Dos años han pasado desde el 21 de noviembre del 2020, día en el que se realizaron diversas manifestaciones sociales en el país en repudio al Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso de la República. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gas lacrimógeno a las manifestantes, utilizó la violencia y detuvo de manera ilegal a 40 personas. Desde entonces, la represión ante la protesta social se ha convertido en una constante.

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Era mi primera marcha, llegué un poco tarde y permanecí frente al Palacio Nacional. Todo parecía normal: la gente cantaba el himno en la Plaza de las Niñas y las personas daban discursos. Nadie sabía lo que sucedía frente al Congreso, hasta que un compañero de la universidad avisó y dijo que necesitaban gente allí. Se sentía la paranoia en los extremos del parque.

Mucha gente se alteró, no querían que se supiera lo que pasaba en el Congreso. Inicialmente eran dos escenarios totalmente diferentes, aunque, más tarde, los gases llegaron tambien a la Plaza de las Niñas. Yo llevaba bicarbonato y vinagre y fui a apoyar a quienes se enfrentaban con la policía. La gente se organizó con botes y agua para apagar las bombas lacrimógenas y usaban pintura para disuadir a la PNC.

Con un grupo de mujeres decidimos alertar a las vendedoras ambulantes de lo que sucedía. Las ayudamos a recoger sus ventas y les dijimos que se movilizaran al parque, donde todo estaba tranquilo. Mientras tanto, llegaron más antimotines. A eso de las tres o cuatro de la tarde, bloquearon la señal telefónica y nos quedamos incomunicadas.

Logramos acorralar a los antimotines, pero llegaron más. Nos rodearon, y lanzaron gas lacrimógeno, pero no lanzaban las bombas para dispersar, sino que apuntaban directo al cuerpo. Recuerdo ver a unas 25 personas tiradas porque ya no podíamos respirar.

Tuve que parar porque había demasiado gas. Llegaron bomberos y más policías. Fue allí cuando lograron dispersarnos y comenzaron las detenciones. Los policías golpeaban a las manifestantes y periodistas. A la altura de las 6 de la tarde, manifestante que miraban, manifestante que agarraban.

Huimos al Paraninfo Universitario. Estaba lleno de gente, muchas personas estaban heridas. Ese día fue muy traumático. Recuerdo que nos gaseaban por todos lados.

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La convocatoria hecha en redes sociales era clara: sábado 21 de noviembre, a las 2 de la tarde en la Plaza de las Niñas. Miles de personas asistieron a manifestar su repudio ante el Presupuesto General de la Nación 2021, el cual fue aprobado por más de tres cuartos de los integrantes del Congreso de la República durante una madrugada. Fue la primera manifestación masiva en contra del gobierno de Alejandro Giammattei y en contexto de la covid-19.

Al igual que en la Ciudad de Guatemala, la convocatoria se realizó en otros territorios, como en Xela, Quetzaltenango. Pero, en ninguno de los casos, la reacción del gobierno fue la usual.

La violencia de la PNC

Algunos manifestantes se reunieron frente al Congreso de la República. Gendri Reyes, exministro de gobernación, afirmó en una citación ante diputados y diputadas de oposición, que ese día, 600 elementos policiales habían sido movilizados para la protección de este recinto. Sin embargo, fue hasta que una de sus ventanas estaba en llamas que existió respuesta por parte de la policía.

La PNC lanzó gases lacrimógenos, inicialmente, a las y los manifestantes que se encontraban condensados en otros puntos fuera de la Plaza de las Niñas. Más tarde, lo hicieron también en este lugar, sin importar la presencia de menores y personas de la tercera edad. Dos de ellos impactaron en los rostros de Kenneth López y Carlos González, quienes perdieron uno de sus ojos como resultado. Según reportó la policía, lanzaron un total de 388 bombas lacrimógenas TL1, utilizaron 15 bombas CTS y 88 cartuchos de propulsión.

Entre golpes, la policía detuvo a 40 personas en la ciudad capital de manera ilegal. De ellos, 34 recuperaron su libertad antes del 24 de noviembre por falta de mérito. En Quetzaltenango fueron detenidas otras 6 por el delito de desorden público. Durante sus audiencias, se relató cómo la policía utilizó gas pimienta y descargas eléctricas para detenerles.

Las identificaciones de los medios de comunicación fueron ignoradas por la PNC. Tres periodistas fueron violentados por las fuerzas armadas mientras documentaban sus acciones. Uno de ellos fue Carlos Sebastián, quien recibió un golpe en la cabeza, mientras rompían su cámara fotográfica. Se les exigió también que entregaran el material que habían grabado.

