Alida Arana Vicente, defensora de derechos humanos, fue denunciada ante el Ministerio Público (MP) y ha sido perseguida junto a los demás integrantes de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla; por acompañar los actos de resistencia frente al extractivismo que afecta a las comunidades poqomames. Ante los ataques responde: “No nos van a callar, no tenemos miedo. Vamos a seguir”.

En entrevista, Vicente asegura que las acusaciones “son denuncias falsas, espurias, sin fundamentos o pruebas” y que buscan instigar en contra del trabajo que la alcaldía indígena ha realizado. 

La alcaldía ha acompañado protestas y manifestaciones de comunidades que han denunciado actos de corrupción, pero también a aquellas que defienden los recursos naturales y que abogan por la recuperación de tierras ancestrales. 

La última acción que la alcaldía acompañó fue la manifestación para oponerse a la lotificación de terrenos exclusivos que sirven para el cultivo. 

Ante esto, la defensora dijo que “no somos muy cómodos para la élite. Estamos en alerta, en defensa de aquello que no es propiedad privada”. 

La alcaldía refirió que han notado que en casos de criminalización la típica ruta que utilizan es denunciar cosas falsas que se agilizan donde se acciona el derecho penal. 

Vicente no dejó de admitir el impacto que la denuncia les provocó e indicó que del trabajo de la alcaldía “pueden surgir molestias”, sobre todo “cuando se denuncia la corrupción”.

“Se busca la manera de acallar y de meter miedo. Vemos que el ataque está enfocado en esto. No somos los únicos. Hay varias comunidades en El Estor a las que se les ha estado criminalizando”, indicó. Algunas otras organizaciones también han recibido amenazas de muerte, pero prefirió no mencionar los nombres. 

La entrevistada dijo que los ataques están relacionados con el impacto que el #ParoPlurinacional ha tenido, y aseguró que la denuncia proviene de personas que son pagadas por terceros para “acallar nuestra voz y deslegitimar las luchas, con una carga racial y de género por ser mujeres”.

Vicente señaló que la persecución también ha sido física. Hace unos días, unas personas en una moto sin placas la siguieron: “sentí que algo no estaba bien, sentí peligro. Observé y me estaban siguiendo. Al ver que se me acercaba gente para ayudarme, se fueron”, relató.

“En los primeros días de las luchas -en julio pasado-, se acercó gente desconocida a vigilarnos. A tomar fotografías a mi casa. He visto que patrullas están controlando mi casa. Ya hemos hecho las denuncias para documentarlo con Udefegua”, afirmó Vicente, quien agregó que “hay una estigmatización racista y quieren minimizar la lucha para bajar la autoestima de este liderazgo de las mujeres”.

“No estoy preocupada porque yo no hice nada, pero sí me preocupa que el sistema opera a favor de los corruptos, pero está en contra de los defensores y activistas, todo para meternos miedo. El mensaje es que nos callemos y todo esto se debe a que la elite se ha enojado por nuestras movilizaciones, pero ya caminamos y no nos podemos regresar”, indicó.

“No tenemos miedo”

La alcaldía sigue trabajando, pero a partir del seguimiento y las denuncias han optado por tener un perfil mediático bajo.

Aun así, aseguró que: “no estamos con miedo, pero nos estamos resguardando por todo lo que está pasando. Ese tipo de señalamientos tienen a personas en la cárcel, porque el sistema está para oprimir a aquellos que luchan en contra de los atropellos que se cometen”.

La alcaldía espera tener más detalles de la denuncia en su contra, en los próximos días. Si las persecuciones continúan, accionará legalmente.