Este viernes 23 de octubre se cumplieron 31 días de encierro para Anastasia Mejía, periodista y directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV; y para Petrona Siy, presidenta de la Asociación de Comerciantes Rurales de Joyabaj, Quiché, detenidas en la prisión para mujeres de la cabecera departamental de Quetzaltenango, donde permanecen a la espera de una audiencia de primera declaración.

El pasado 19 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizó una solicitud de medidas cautelares para Anastasia; y Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un espacio que fue otorgado este viernes 23 de octubre, para que el pleno pueda escuchar a otros periodistas, a las autoridades maya k’iche’ y al Concejo de Pueblos K’iche’ (CPK), para que expongan su preocupación por las violaciones en contra de la periodista Anastasia y Petrona.

En la solicitud del 19 de octubre la CIDH también pidió información a Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, sobre la situación de la periodista Mejía Tiriquiz. Específicamente pidió observaciones a la solicitud de medidas cautelares; informar sobre la situación jurídica y procesal de la propuesta beneficiaria; su situación de detención, y el desarrollo del procedimiento penal. También requirió si las autoridades competentes tomaron en cuenta la existencia de la pandemia provocada por el covid-19 a la hora de determinar la situación jurídica y procesal, y si la misma tendría acceso a una posibilidad de revisión y la evolución de las condiciones de detención en este contexto.

Además, informar sobre medidas que el Estado estaría implementando para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de la propuesta beneficiaria en sus condiciones actuales y ante la pandemia por coronavirus.

En la petición que el  directo de la CIJ hizo este viernes a los magistrados de la Cámara Penal de la CSJ, también enumeró varios puntos sobre la criminalización que ha sufrido la periodista Mejía Tiriquiz, y los derechos humanos que fueron violados en en el proceso que Anastasia y Petrona debieron recibir.

Por otro lado, la Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión de la CIDH, hizo un llamado al Estado de Guatemala a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y libertad personal de la periodista y “a garantizar el desarrollo de una investigación judicial que respete el derecho de defensa y demás garantías del debido proceso”.

Los derechos humanos violados en el proceso penal

En la reunión con los magistrados de la CSJ y el CPK realizada este viernes, el abogado Cadena comentó al periodista Julián Ventura sobre la detención de Mejía Tiriquiz y Siy, “partiendo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que establece la libertad de acción y que ninguna persona puede ser detenida o molestada si no comete delito. Petrona no cometió ningún delito, porque ella como autoridad ancestral, como dirigente comunitaria, tiene todo el derecho y la razón de estar en el momento y en un lugar donde hay una situación violenta en contra de un alcalde que se señala de corrupto. En el caso de Anastasia, como periodista comunitaria, tampoco cometió un delito porque ella lo que estaba haciendo es cumpliendo con su trabajo”.

También apuntó que en el caso de las detenidas existieron varias violaciones a los derechos humanos, entre ellas la libertad de expresión, según el artículo 35 de la Constitución. Asimismo, dijo que “ambas tienen todo el derecho de analizar o participar en una determinada situación, de proponer soluciones y de expresarse públicamente si tienen descontento con alguna política implementada por el alcalde de Joyabaj”.

Por otra parte, agregó que ambas están detenidas arbitrariamente, en transgresión de los artículos 6 y 9 de la Constitución. “No hay delito, pero tampoco se les lleva ante un juez competente, y va a ser hasta el 28 de octubre cuando van a recibir la imputación de los hechos. Hay violación al debido proceso en ambos casos, así es que consideramos que ambas detenciones, son arbitrarias y que se les debe dejar en libertad” enfatizó Cadena.

Cadena informó a la revista Ruda que considera que las acusaciones en contra de Anastasia y Petrona “provienen del alcalde de Joyabaj, por los hechos del 24 de agosto en los cuáles ellas no participaron como se les está acusando: de incendio agravado, sedición, y otros delitos; actos que se realizaron para mostrar descontento hacia al alcalde, quien tiene varios casos de corrupción. Considero que todo se origina por ahí”, indicó e hizo énfasis en que ellas estaban cumpliendo con sus labores y por eso fueron criminalizadas.

El abogado espera que la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera sea objetiva, independiente e imparcial, luego que suspendió la audiencia el pasado 8 de octubre debido a que no se pudo establecer una videollamada al centro preventivo de Cantel para escuchar a las acusadas.

“Esperaríamos que la jueza valore objetivamente las pruebas, porque definitivamente ellas no cometieron un delito”, concluyó el abogado Cadena.

Antecedentes sobre el caso penal abierto

La periodista Anastasia Mejía Tiriquiz y la lideresa Petrona Siy son acusadas por sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado.

Las acusaciones se hacen a partir de una manifestación el 24 de agosto en Joyabaj, Quiché, derivada de la nula disponibilidad del alcalde de poder dialogar con algunas y algunos comerciantes que pasaron más de cinco meses sin poder trabajar en la plaza pública debido a que él los retiró de sus puestos al inicio de la pandemia de coronavirus. Anastasia en su calidad de periodista, documentó y transmitió durante 3 horas seguidas lo que sucedía, y al inicio de la que se pensaba sería una reunión, Petrona en su calidad de representante de los comerciantes también llegó a la municipalidad.

La audiencia de primera declaración de Anastasia y Petrona, fue programada por primera vez para el 8 de octubre, 16 días después de su detención. Esta audiencia se vio truncada por la imposibilidad del Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché de hacer enlace de manera digital con la penitenciaría de Cantel.

Aunque la audiencia se reprogramó para el 28 de octubre, de manera sorpresiva, la noche del 14 de octubre, familiares de Anastasia recibieron una llamada de ella informándoles que, al siguiente día, el 15 de octubre, se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración. Sin embargo, la misma no se llevó a cabo porque el juzgado en Quiché no tenía información de la programación de la audiencia para ese día. Hasta el momento, Anastasia y Petrona siguen sin ser escuchadas, se han vulnerado sus derechos humanos, el debido proceso y siguen esperando ser escuchadas el próximo 28 de octubre.