Por: Jovanna García,Gilberto Escobar,Nelton Rivera

La periodista Anastasia Mejía, Petrona Siy y Manuel Hernández, esperaron durante 16 días que la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera llevara a cabo la audiencia de primera declaración luego de ser detenidos el 22 de septiembre, con Anastasia se encuentra encarcelada Petrona Siy de 68 de edad, actual presidenta de la Asociación de comerciantes de Joyabaj. Ambas fueron acusadas por el alcalde municipal Florencio Carrascoza Gámez. El 8 de octubre fueron trasladadas por el Sistema Penitenciario a la Granja Penal Cantél a unos 30 minutos de la penitenciaria de mujeres en Quetzaltenango, la audiencia fue suspendida por que no tuvieron acceso a la sala de videollamadas, la excusa fue: “la sala está ocupada con otra audiencia y no sabemos a qué hora van a terminar”, expresó la jueza en el juzgado de santa Cruz del Quiché.

Anastasia y Petrona tendrán que esperar hasta el 28 de octubre detenidas, sin que la jueza haya ordenado la prisión preventiva, la periodista y Petrona, sencillamente están encarceladas sin que se garantice el debido proceso a la justicia, la audiencia si no vuelve a ocurrir lo mismo en Cantel, se realizará el 28 de octubre, un mes y seis días después de haber sido detenidas por la Policía Nacional Civil -PNC-.

La audiencia que no se realizó

Es durante la audiencia de primera declaración que se le hace saber a una persona detenida la acusación por los delitos que fue detenida, esto lo hace el Ministerio Público -MP- y un juez, en este caso una jueza decide si se cumplen todos los elementos para iniciar un proceso penal o para cerrar la persecución penal, aquí se antepone el derecho a la defensa, presunción de inocencia y el debido proceso. En el caso de la periodista y de la presidenta de los comerciantes esto no se ha garantizado.

A las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, con  30 minutos de retraso la jueza Pérez Cabrera verificó que en la sala de audiencias se encontraran todas las partes procesales, esto significa que estén las personas que fueron detenidas junto a sus abogados, también el Ministerio Público y la parte agraviada, en este caso Carrascoza y sus abogados.

Afuera del juzgado varias organizaciones indígenas y autoridades ancestrales  se reunieron para acompañar a la periodista  y a la comerciante detenidas, en los muros del edificio de justicia fueron pagadas pancartas que demandan “libertad para Anastasia”, "libertad para Petrona", también fueron pegadas fotos de ambas. Se supo que el alcalde de Joyabaj también movilizó a un grupo de personas en su apoyo.

Los ojos de las personas que asistieron estaban prendidos en una televisión moderna, desde la sala se reproducía en es pantalla lo que iba ocurriendo, la jueza dio inicio a la audiencia. Durante dos horas y media, la jueza y los abogados y abogadas discutieron sobre la idoneidad del abogado del alcalde municipal, la jueza suspendió la audiencia porque la sala de videollamadas en la Granja Penal Cantél estaba siendo ocupada por otro proceso penal. En el interior de la sala se escuchaba como afuera una marimba seguía sonando el cuero de las baquetas sobre las teclas de madera, tum, tum, tum. Quienes llegaron a acompañar la audiencia de Anastasia y Petrona tenían la esperanza de verlas en la sala o por lo menos a través de esa pantalla de televisión. La razón de no trasladar a Anastasia y a Petrona al juzgado de Santa Cruz del Quiché, fue por las medidas de prevención de la pandemia, afirmó la jueza.

Mientras tanto la periodista y Petrona esperaron infructuosamente que se les permitiera usar la sala de videollamadas, horas después fue trasladada a la Penitenciaria de mujeres de Quetzaltenango. El señor Manuel Hernández Mejía, maya k'iche' de 78 años de edad, quien no habla castellano, es el tercero de once acusados que fue detenido, él sí estuvo en la audiencia de forma presencial. Andrea Barrios del Colectivo Artesana viajó desde la ciudad capital a la Granja Penal de Cantél para acompañar a Anastasia y Petrona,  ambas estuvieron esposadas una con la otra, Anastasia sonrió a una de las fotos que se le tomaron, iba con un sudadero color café, corte rojo y unos zapatos negros, las dos esperaron sentadas en una banca de concreto pintada de color azul.

