Por Demetrio Cojtí Cuxil

El 2 de octubre de 2023 inició el Paro Nacional, (Maya’ Yakatäjnem), convocado por la articulación de las autoridades indígenas y ancestrales para hacer respetar el voto ciudadano ante el Pacto de Corruptos, que buscaba evitar el acceso al poder Ejecutivo del Movimiento Semilla, partido ganador de las elecciones generales del 2023. 

Dicho paro tuvo dos dimensiones: una de movilización ciudadana en las carreteras que abarcó casi mes y medio (de octubre a noviembre) y llegó a tener alrededor de 150 puntos de resistencia, lo que paralizó el país. Y la otra dimensión paralela que consistió en un plantón ciudadano ante el edificio del Ministerio Público (MP), epicentro del bloqueo al Movimiento Semilla, y, por ende, del bloqueo al voto emitido por la ciudadanía. Esta movilización ciudadana llegó a durar 106 días, pues terminó hasta el 14 de enero, cuando el Movimiento Semilla tomó posesión del gobierno. 

Debido al protagonismo indígena en esta movilización ciudadana, varios líderes de opinión consideraron que el Movimiento Semilla tenía una deuda con los pueblos indígenas, o al menos con la articulación de las autoridades ancestrales. Los indígenas se constituyeron en el punto de partida y columna vertebral de la extensa movilización. 

Hubo entonces alguna expectativa de que, entre los funcionarios del nuevo gobierno que asumieron el 14 de enero pasado, hubiera algunos indígenas designados como funcionarios públicos de alto nivel. Esto así sucedió, pero no en la cuantía en que se esperaba, lo que provocó dudas y decepciones. Sin embargo, era también posible que el equipo de gobierno ya estuviera conformado desde tiempo atrás, y que el mismo partido tuviera compromisos con sus miembros fundadores. 

Ahora, un año después de haber asumido la dirección del Organismo Ejecutivo, se ha podido observar que en el Movimiento Semilla ha realizado la inclusión escalonada, en el nivel de altos funcionarios públicos, de varios activistas indígenas. Esto ha hecho cambiar progresivamente la duda y la decepción inicial, en relativa satisfacción.

En el Ejecutivo hay tres formas predominantes de acceso de indígenas en el nivel de altos funcionarios: por designación o invitación de parte de las autoridades del Ejecutivo como sucede en el nombramiento de ministros y viceministros; por elecciones y propuestas internas a la sociedad civil indígena, como sucede con algunas ventanillas indígenas (CODISRA, la DEMI, el Fondo Indígena para el Desarrollo, etc.) que fueron creadas como entidades bipartitas entre organizaciones indígenas y gobierno; y por partidismo, es decir por ser miembro del partido de gobierno. Debido a la corrupción galopante que hubo en el Ejecutivo en anteriores gobiernos, las entidades bipartitas dejaron de funcionar como tales, y pasaron a funcionar también como entidades partidistas. Nos ocuparemos aquí solo del sector de funcionarios por designación o por invitación.

Con agrado se observa que, progresivamente, ha habido un número creciente de activistas indígenas en el nivel de funcionarios de mediano y alto nivel del Ejecutivo. No se tiene un dato estadístico del número de indígenas contratados hasta ahora, pero sí se pueden mencionar  a algunos de los más conocidos por la opinión pública: Daniel Pascual, dirigente histórico del Comité de Unidad Campesina (CUC) designado como miembro titular del Consejo de Tierras; Angelina Aspuac, dirigente del Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas, designada gobernadora en Sacatepéquez; Santos Alvarado de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho, designado como viceministro de Interculturalidad -que fue creado en los últimos meses de gobierno de Giammattei-; Romelia Mo, educadora y epigrafista, nombrada en el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural; Ixsu’m Antonieta Gonzales, educadora y poetisa designada como directora departamental de educación en Chimaltenango; Elsa Hernández, antropóloga y docente universitaria, designada como gobernadora de Huehuetenango. 

También se debe mencionar a los demás dirigentes de alcaldías indígenas de 48 cantones y de dirigentes de alcaldías indígenas ancestrales que encabezaron el Paro Nacional, como Edgar Tuy, nombrado gobernador de Sololá, y Luis Pacheco, exdirigente de 48 cantones, nombrado viceministro de desarrollo en el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las otras personalidades indígenas operando como funcionarios públicos de alto y mediano nivel no hemos tenido el gusto de conocerlos (as) actuando desde sociedad civil, o han sido menos conocidos por la opinión pública. 

