El Bufete para Pueblos Indígenas dio detalles del robo que sufrieron en su oficina el pasado 21 y 22 de marzo. Wendy Geraldina López, directora del Bufete, indicó que no saben con exactitud en qué horario y fecha precisa ocurrió el robo, en el que forzaron todas las puertas y se llevaron ocho computadoras.

En conferencia de prensa ofrecida este jueves 25 de marzo, López dijo que el marco de la puerta de su oficina fue quebrado por completo y destruyeron algunos objetos personales y forzaron sus cajas de seguridad.
López consideró que por el tipo de litigio, a favor de autoridades ancestrales, pueblos originarios y mujeres indígenas, el objetivo sería intimidar y hurtar información sensible de los procesos que han trabajado y que están preparando. Es un ataque para intimidar porque consideramos que, de haber sido delincuencia común, se habría llevado otros objetos de valor, pero no fue así, dijo.

Entre los casos que lleva el Bufete están las acciones que han prestado en contra de la elección de magistrados de las altas Cortes, en contra del Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

López dijo que incluso habían preparado un amparo en contra de la elección de magistrados de la CC por parte del presidente Alejandro Giammattei y el proceso a través del cual se eligió al magistrado Roberto Molina Barreto por la CSJ.

El Bufete también realiza acciones contra empresas extractivas y litigio estratégico a favor de defensores criminalizados por estas empresas, dijo la directora.

La pretensión e intención era llevarse la información, indicó López, quien agregó que esto para ellos es un aliciente porque significa que su trabajo está teniendo impacto.

El Estado no está con nosotros, hemos demandado justicia cumplida para hermanos defensores, lamentablemente hoy nos toca, con la intención de frenar la labor de defensa, por eso mismo decimos que el equipo está más fortalecido que nunca, señaló.

En un comunicado, el Bufete para Pueblos Indígenas demandó que ante la denuncia presentada el Estado, a través de la investigación, identifique a los responsables materiales e intelectuales, y exigió que se garantice la seguridad de las personas del Bufete y que cesen las intimidaciones.