El abogado Mario Rojas Monzón intentó que la audiencia se suspendiera, Rojas llegó en representación del alcalde Carrascoza, quien no quiso presentarse a la audiencia. El abogado expresó que el alcalde municipal podría estar infectado con covid-19 y que por esa razón no asistió, aunque dijo que estaba una cuadra de distancia del juzgado, por si la jueza decidía llamarlo. Sobre el contagio el abogado expuso que la prueba fue enviada a la ciudad de Guatemala, por lo que pidió se suspendiera la audiencia hasta que se tuviera los resultados. La jueza le llamó la atención al abogado pues pretendía querellarse como agraviado sin tener un nombramiento legal ya sea del alcalde Carrascoza o de la municipalidad de Joyabaj, finalmente pidió la jueza que Rojas Monzón se retirara de la sala.

Desde el inicio la jueza Susy Pérez Cabrera indicó su intención en dividir las audiencias, de 3 en 3 por la seguridad de todos debido al riesgo de la pandemia. La videollamada no se pudo hacer desde Quetzaltenango, el abogado no se pudo acreditar como querellante y la jueza no escuchó a tres personas que se presentaron de forma voluntaria, citándolos para una próxima fecha. Dos horas después decidió aplazar la audiencia a las 11:30, pero finalmente decidió suspenderla.

Manuel Hernández no sabe porque está preso, apenas conoce algunas palabras en español, pero habla con fluidez su idioma materno, el k'iche'. Hernández camina lento, tiene una mirada cansada, su ropa está sucia y descolorida, los grilletes en las manos no le permiten moverse con facilidad. Las chancletas que utiliza no le tardarán mucho tiempo, sus ojos guardan miedo y a sus 78 años es la primera vez que conoce un juzgado. El abogado de Hernández le menciona con voz firme, “no hable nada, no diga nada".

Anastasia y Petrona tienen complicaciones de salud que las hace vulnerables a la covid-19, sobre todo porque en la penitenciaria en donde permanecen recluidas, hay una sobrepoblación  de 160 mujeres cuando, en un centro con capacidad para 60, según explica su abogada. Los tres enfrentan los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado.

Una manifestación y la acusación contra una periodista

El 24 de agosto se vivió un ambiente tenso en el municipio de Joyabaj, Quiché, pues la población y comerciantes denunciaron que Florencio Carrascoza Gámez, alcalde de la localidad, implementó medidas para la contención por la pandemia, sin tomar en cuenta la realidad de la población que lleva cinco meses sin poder trabajar de forma regular. “Dejar a los pobladores sin poder trabajar es dejarlos morir de hambre”, señalaron los manifestantes, que añadieron que el alcalde toma decisiones de manera unilateral y realiza proyectos fuera del contexto y necesidades desde hace varios años, todo esto según una nota de Julián Ventura en Prensa Comunitaria.

Según relata uno de los vecinos, antes del 24 de agosto, se había programado una reunión que se daría ese mismo día con algunos comerciantes rurales (que en total son aproximadamente 200 personas) y con Petrona Siy. Los comerciantes llegaron y se presentaron a la puerta de la oficina de Carrascoza, exigían que se les dejara realizar sus ventas luego de que él los retirara de la plaza pública desde el inicio de la pandemia, llevando 5 meses sin poder vender y como consecuencia, sin ingresos económicos. Otras personas llegaron, reclamaban los proyectos ofrecidos por la municipalidad que no se habían empezado a ejecutar, por lo que también pedían la renuncia del alcalde.

Cuando los pobladores empezaron a reclamar, Carrascoza “salió huyendo”, narraron los pobladores ese día, según la nota de Julián Ventura. Las personas que llegaron después, incendiaron la puerta de la municipalidad y dos motocicletas de la PNC, pues había agentes en el lugar para controlar la protesta. El vecino de Joyabaj que narra los hechos, explica que el otro grupo no estaba invitado a dicha reunión y su aparición fue repentina y del desconocimiento de los comerciantes.