Esta inclusión es un progreso para el orden democrático guatemalteco pues los no indígenas, progresivamente, van a aceptar que los indígenas también son guatemaltecos y que también pueden gobernar como cualquier criollo y ladino. El imaginario racista actual y programado dicta desde el inconsciente que la propiedad del Estado es de los criollos, pero el ejercicio de gobierno es de los ladinos, y los indígenas, si mucho, que gobiernen en sus localidades. 

También es un leve progreso en cuanto a representatividad indígena. La ausencia de indígenas en altos puestos de gobierno envía el mensaje de que solo los ladinos son buenos para gobernar o merecen hacerlo, mientras los indígenas no. También tiene efectos en la autoestima indígena pues cuando ven a alguien que se parece a ellos y se identifica con ellos, y que está en puestos de autoridad, les inspira, y les valida su sentido de pertenencia. Su presencia en y manejo de la cosa pública también tiene efectos en las percepciones y estereotipos pues los gobernantes ladinos influyen en la percepción indígena de la cultura indígena. Si a los gobernados indígenas solo se les trata y gobierna desde la perspectiva y estereotipos ladinos, los indígenas pueden internalizar esos estereotipos y volverse más colonizados o ratificar el colonialismo que ya hayan internalizado. 

Pero también se puede preguntar sobre los efectos de la partida de estos funcionarios indígenas de sus organizaciones o instituciones civiles de origen. No se refiere aquí a los puestos temporales como los de los dirigentes de las alcaldías indígenas ancestrales, quienes fungen para un año solar. Pero para los dirigentes de ONGs u otras formas de organización, es válido preguntarse si formaron o no a directivos suplentes, y si dicha entidad tiene la suficiente fortaleza de subsistir, y hasta de mejorar en su ausencia. De lo contrario, sus entidades de origen pueden resentir su ausencia bajando el desempeño. Y también uno puede preguntarse sobre la relación que guardan o que guardarán con dichas entidades de origen. En general, la experiencia enseña que, si son directivos, es bueno que dejen de ser directivos para que dichas entidades guarden su independencia del gobierno de turno. Pueden guardar la membresía raza, pero no seguir siendo directivos de estos. Si mantienen su puesto directivo en el mismo, pueden tornar a sus entidades de origen en dependencias del gobierno. 

Y luego, es legítimo preguntarse sobre el efecto del Estado y del Movimiento Semilla en dichos funcionarios indígenas pues los puede cooptar. Tradicionalmente, se ha dicho entre las instituciones indígenas que “el Estado es la tumba de los líderes indígenas” ya que, además de neutralizarlos, los puede revertir contra su propio pueblo, y obligarlos a cumplir con decisiones o políticas anti-indígenas. Por el contrario, les puede dejar que manifiesten su identidad públicamente y que introduzcan cambios en la dependencia a su cargo. Además, está el funcionario indígena que voluntariamente renuncia a defender y respetar derechos indígenas, y decide y declara lo que le conviene al gobierno para ser considerado “hombre de partido”. En la historia de los funcionarios indígenas, ya ha habido algún comisionado presidencial que en CODISRA llegó a negar la existencia del racismo en Guatemala para quedar bien con el gobierno y conservar su empleo. 

En cuanto al efecto o incidencia de los indígenas en el gobierno y en el Estado, es útil recordar que el Estado de Guatemala no es “amigo” de los indígenas por su estructura institucional colonial y por el racismo institucional que siempre ha practicado. Por eso el desafío de los funcionarios indígenas es volver “más amigable” el espacio institucional que les toca administrar, aunque sea en algunos milímetros o miligramos. Y luego deben institucionalizar, con la aprobación de sus jefes, esos cambios positivos que han realizado. Aquí se recuerda el cambio simbólico que hizo el partido de la UNE cuando gobernó: hizo ondear la bandera maya detrás de la bandera nacional, durante sus 4 años de gobierno, pero sus personeros no pudieron generar ningún acuerdo legislativo o gubernativo para institucionalizar su uso. Al siguiente gobierno le fue fácil eliminar la bandera maya de los edificios y escenarios públicos. 

Lo ideal es que el mismo Movimiento Semilla, además de realizar la lucha contra la corrupción, impulse alguna agenda indígena, sectorial o general, con el apoyo de los activistas indígenas, ahora funcionarios: en su plan de gobierno hay cláusulas pro-pueblos indígenas, y hay legislación vigente apenas cumplida o incumplida, además de la que pueden generar. Una cosa es incluir activistas indígenas para refuncionalizar el Estado, y mantenerlo intacto, otra cosa es incluirlos para reformar una u otra dimensión de dicho Estado.