Para las habitantes de la ciudad, lo sucedido durante esta jornada fue algo complicado de entender y asumir, especialmente con los antecedentes de las manifestaciones pacíficas de 2015. “Ese día, mientras lanzaban los gases lacrimógenos lo que más vi fueron caras de incredulidad. siempre sentimos que era casi imposible que este tipo de eventos sucedieran en pleno Centro Histórico. Nuestra generación, a nivel urbano, vivió esto casi por primera vez y en un espacio que casi siempre fue seguro para la movilización ciudadana”, explicó la socióloga Dinora Centes.

El uso legítimo de la fuerza

Existen protocolos internacionales que regulan el uso de la fuerza física por parte de las fuerzas armadas. A nivel nacional, la PNC posee uno para la disolución de masas. Establece que “la utilización de la fuerza y de medios disuasorios no letales se hará únicamente después de haberse agotados todas las instancias de carácter legal humanitario y social”. Solo será utilizada cuando los otros procedimientos han sido insuficientes para restablecer el orden.

Según estos estándares, el uso de la fuerza pública debe ser proporcional a las “amenazas”. Pero, según Dinora Centes, esto no sucedió durante esa jornada. “Cuando de ciudadanía se trata nunca lo ha sucedido realmente. Tenemos el ejemplo de las movilizaciones de mujeres, de comunidades y del movimiento estudiantil, cuando salimos a las calles, ¿qué nos espera? Antimotines por todas partes” señaló.

El protocolo también establece, como primera fase, el establecimiento de un diálogo con las personas manifestantes. Deben advertir dos veces previo al uso de la fuerza pública, sin embargo, esto no ocurrió el 21 de noviembre de 2020.

“Venimos de dos gobiernos civiles que han sido extremadamente represivos con la población. Esto sucede porque todavía arrastramos esa creencia de que ejercer poder está ligado con la violencia, la represión y como sucede con Giammattei, las acciones dictatoriales”, explicó la socióloga.

Los procesos sin resolver

Las bancadas de oposición del Congreso citaron a Gendri Reyes y al entonces director de la PNC, José Tzubán, a una citación para explicar el actuar de la PNC durante la jornada del 21 de noviembre. Ambos se negaron a aceptar si habían girado órdenes concretas en contra de civiles. Es decir, que no asumieron la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza en contra de la población ese día.

Gendri Reyes catalogó las acciones de la ciudadanía durante esa jornada como “actos terroristas”. Se negó a compartir el contenido de las llamadas que realizó al presidente Alejandro Giammattei durante la jornada. Por su parte, José Tzubán señaló que posiblemente existió un “problema de mandos medios”. Afirmó haber ordenado inspectorías para que se verificara el actuar de la policía ese día.

Carlos González y Kenneth López presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la pérdida de su ojo izquierdo. Sin embargo, desde julio del 2021 no han obtenido respuesta por parte de esta institución. Ambos recibieron cirugías, terapia física y una prótesis donada, en el primer caso, y a bajo precio, en el segundo, por médicos particulares. El Estado tampoco se responsabilizó por estos hechos.

La criminalización

Casi un año después de los acontecimientos del 21 de noviembre del 2020, el 17 de noviembre del 2021, el Estado detuvo a Nanci Sinto, Dulce Archila y Francisco Monroy por el delito de depredación de bienes culturales, por pintas en el edificio del Congreso de la República que supuestamente habían realizado. En junio, la jueza Wendy Coloma decidió cerrar el caso debido a que los medios presentados por el MP no eran suficientes para fundamentar lo que se le acusaba. Sin embargo, la persecución no se ha detenido.

Nanci Sinto y Dulce Archila fueron citadas a Torre de Tribunales nuevamente el 9 de septiembre. Después de que la audiencia fuera suspendida por falta de espacio, la defensa técnica de Sinto señaló que, al revisar el expediente del proceso, se enteraron de que el MP, junto al Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación habían interpuesto una recusación contra la jueza Wendy Coloma. Esto bajo el argumento de que había emitido una opinión al plantear la necesidad de separar los casos de Nanci, Dulce y Francisco.

La Sala Tercera ordenó que el juicio se abriera de nuevo. En la audiencia realizada el 12 de septiembre, el abogado de Nanci Sinto, Esteban Celada, señaló que presentaron un recurso de casación en la Cámara Penal en contra de esta resolución. El proceso permanecerá en pausa hasta que el recurso se resuelva.

Según Dinora Centes, el caso de Nanci y Dulce envía un mensaje claro a la población: la organización social se paga con cárcel o con la vida. “Al mismo tiempo, se sigue persiguiendo y encarcelando a lideresas comunitarias. Los ataques nos llegan de todas partes. Es interesante cómo a medida que el Estado desatiende funciones vitales (como la salud, educación, vivienda y seguridad democrática), incrementa su capacidad de represión”.

El desarrollo de la violencia

Desde los acontecimientos de noviembre del 2020, el régimen de Alejandro Giammattei se ha esforzado por fortalecer a las fuerzas armadas. En el 2022, según una investigación realizada por Plaza Pública, la PNC gastó 1.3 millones de quetzales en equipo para su unidad antidisturbios. Compraron trajes, cascos y batones bajo el argumento de que “los estados de prevención habían aumentado”.

