julio de 1999 como resultado directo del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en el marco de los Acuerdos de Paz. Su misión central es atender situaciones de discriminación y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres indígenas, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos.

Dentro de la estructura general, la DEMI cuenta con 14 sedes distribuidas a nivel nacional en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y la sede central se ubica en la ciudad de Guatemala.

Con 14 sedes distribuidas en los principales departamentos del país, la DEMI ofrece servicios integrales de atención social, psicológica y jurídica, con pertinencia cultural. También promueve programas educativos orientados a la formación en derechos humanos, buscando erradicar la violencia y discriminación desde una perspectiva intercultural.

Su estructura incluye una Junta Coordinadora conformada por representantes de organizaciones de mujeres indígenas, quienes desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de esta institución. Sin embargo, ha sido una entidad gubernamental cuestionada en los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).

Devolver a la DEMI su propósito original

El 9 de enero de 2025, la Junta Coordinadora abrió la recepción de expedientes para el cargo de defensora de la mujer indígena, un proceso desarrollado los días 9, 10 y 13 de enero. Este incluyó el análisis de perfiles y entrevistas presenciales, tras lo cual se presentó una nómina de tres candidatas integradas por mujeres Xinka, Garífuna y Mayas. Finalmente, la Presidencia de la República seleccionó a María Xol, mujer de origen Q’eqchi’, como la nueva defensora.

El objetivo principal de este proceso fue devolver la DEMI a su propósito original: ser un instrumento efectivo para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres indígenas en todo el país. Este enfoque busca fortalecer la institución y garantizar su compromiso con los territorios y las comunidades históricamente marginalizadas.

En los últimos años, la DEMI enfrentó desafíos como la falta de voluntad política de gobiernos anteriores. “En el pasado, la elección de la defensora se hacía ‘a dedo’, respondiendo a intereses políticos, lo que alejaba a personas comprometidas con los territorios y los derechos de las mujeres”, explicó Sebastiana.

Además, la asignación presupuestaria limitada sigue siendo un obstáculo, ya que los recursos son insuficientes para brindar servicios legales y psicológicos adecuados en las distintas sedes. Asimismo, la centralización en la capital dificulta la participación de representantes de territorios lejanos.

A pesar de estas barreras, la Junta Coordinadora que asumió en 2024 ha logrado avances significativos. “Hoy vemos una pequeña ventana abierta que nos permite opinar y construir propuestas a favor de los derechos de las mujeres indígenas”, comentó Par, destacando la esperanza que este proceso genera para transformar la institución en beneficio de las comunidades indígenas del país.

Un nuevo horizonte para la DEMI

La Junta Coordinadora que asumió en 2024 logró convocar y recibir expedientes de mujeres con una trayectoria comprobable en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

“Utilizamos medios de comunicación alternativos, redes sociales y articulaciones de mujeres para divulgar la convocatoria. También publicamos en el Diario Oficial y trabajamos directamente desde los territorios”, explicó Sebastiana. La recepción de perfiles fue positiva, incluyendo propuestas de mujeres garífunas y de diversos pueblos mayas, según la autoridad ancestral.

La integrante de la Junta Coordinadora destacó que uno de los criterios principales para seleccionar a las candidatas fue su experiencia comprobable y su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, priorizando su trayectoria por encima de títulos académicos elevados.

“No exigimos un nivel alto de maestría o doctorado porque sabemos que pocas mujeres indígenas tienen ese perfil, pero sí buscamos que tengan la convicción de apoyar a su pueblo”, aclaró.

Desafíos de la DEMI en el contexto actual

A lo largo del proceso, la Junta Coordinadora ha enfrentado numerosos desafíos. Uno de los principales ha sido la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores. En el pasado la elección de la defensora respondía a intereses políticos, lo que limitaba el acceso de personas comprometidas con los territorios y los derechos de las mujeres, indicó Par.

Otro obstáculo significativo ha sido la limitada asignación presupuestaria para la DEMI. Como mencionaba Sebastiana, los recursos son insuficientes para garantizar servicios adecuados, como atención legal y psicológica, en las diferentes sedes de la institución. Además, la centralización en la capital dificulta la participación de representantes de territorios lejanos.

A pesar de estas barreras, la Junta Coordinadora ha logrado avances importantes. “Hoy vemos una pequeña ventana abierta que nos permite opinar y construir propuestas a favor de los derechos de las mujeres indígenas”, comentó.

Hacia el futuro: un mensaje desde el liderazgo comunitario

El proceso de elección culminó con la selección de una terna, pero los desafíos no terminan ahí. Sebastiana enfatizó la necesidad de trabajar conjuntamente con la nueva defensora para mejorar los servicios de la DEMI y garantizar una incidencia efectiva ante el gobierno.

“Queremos planificar de manera conjunta cómo brindar un mejor servicio, atender las necesidades de las mujeres indígenas y disminuir los niveles de desigualdad social”, concluyó.

La recuperación de la institucionalidad de la DEMI representa un paso importante en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala. Sin embargo, el camino hacia la justicia y la igualdad aún enfrenta numerosos retos, que la Junta Coordinadora está dispuesta a enfrentar con compromiso y determinación.