También Nelton Rivera en una nota para Prensa Comunitaria, explica que, durante un mes, el MP preparó la acusación contra la periodista Anastasia Mejía de 49 años, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, trabajadora social, madre, ajq’ij (guía espiritual maya), y de Petrona Siy Castro de 68 años, presidenta de la Asociación de Comerciantes, defensora de derechos humanos y del territorio, también ajq’ij. La nota de Rivera también explica que Anastasia estuvo ese día transmitiendo lo ocurrido en su función de periodista comunitaria y que incluso, otro periodista de la localidad se acerca a ella en su transmisión, en donde se puede ver a Anastasia con el celular en la mano documentando.

El 22 de septiembre a las 8:40 am, se giró una orden de detención contra la periodista, en la que fueron incluidas cuatro mujeres y cinco hombres más, todos originarios y residentes de Joyabaj. La orden de captura fue emitida por la jueza de primera instancia penal de Quiché Susy Elizabeth Pérez cabrera. La detención de Anastasia Mejía y Petrona Siy fue a las 3:00 pm, ese mismo 22 de septiembre, por los delitos de: sedición, atentado con agravantes específicas, incendio agravado, y robo agravado.

El 20 de enero de este año, la jueza Pérez Cabrera dejó en libertad al ex comisionado militar Juan Alecio Samayoa Cabrera por falta de mérito, el ex soldado fue señalado por el MP de asesinato y violaciones sexuales durante la guerra, según un medio local en esa oportunidad varias mujeres se indignaron en la sala de audiencia por la decisión de la jueza.

El alcalde Carrascoza forma parte de la acusación penal en contra de Anastasia, Petrona y 9 personas más, pretende adherirse formalmente al caso como querellante, en representación de la municipalidad. Uno de los fiscales confirmó que es parte de la denuncia penal.

¿Quién es y por qué la población no quiere a Florencio Carrascoza?

Florencio Carrascoza lleva más de 15 años en el poder local, según el Tribunal Supremo Electoral, -TSE-, de 2004 a 2007 fungió como Primer Concejal, por parte del partido Frente Republicano Guatemalteco –FRG-. Luego, se postuló para alcalde por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-. También una nota de Oswaldo Ical en Ojo Con mi Pisto, explica que se lideró al frente de la municipalidad por segunda vez en 2015, siendo candidato del cancelado partido Libertad Democrática Renovada -LÍDER-, Carrascoza consiguió 11 mil 348 votos, equivalentes al 53.60% de los votos válidos.

A un año de su gestión en ese período, se contabilizaban ya al menos 14 denuncias por corrupción. El 5 de diciembre de 2016, frente el Ministerio Público se presentaron representantes de 20 comunidades y varias personas a denunciar actos de corrupción de Carrascoza. Según una nota de Henry Pocasangre y Claudia Palma, indica que en esa ocasión los ciudadanos de la localidad denunciaban el desfalco de Q20 millones por la compra de 700 estufas, y que había sobrevaloración de obras de infraestructura y programas sociales.

Según el documento del Tribunal Supremo Electoral -TSE- que válida a la nueva administración pública, en 2019 Carrascoza, obtuvo por tercera vez el poder de la municipalidad con 11 mil 075 votos a favor, siendo candidato del partido UNE.

Florencio Carrascoza Gámez, ha acumulado 24 delitos en el MP del 2006 al 2016, entre ellos violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito, malversación, casos especiales de estafa.

Carrascoza en el Organismo Judicial –OJ- ha acumulado siete delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, y tres antejuicios.

En la Contraloría General de Cuentas –CGC- Carrascoza ha cosechado 17 hallazgos del 2013 al 2016, entre ellos varios incumplimientos a la ley de contrataciones del estado por los que ha tenido que pagar Q123 mil 445.56, Algunos de estos hechos fueron denunciados por la periodista Mejía.