La reparación digna, integral y transformadora es un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, según el Ministerio Público (MP). Responde a las necesidades de las personas afectadas y establece responsabilidades para el Estado. Busca, además, “transformar las relaciones desiguales de poder”.

El daño

El tribunal reconoció a la familia de Luz María como víctimas colaterales de su femicidio: a Ada Morales, su mamá; Byron López, su papá; René López, su hermano y su hija. En conjunto solicitaron ciertas medidas restaurativas a través de su abogado. Para ello, se presentó un informe social con fines penales realizado por una trabajadora social del Instituto de la Víctima.

La familia de Luz María fue obligada a incurrir en diversos gastos después del femicidio. Fueron responsables de costear también la alimentación y el transporte que les permitiría asistir a las más de 25 audiencias que se realizaron en el juzgado. Ada y Byron, además, son quienes ahora se encargan de la crianza de su nieta.

Por estos motivos, el tribunal resolvió brindar una compensación económica a la familia. “Pero ninguna cantidad de dinero les devolverá a su hija”, expresó el juez vocal Héctor Rosales, encargado de exponer la resolución.

Ada y Byron solicitaron también que se continúe con la terapia psicológica que, hasta el momento, la hija de Luz María ha recibido. El tribunal aceptó esta solicitud y ordenó al Instituto de la Víctima realizar una revisión del estado psicológico de la niña para posteriormente continuar con el proceso de atención.

También se solicitó una beca para garantizar los estudios de la hija de Luz María. Ada y Byron pidieron la patria potestad de la niña y que se le pudiera tramitar documentos de identificación. Sin embargo, estas solicitudes fueron rechazadas debido a que el tribunal señaló que le competen a otras instituciones, como al Juzgado de Niñez y Adolescencia.

El esfuerzo institucional

La familia de Luz María también realizó solicitudes como medidas de “no repetición”. Pidieron que el MP realice campañas informativas sobre las rutas de denuncia de hechos de violencia contra la mujer. De esta manera, pretenden que se contribuya a la construcción de una cultura de denuncia en el país.

Ada Morales también solicitó que el MP realice una segunda campaña informativa. Esta vez, dirigida a las colaboradoras de la institución para que, al momento de denunciar hechos de violencia contra la mujer, no se sientan juzgadas ni sean revictimizadas. “Es necesario que sepamos cómo actuar al vivir lo que estamos viviendo. Me gustaría hacer esto en nombre de mi hija, para que esto no se vuelva a repetir”, explicó.

Sin embargo, el tribunal señaló que estas campañas ya han sido creadas. “Lo que toca es verificar su cumplimiento”, explicó el juez.

La conmemoración

La familia de Luz María solicitó el permiso para colocar una plaqueta en conmemoración a Luz María en el lugar donde su cuerpo fue encontrado, al final de la avenida Simeón Cañas, zona 2 de la ciudad capital. También pidieron permiso para realizar un acto conmemorativo el día 22 de enero del 2023. El tribunal resolvió aceptar ambas solicitudes y estableció que el Instituto de la Víctima será el encargado de coordinar con la Municipalidad de Guatemala la realización de estas acciones.

También solicitaron el cambio de nombre de la avenida Simeón Cañas, a “Avenida de la Luz”. Pero la solicitud no fue concedida debido a que el tribunal señaló que se debía realizar un estudio previo.

“La violencia contra las mujeres es una cultura”, explicó el juez Rosales. Por este motivo, el tribunal dictó también que se iniciara un proceso de terapia psicológica para Jorge Zea con el fin de que atraviese un proceso de sensibilización y aprenda sobre el respeto a los derechos de las mujeres.

La resolución del tribunal y de la sentencia será entregada a la familia el 18 de octubre a las 15:00.