Pero financiar las fuerzas armadas no es la única manera de garantizar su actuar violento. Es necesario también darle legalidad. Por ello, un conjunto de diputados del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) presentó la Iniciativa de Ley 6076: Ley de Fortalecimiento de Guatemala de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ejército en junio del 2022.

La iniciativa brinda a la PNC la capacidad de hacer uso de la fuerza para resguardar el orden público o la protección de intereses públicos y privados, sin embargo, no establece bajo qué términos o en qué circunstancias. Busca también que, al momento de que las y los agentes sean acusados por algún delito cometido durante estas acciones, se les brinden ciertas garantías como asesoría jurídica gratuita.

Por medio de esta iniciativa, los diputados buscaban legalizar la represión ante la protesta social. Diversos colectivos, organizaciones sociales, y autoridades ancestrales se pronunciaron en contra. El 23 de agosto, la Junta Directiva del Congreso de la República decidió engavetar la propuesta.

Pero, aunque esta iniciativa haya sido archivada, las acciones violentas de la PNC continúan. El 14 de mayo, mientras se concretaba el fraude electoral que impuso a Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), policías rodearon el Parque de la Industria, donde se llevaban a cabo. Allí, rociaron a las manifestantes, en su mayoría estudiantes, egresadas y docentes universitarias, de gases lacrimógenos.

Semanas más tarde, el 21 de junio, un grupo de estudiantes universitarios manifestaban en contra de las elecciones para magistrado de la Corte de Constitucionalidad que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac llevaba a cabo dentro del Hotel Tikal Futura. Decenas de agentes de la PNC acudieron a intentar disolver la manifestación y capturar a quienes participaron. Golpearon estudiantes y periodistas y les lanzaron gases lacrimógenos.

Según una de las estudiantes que participó, la intención de violentar era evidente. “Los gases lacrimógenos no fueron usados para dispersar (como debería hacerse), eran apuntados directamente al cuerpo de las y los estudiantes. Sentimos mucho miedo, en especial porque no había policías mujeres”, expresó.

La violencia por parte de la PNC no es solo una constante a nivel metropolitano. Comunidades como El Estor en Izabal han resistido por años ante la violencia, represión y criminalización a la que se les somete por defender los recursos naturales. No obstante, el uso de la fuerza pública durante este gobierno ha sido selectivo. “Han venido militares a quemar parqueos y carros frente al Congreso, pero eso no pareciera ser lo suficientemente grave como para que la PNC intervenga. En cambio, estudiantes y comunidades manifestando en las calles de la ciudad sí amerita la presencia de antimotines.”, señaló Dinora Centes.

El autoritarismo de Giammattei

Dinora Centes cataloga el comportamiento de la respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei ante la protesta social como “trágica y devastadora” por su nulo interés por dialogar con la sociedad civil. “La gente sale a las calles porque se cansó de una situación, porque no tiene otros medios para hacerse escuchar o porque sabe que, históricamente, la protesta social ha sido efectiva para dar respuesta a sus necesidades. Pero Giammattei pareciera no conciliar la idea de que una ciudadanía activa e informada puede aportar muchísimo a la democracia de un país”.

Desde ese 21 de noviembre del 2020, mucho ha cambiado. Algunos y algunas operadores de justicia ahora se encuentran encarcelados o en el exilio, mientras instituciones, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, se han perdido en manos del pacto de corruptos. “¿Quién no tiene miedo de salir a manifestar? En un país donde una mujer exigiendo sus derechos en una manifestación tiene más probabilidades de terminar perseguida legalmente que un femicida”, cuestionó Centés.

Ante esto, el panorama es poco alentador. “Del gobierno no podemos esperar nada más que violencia y represión. Alejandro Giammattei tuvo 20 años para prepararse (para gobernar) y decidió tomar el camino de la violencia como mecanismo principal. Si no cambió o reflexionó en 20 años, no lo hará en lo que resta de su gobierno y el panorama que tenemos para las y los candidatos a la presidencia tampoco es el más esperanzador”, explicó la socióloga.

En el contexto actual y a pocos meses de las elecciones generales de 2023, hay mucho en juego. “Podemos creer que, debido a que tienen el sistema completamente cooptado ya no hay salidas; pero las elecciones del próximo año son determinantes para el futuro del país y eso seguramente ocasionará más represión hacia la población en general”. Según las estimaciones de la socióloga, es muy probable que la violencia contra la ciudadanía incremente.

Centes señaló que las ciudadanas viven sumidas en un estado constante de terror. “Es necesario voltear a ver un poco cómo anda nuestra salud mental colectiva porque vivir con miedo no es algo normal y no basta “aguantarse” ya que en algún punto terminaremos colapsando como sociedad civil organizada, como colectivas o colectivos”, finalizó.